COMUNICADO PÚBLICO A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Las (139) Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC – NACIONAL pertenecientes a 11 Pueblos: Ampiuille, Polindara, Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroéz, Embera, Kokonuco, Kisgo e Inga de manera conjunta celebra la voluntad del Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica de Colombia, Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego. La reanudación de los diálogos con la guerrilla del ELN citado en Caracas (Venezuela), es un acto simbólico inmerso en el ámbito político, social, territorial y jurídico que representa el reconocimiento consciente a las víctimas del conflicto armado interno.
Desde un panorama amplio los pueblos indígenas, entendemos que la obligación Estatal de los diálogos que pretende desarrollar la institucionalidad con los actores armados y en especial con el ELN, deberá garantizar la activación de los mecanismos de interlocución directa entre las Autoridades Indígenas y el gobierno nacional, incorporar los derechos fundamentales a la concertación y dialogo social con los pueblos y comunidades indígenas, sectores sociales, populares, sindicales y estudiantiles en el país. Es decir, que el referido anuncio de gestar los Diálogos Humanitarios Para la Vida con Perspectiva de Paz, como lo hemos denominado al interior de nuestra comunidades y territorios, están supeditados a respetar la participación eficaz y efectiva de las organizaciones para impedir que exista una barrera de factores que generen desconfianza y posibles conflictos y que por el contrario avancemos en ratificar un diálogo legítimo y recíproco que nos recoge a todos.
Aunado a ello, reconociendo el grado de vulnerabilidad de los pueblos indígenas en el conflicto armado, y considerando nuestra calidad de sujetos de especial protección, amparados por una legislación especial, reiteramos una vez más a los parlamentarios Iván Cepeda, Maria José Pizarro y los asesores Alberto Castilla, Horacio Guerrero y Olga Lucia Silva, quienes estarán representando del Gobierno en calidad de negociadores de la mesa principal, adoptar una política de Estado que brinde las garantías necesarias a los sistemas de justicia indígena y establecer los mecanismos de coordinación interjurisdiccional en el marco de la política de paz (Territorios ancestrales indígenas como escenarios de diálogo, paz y convivencia y competencia preferente de la Jurisdicción Especial Indigena) para llevar a cabo los procesos de armonización y reconciliación comunitaria y demás acciones que conduzcan a la regulación de los derechos y garantías de las victimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
En la interpretación de todas las fases de los Diálogos de la Paz Total, es importante reconocer el proceso de reincorporación bajo el respeto del ordenamiento jurídico constitucional, legal y las experiencias históricas del derecho propio y ancestral de los Pueblos Indígenas. En consecuencia, el diseño y ejecución de la ruta de diálogos humanitarios en la priorización de los territorios, en lo que concierne a los pueblos indígenas deberá contener un enfoque transversal que respete el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las Autoridades Ancestrales a través de la construcción de alternativas practicas de un programa especial de armonización para la reincorporación para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Esto hilado a la consolidación de una estrategia comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de hombres, mujeres, jóvenes y niños desvinculados del conflicto.
Exhortamos a los demás actores armados ilegales, quienes aún dudan en abrazar el camino de la Paz Total, acudir de forma positiva este llamado que hace el Gobierno Nacional y adoptar la declaratoria del pueblo sobre el reconocimiento del derecho humano a la Paz dentro del Estado Social de Derecho, con el fin de lograr que en la implementación de los acuerdos que involucran a los grupos ilegales del ELN posibilite el cese al fuego armado y su incorporación a la vida civil.
Finalmente instamos al Alto Comisionado Para La Paz garantizar la vida jurídica de las instancias encargadas del monitoreo de los nuevos acuerdos que serán anexados al acuerdo de Paz firmado en el 2016. Lo anterior, sin detrimento de las atribuciones y funciones que tienen las instancias de gobierno propio y participación que ya existen.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA CRIC – NACIONAL
DADO A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022
