El Plan de Vida Proyecto Global, continua en asamblea permanente en la vereda Guayope Jambaló, en el desarrollo de las diferentes actividades de reflexión, análisis y concertación sobre la siembra de cultivos ilícitos, el pasado 7 de febrero de 2022 se concentró masiva mente en asamblea con el fin de revisar las actas comunitarias de las decisiones y orientaciones por cada vereda, en la revisión de las actas se puede evidenciar que hay 10 veredas donde algunas familias, insiste en hacer la siembra por encima de los mandatos y orientación de las autoridades, 25 veredas y 4 barrios que están en contra de la siembra de los cultivos ilícitos porque no quieren que el territorio de Jambaló se convierta en un escenario del conflicto armado constante, consumo de SPA  por parte de algunos jóvenes y así generar desarmonías en el territorio.

En medio de una tensa discusión entre las partes, la asamblea permanente orienta a sus autoridades dar un plazo de un mes a partir de la fecha, para que cada familia que esta con la siembra de cultivos ilícitos hagan la limpieza de manera voluntaria, en caso de incumplimiento se iniciaran acciones comunitarias para erradicar los cultivos que generan desarmonías a la madre tierra y a su población. Con esta orientación, la comunidad como máxima autoridad del territorio busca reafirmar la resolución de autonomía y los mandatos comunitarios.

Ante la orientación de la asamblea, los representantes de las familias cultivadoras continúan con la posición radical de no echar un pie atrás con la siembra y manifiestan defender la mata ilícita cueste, lo cueste. Así lo afirmaron los cultivadores ante la asamblea permanente.

Como respuesta desafiante ante las comunidades que no están de acuerdo con el cultivo ilícito el día de hoy, los agremiados de los cultivos ilícitos realizaron taponamiento de las vías de acceso en diferentes lugares del territorio de Jambaló. Argumentan que destaparían las carreteras cuando las autoridades les permitan seguir cultivando la planta ilícita por encima de las desarmonías que pueda causar este cultivo.

Son estas las situaciones que ponen en alerta máxima a la población del territorio de Jambaló y sus autoridades que por mandato comunitario han decido hacerle frente a la entrada de los cultivos de uso ilícito. Igualmente, las autoridades hacen un llamado a las familias que están haciendo el desorden para que sean conscientes de las problemáticas que nos puede traer al futuro si dejamos que se proliferen los cultivos ilícitos, no podemos permitir que con el argumento del abandono estatal sigamos alimentando el combustible de la violencia en nuestros territorios.

Por, Programa comunicaciones CRIC.

El ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’, iniciativa que establece por primera vez en la historia mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, fue radicado ante el senado de la Republica por la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina.

Después de un proceso largo de incidencia política y técnica de los mayores sabedores en colaboración con estancias jurídicas y judiciales cercanas al proceso organizativo indígena, se cumple un hito clave en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, en consonancia con su cultura y tradiciones.

El proyecto de ley es sin duda una deuda histórica que pretende establecer una hoja de ruta orientadora que fortalezca el reconocimiento de los sistemas de justicia propia que respeta la autonomía y cosmovisión de los pueblos originarios del país.

La iniciativa es una base general para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas y, en la práctica, algo que ya se viene realizando poco a poco con los jueces, con los magistrados y con algunas comunidades territoriales, se entiendan las dinámicas jurídicas y se armonice en todo el sentido del derecho las garantías de los procesos judiciales.

Según Nelson Cucuñame, coordinador del programa de justicia propia del CRIC “la falta de reglamentación en cuanto a la coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria ha generado vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas”.

El ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’ no solo garantiza el respeto por los sistemas de justicia indígena, sino que también incluye salvaguardas clave para los derechos de las mujeres. En este sentido, se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la ‘Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) como para la ‘Justicia Ordinaria’ (JO), con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.

Este avance es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del sector justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).

Así las cosas, con esta propuesta, se busca asegurar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armoniosa entre los diferentes sistemas jurídicos que coexisten en el país.

Por: Programa de Comunicaciones-CRIC.