El ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’, iniciativa que establece por primera vez en la historia mecanismos y formas de armonización entre la Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, fue radicado ante el senado de la Republica por la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, y la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Remolina.
Después de un proceso largo de incidencia política y técnica de los mayores sabedores en colaboración con estancias jurídicas y judiciales cercanas al proceso organizativo indígena, se cumple un hito clave en la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política de Colombia, que reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho de ser juzgados bajo sus propias autoridades y procedimientos, en consonancia con su cultura y tradiciones.
El proyecto de ley es sin duda una deuda histórica que pretende establecer una hoja de ruta orientadora que fortalezca el reconocimiento de los sistemas de justicia propia que respeta la autonomía y cosmovisión de los pueblos originarios del país.
La iniciativa es una base general para que las diferentes formas de justicia puedan trabajar juntas y, en la práctica, algo que ya se viene realizando poco a poco con los jueces, con los magistrados y con algunas comunidades territoriales, se entiendan las dinámicas jurídicas y se armonice en todo el sentido del derecho las garantías de los procesos judiciales.
Según Nelson Cucuñame, coordinador del programa de justicia propia del CRIC “la falta de reglamentación en cuanto a la coordinación entre la JEI y la justicia ordinaria ha generado vacíos normativos y barreras de acceso que han afectado a las comunidades indígenas por décadas”.
El ‘Proyecto de Ley de Coordinación Interjurisdiccional’ no solo garantiza el respeto por los sistemas de justicia indígena, sino que también incluye salvaguardas clave para los derechos de las mujeres. En este sentido, se establecen compromisos de debida diligencia tanto para la ‘Jurisdicción Especial Indígena’ (JEI) como para la ‘Justicia Ordinaria’ (JO), con el objetivo de transformar prácticas que puedan lesionar los derechos de las mujeres dentro de las comunidades.
Este avance es el resultado de un trabajo conjunto y participativo entre las entidades del sector justicia, la Rama Judicial y las organizaciones indígenas, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
Así las cosas, con esta propuesta, se busca asegurar que los pueblos indígenas puedan acceder a la justicia de manera integral, respetando su identidad cultural y promoviendo una convivencia armoniosa entre los diferentes sistemas jurídicos que coexisten en el país.
Por: Programa de Comunicaciones-CRIC.
