‘Defender los derechos humanos en México: La normalización de la represión política’, es el más reciente informe donde se visibiliza los riesgos, amenazas y asesinatos que padecen las defensoras y defensores de derechos humanos, gracias al fortalecimiento de una política de represión por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que ha generado que por día se registren cerca de 3 agresiones contra defensores de derechos humanos en ese país.
“El gobierno actual focalizó la violencia política hacia los colectivos, organizaciones sociales, populares y hacia los defensores de derechos humanos”, dice Alejandro Cerezo, explicando el por qué del nombre del informe, donde se registran cerca de 1000 casos de violaciones a los derechos humanos de los defensores tales como: hostigamiento, vigilancia y persecución, amenazas, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detención arbitrarias, prisión política y tortura, durante 12 meses.
El Estado de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y la capital del distrito Federal son los lugares donde los índices de violencia en contra de defensores de derechos humanos son mayores, debido a los altos niveles de impunidad que en México representan el 96% de los casos.
Luis Raúl González, vocero de la Comisión Nacional de los Derechos Humano, CNDH, había asegurado hace algunos meses que “el incremento se debe a los altos índices de impunidad registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la omisión de los tres niveles de gobierno de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos”.
De acuerdo con Cerezo, esta situación se da porque en lugar de haber una política pública integral de protección a los líderes sociales, la política del gobierno de Peña Nieto es la represión, explica el integrante del Comité Cerezo. “La permisión y la firma de contratos entre el Estado mexicano y las empresas es lo que sigue permitiendo las violaciones a los defensores de derechos humanos “.
En ese sentido, la CNDH ha recomendado al gobierno que la Procuraduría General de la República, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, los gobernadores, comisionado Nacional de Seguridad y los fiscales Generales de Justicia, atiendan integralmente toda intimidación, agresión y afectación de cualquier tipo que atente contra la labor de defensa de los derechos humanos.
Tomado de: contagioradio.com
