En el municipio de Totoró, al oriente del Cauca, se realizó el taller una mirada crítica al patrimonio audiovisual indígena orientado a reflexionar sobre el valor de la imagen, la palabra y la memoria en los territorios indígenas. El encuentro fue guiado por Yuli Guanga, directora y dinamizadora con experiencia en procesos de comunicación comunitaria y audiovisual en pueblos originarios, particularmente en el contexto de la serie audiovisual Autonomías Territoriales.

El taller reunió a diversas voces desde las experiencias audiovisuales tanto colectivos como independientes, hasta comunicadores indígenas en ejercicio, con el objetivo de dialogar sobre el rol de los archivos, los relatos visuales y la construcción de memoria desde los territorios. En articulación con la Red AMCIC (Asociación de Medios de Comunicación Indígenas de Colombia), el espacio buscó abrir un pensamiento crítico en torno a cómo se narran las realidades indígenas, desde qué lugar se hace y para quiénes.

Durante la jornada, una de las preocupaciones en la reflexión fue la pérdida de la oralidad, la desconexión del territorio y la necesidad de resguardar los registros audiovisuales como parte esencial del patrimonio vivo de los pueblos indígenas.

Para los pueblos indígenas como los Nasas, la oralidad ha sido históricamente el principal vehículo de transmisión de saberes, leyes de origen y procesos políticos. No se trata solo de contar historias, se trata de hablar en comunidad, alrededor del fuego, es una forma de mantener viva la memoria, de conectar generaciones y de cuidar el territorio. Sin embargo, el desplazamiento forzado y el conflicto armado han interrumpido esa continuidad.

Durante el taller, se señaló que “sin territorio ya no se cuentan las mismas historias”, cuando la comunidad es arrancada de su entorno, se pierde la posibilidad de señalar el pedazo de tierra donde ocurrió un hecho, el árbol bajo el cual se reunió la asamblea o la casa de la partera que sabía curar. La palabra, entonces, se debilita, pierde sus referentes físicos, espirituales y de liderazgo. “Ya no hay testigos que confirmen, ni quien pueda replicar en las noches”, se escuchó en la tulpa.

Eliana Guetio, una de las participantes, recordó cómo las historias que le contaban sus abuelos estaban ancladas a lugares concretos, a personas vivas, a casas con nombre propio. “Cuando se abandona el territorio, se abandona también esa forma de narrar”, dijo. Esa desconexión física es también una ruptura simbólica: al separarse del territorio, se interrumpe el flujo de la memoria colectiva.

No se trata únicamente de una pérdida cultural, hay una afectación profunda al tejido comunitario. La oralidad, al estar tan ligada al entorno, al territorio que nos pertenece, no puede sostenerse si se fragmenta la relación con la tierra. En ese sentido, el archivo audiovisual cuando se produce desde adentro y con criterios comunitarios puede convertirse en una herramienta para resistir el olvido.

Por eso, en las discusiones del taller, no se hablaba solo de “guardar” archivos, sino de alimentarlos, cuidarlos, devolverlos al territorio. La memoria no es un objeto que se conserva en una estantería: es un proceso vivo que se cuida colectivamente, como se cuida una chagra o una semilla. En palabras de un participante, “la desterritorialización nos ha mutilado la narrativa”.

Uno de los debates más profundos que surgió en el taller tuvo que ver con el concepto mismo de “patrimonio”. La discusión partió del borrador inicial de la Política Pública de Gestión del Patrimonio Audiovisual de los Pueblos Indígenas, un documento en construcción que, si bien representa una oportunidad, también plantea múltiples alertas desde los territorios. La inquietud central fue clara: ¿para quién es esa política?, ¿responde realmente a nuestras necesidades o es un discurso más desde afuera?

En la conversación se cuestionó la distancia entre el concepto de patrimonio que manejan las instituciones ligado a leyes, derechos individuales, economías creativas y lógicas de archivo occidental y la forma en que los pueblos indígenas conciben la memoria como un tejido colectivo, vivo, espiritual y profundamente territorial. “El problema es que están convirtiendo los saberes en industria”, se manifestó.

Además, se mencionaron casos concretos en los que obras audiovisuales realizadas en los territorios por externos como Martha Rodríguez han sido almacenadas fuera del alcance de las comunidades, alimentando imaginarios exotizantes. El concepto de repatriación apareció con fuerza: ¿cómo devolver esas imágenes a quienes pertenecen? ¿Cómo evitar que los archivos terminen en manos privadas o museos que los muestran sin permiso?

La experiencia de comunidades como los Misak o los pueblos del CRIC muestra que sí existen procesos de resguardo, a veces llamados casas de memoria, archivos históricos o centros de documentación. Allí no solo se conservan documentos, grabaciones y fotografías, sino que se teje una visión propia sobre ¿qué es? y ¿cómo se cuida el patrimonio? Sin embargo, estos espacios enfrentan desafíos técnicos, políticos y sobre todo económicos, desde la falta de sistematización hasta la presión externa para compartir sus fondos sin claridad sobre su uso.

Uno de los llamados más fuertes fue el de entender que el cuidado de la memoria no puede depender solo de convocatorias institucionales. Se habló del peligro de los términos jurídicos, como las producciones “por encargo” del Ministerio, donde los derechos terminan en manos del Estado. Y también se denunció cómo los marcos legales actuales no reconocen los derechos colectivos: si un colectivo quiere registrar una obra, debe hacerlo a nombre de una sola persona, lo que rompe con la noción comunitaria del conocimiento.

En este contexto, la comunicación indígena no puede pensarse solo como un ejercicio técnico o creativo, sino como un espacio político de defensa del saber y el territorio, como se expresó “la expropiación no solo es física, también es simbólica. Se quieren quedar con lo que queda de nuestra sabiduría”.

Las voces recogidas durante el encuentro en Totoró dejaron ver una preocupación compartida por el riesgo de que el patrimonio audiovisual de los pueblos indígenas se convierta en un instrumento de despojo cultural disfrazado de política pública. A pesar de que el documento en discusión propone una “Política de Gestión del Patrimonio Audiovisual de los Pueblos Indígenas”, muchas y muchos participantes cuestionaron su orientación, lenguaje y enfoque.

Una dinamizadora de la comunidad expresó, “no puede ser otro documento bonito para mostrar afuera; debe responder a nuestras realidades y necesidades”. Este llamado reveló una tensión central, en la distancia entre los marcos institucionales y las formas propias de entender, cuidar y compartir la memoria en los territorios.

Así mismo se, se compartió una inquietud colectiva sobre el acceso y manejo de los centros de documentación, ¿qué se difunde, ¿qué se protege? ¿a quién se entrega la información? Y ¿Cuáles son los criterios? Surgió la necesidad de ejercer una malicia indígena digital para cuidar los archivos que contienen décadas de lucha, organización y sabiduría.

El paso por Totoró dejó más que ideas, dejó preguntas urgentes, desafíos colectivos y certezas tejidas desde la palabra compartida. Este espacio, más allá de ser un taller, fue una oportunidad para desmontar nociones impuestas sobre el patrimonio y la memoria, y para reafirmar que los pueblos indígenas no son objetos de archivo, sino sujetos que narran, resguardan y transforman sus historias desde sus propias formas.

El patrimonio audiovisual indígena no puede reducirse a un conjunto de documentos almacenados ni a una política redactada sin consulta. Su esencia está en la vida misma: en las voces de los mayores, en los procesos comunitarios, en la imagen que camina el territorio. No se trata de guardar por guardar, sino de proteger lo que da sentido a la existencia colectiva, desde una mirada que articula espiritualidad, oralidad, territorio y lucha.

El aprendizaje crítico que queda es que debemos leer con atención cada política, cada convocatoria, cada palabra, porque el riesgo de que los saberes se conviertan en mercancía es real. Pero también queda la convicción de que existen formas organizativas, archivos vivos y redes de cuidado que resisten a la lógica extractiva.

En medio de estas tensiones, Autonomías Territoriales se reafirma como un espacio de comunicación con sentid, un puente entre generaciones, entre territorios, entre luchas pasadas y futuras. La esperanza está en que cada cámara, cada grabación, cada historia contada desde adentro, siga nutriendo una memoria viva que no se deja encerrar.

Porque, como se dijo en el taller, «la expropiación ya no es solo del territorio físico, también es del pensamiento, de la imagen, del relato.» Y ahí es donde el ejercicio de comunicar deja de ser solo técnica y se vuelve defensa, dignidad y creación de futuro.

El taller dinamizado por Yuli Guanga abrió un camino necesario hacia la soberanía narrativa, pues permitió sembrar reflexiones vivas sobre el cuidado de la memoria y dejó, entre las voces participantes, una semilla de esperanza para seguir contando nuestras historias desde adentro y con dignidad.

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Íbamos bajando por el camino de tierra, después de la reunión larga, de esas que cansan más la cabeza que el cuerpo. El sol ya no pegaba duro y el viento traía ese olor a monte húmedo que a uno le acomoda el pensamiento. Caminábamos varios, sin apuro, como cuando ya no hay que correrle a nada. Fue ahí, entre el silencio y el paso lento, que uno de los mayores dijo algo bajito, casi como hablándose a sí mismo: “Eso de salvaguardar… mmm… a mí no me suena. La palabra no se guarda, la palabra se cuida caminándola”.

Nadie respondió de una. A veces la palabra del mayor cae así, sin buscar aplauso, sin buscar debate inmediato; se queda flotando. Yo la recogí como pude, la guardé —o más bien la dejé caminar por dentro— y desde entonces no me ha soltado.

Porque eso es lo que nos viene pasando como organización, como pueblos, como procesos: estamos tratando de nombrar algo que no entra fácil en las palabras que nos prestaron desde afuera: salvaguarda, propiedad intelectual, patrimonio, protección industrial. Nadie se sentó un día a decir: “hagamos una política de salvaguarda”. Eso empezó porque empezaron a llegar más y más personas a los territorios a preguntar, a grabar, a escribir, a tomar fotos, a pedir entrevistas.

Universidades, instituciones, ONG, estudiantes con tesis, investigadores con proyectos bien formulados llegaban con buena palabra, a veces con buena intención, otras veces no tanto. Pero casi siempre se iban con algo, y ese algo salía del territorio, se iba lejos y regresaba convertido en libro, en artículo, en informe, en patente, en marca; con nombre propio, con logos, con derechos reservados. Y ahí fue cuando empezó la incomodidad.

Las comunidades empezaron a preguntar: 

¿Y eso que contamos, de quién es ahora? ¿Del mayor que habló? ¿Del territorio que sostuvo esa palabra? ¿O del que escribió el documento?

No es que antes no pasara; pasaba. Pero ahora pasa más rápido, más visible, más descarado a veces. Y también ahora tenemos más jóvenes estudiando, más comunicadores, más procesos propios que investigan. Ya no es solo el de afuera el que investiga, también somos nosotros mismos, y ahí la pregunta se vuelve más dura todavía.

En más de una comunidad escuché lo mismo: “mejor no contar”. Y eso duele, porque nuestra palabra nació para compartirse, para circular, para enseñarse. Pero también entendemos el miedo: el miedo a que lo nuestro termine sirviendo para enriquecer a otros, mientras acá seguimos luchando por lo básico. En una minga alguien lo dijo sin pelos en la lengua: “ya nos cansamos de que nos estudien”. Y no era rechazo al conocimiento, era cansancio del despojo.

Cabe resaltar que en la organización ya veníamos caminando cosas: en comunicaciones, con los programas radiales, videos y notas escritas; en educación, con el PEBI, con los CRISSAC, con los procesos de investigación propia. Ahí se ha avanzado bastante. Ya no se investiga solo para cumplir un requisito; se investiga para fortalecer el plan de vida, la lengua, la historia.

Pero cuando esos trabajos salen del territorio y entran al mundo académico, aparece el choque, porque el derecho ordinario no entiende lo colectivo como lo entendemos nosotros. Necesita nombres propios, autores definidos, dueños claros.

Ahí fue cuando empezamos a hablar, tímidamente al principio, de cuidado de saberes y conocimientos. No como un concepto bonito, sino como una necesidad y también como un problema grande, porque no sabíamos por dónde empezar. No había una ruta clara, no había un documento que dijera: paso uno, paso dos. Y tal vez eso es lo mejor que nos pudo pasar, porque nos obligó a escuchar.

En las primeras conversas con los mayores y mayoras, nosotros llegamos hablando de investigación, de documentos, de universidades. Los mayores nos escucharon con paciencia. Después, uno de ellos dijo: “Ustedes están mirando solo un camino. Hay dos”.

El primero es el camino hacia adentro. Conocer cómo cuidamos lo nuestro sin escribirlo. Cómo protegemos la sabiduría viviéndola. Cómo se enseña en la casa, en la tulpa, en el trau, en el tul, en el recorrido por la montaña. Cómo se cuida la laguna sin nombrarla patrimonio. Cómo se respeta el páramo sin hacerle inventario.

Ese camino no pasa por la oficina ni por el archivo; pasa por el cuerpo, por la práctica, por la espiritualidad. Ahí el conocimiento no se separa del territorio y nadie pregunta de quién es la palabra, porque la palabra es de todos y de nadie al mismo tiempo.

El segundo camino es hacia afuera. Y ese sí nos cuesta más, porque es el camino donde hay contratos, leyes, decretos, derechos de autor, patentes, marcas, universidades, Estado. Es el camino donde, si no ponemos reglas, otros las ponen por nosotros. Ahí los mayores fueron claros: “no todo se puede contar, no todo se puede escribir, no todo se puede compartir”. Pero tampoco dijeron “no se comparte nada”. Dijeron: “hay que saber qué, cómo, con quién y para qué”.

En Tierradentro, un mayor lo dijo con rabia tranquila: “¿por qué nos llaman centro arqueológico?, ¿acaso somos huecos?”. Esa frase retumbó fuerte, porque ahí se ve claro cómo el lenguaje de afuera nos pone en el pasado, nos congela, nos vuelve objeto de estudio, y nosotros no estamos enterrados: estamos vivos.

Cuando nos dicen patrimonio arqueológico, están diciendo que eso ya no nos pertenece del todo; que ahora es del Estado, que ahora se cuida desde una oficina, que ahora se regula desde un código. Y ahí la palabra duele, porque no nombra lo que somos. Por eso los mayores insistieron tanto en conceptualizar desde la lengua propia. No es un capricho, es una necesidad política, espiritual y comunicativa. Nombrar desde lo nuestro cambia el camino.

Desde comunicación también nos hemos tenido que mirar hacia adentro, porque no basta con decir que somos comunicadores indígenas. Debemos reconocer que las fotos, audios, video y textos que producimos también son conocimiento; también pueden ser usados sin permiso; también pueden circular sin contexto. La tecnología nos ayuda, sí, pero también nos expone. Y ahí no sirve el miedo, pero tampoco la ingenuidad. No se trata de esconderlo todo; se trata de decidir colectivamente.

Por otra parte, es necesario mencionar que a veces los sistemas no se encuentran, a veces cada uno avanza por su lado: educación por un lado, salud por otro, comunicaciones por otro, economías propias por otro. Las comunidades nos han dicho claro: “no nos vengan con el mismo tema cinco veces”, y tienen razón. Por eso la idea de construir una ruta común es una necesidad política. Un documento base que no sea una camisa de fuerza, sino una orientación.

Desde el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural (SISPI) se ha avanzado en el reconocimiento de la sabiduría ancestral. Ya no solo se la considera como un complemento, sino como un pilar. Que los sabedores no son invitados ocasionales, son orientadores. Por esta razón, se dio la creación del Consejo de Sabedores Ancestrales, el cual nació de caminar los territorios, de sentarse en las casas, de escuchar cómo quieren ser cuidados y cómo quieren ser reconocidos.

Tristemente, hay mayores que no quieren que su palabra quede escrita, y hay que respetarlo. Pero también hay procesos que sienten la urgencia de dejar memoria, porque los mayores se están yendo, porque la violencia arrasa, porque el olvido también mata. Ahí no hay una regla única; hay decisiones situadas. Por eso una política de cuidado no puede ser un manual cerrado: tiene que ser una conversación permanente.

Es por eso que cada vez que en las mingas alguien hablaba desde su lengua, la conversa cambiaba. Las palabras no entraban en cajones fáciles. Había silencios, había risas, había discusión. Pero ahí se sentía algo distinto: la palabra no venía traducida; venía viva. Y eso nos mostró que muchas de las confusiones vienen de pensar todo en castellano, de usar palabras que no nos pertenecen del todo.

Sin embargo, no basta con criticar; hay que conocer cómo piensa el mundo de afuera, qué dice la ley, qué permiten los tratados, qué vacíos existen. No para someternos, sino para movernos con cuidado. A veces usar el derecho ordinario a favor. A veces decir no. Eso también es política.

No tenemos todo resuelto, no lo vamos a tener pronto, y tal vez eso está bien. Lo importante es no dejar de conversar, no dejar que otros nombren por nosotros, no dejar que la prisa nos haga traicionar el cuidado. A veces pienso en esa frase del mayor, la del camino: la palabra no se guarda. Y me imagino la palabra caminando por el territorio, cruzando ríos, entrando en casas, saliendo en forma de canto, de consejo, de silencio. Y me pregunto, sin responderme del todo:
¿estamos caminando la palabra… o estamos tratando de encerrarla?

La pregunta queda ahí, como cuando se termina la reunión y nadie se para de inmediato, como cuando el fogón se está apagando, pero todavía calienta.

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