El pasado 11 de Octubre, de conformidad a lo acordado con el vicepresidente Angelino Garzón para avanzar en los procesos de concertación, se realizó en la ciudad de Popayán una reunión entre delegados indígenas y la gobernación, donde se dio por instalada la Mesa Ministerial, sin embargo, por decisión unilateral del mandatario departamental, dicha actividad, sin cumplir con el objetivo propuesto, después que los delegados oficiales abandonaron el recinto, fue convertida en una reunión política entre la administración y un sector que no se sabía si representaba a la opic, a los campesinos de Inzá o al magisterio.

Allí, según informes de prensa, el doctor Guillermo Alberto González Mosquera hizo gala de parcialidad y hostilidad hacia las comunidades y autoridades indígenas que están organizadas en el CRIC, ratificando así su política contraria a los derechos de nuestros pueblos, con la que ha generado alteración de la convivencia ciudadana, principalmente en el resguardo indígena de San Andrés de Pisimbalá.

Dicha política la expresó con claridad la Secretaria de Educación departamental, a través del decreto 0102, en abril del 2010, afectando así el derecho a la educación y alterando un proceso previo de concertación entre el CRIC, el mineducación y la misma gobernación del Cauca. Con este decreto la gobernación viene azuzando conflictos al interior de los territorios indígenas, particularmente en el resguardo indígena de San Andrés, municipio de Inzá, en donde ha generado situaciones tristes de confrontación entre comuneros, así como la aparición de grafitis en las paredes relacionando al CRIC con las FARC o panfletos a nombre de las AUC, extrañamente, mientras el ejército colombiano está acantonado en el lugar.

El Cauca indígena continúa siendo asediado por el accionar violento de los actores armados cuya estrategia de ocupación territorial busca el involucramiento de la población civil en la guerra, ahondando aun más la crisis humanitaria en nuestras comunidades y suscitando amenazas de actores ilegales contra la guardia indígena, la consejería del CRIC, la ACIN y demás autoridades indígenas del Cauca, lo cual se ha materializado con hechos como el sucedido el pasado 14 de Octubre donde fue asesinado el guardia y líder indígena RODOLFO ARICAPE.

RODOLFO ARICAPE tenía 36 años, estaba casado, era padre de 2 hijos y hacía parte del Movimiento Juvenil Alvaro Ulcué, integrante actual del Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN y miembro activo de la directiva del Cabildo Indígena del Resguardo de López Adentro, municipio de Caloto, donde se desempeñaba como Secretario General. Se sabe, que hace dos meses, él, junto con el gobernador del resguardo y otros miembros de la comunidad, había recibido amenazas de muerte.

Ante esta situación de grave riesgo para los pueblos indígenas del Cauca, como Consejería Mayor CRIC manifestamos:

Nuestra decisión de rechazar como parte del proceso de la Mesa Ministerial al gobierno departamental hasta tanto no cambie su conducta, pues con sus actos institucionales está desconociendo el papel de neutralidad que le entregó la Constitución Política al Estado, está avivando los conflictos entre comuneros y sectores indígenas y campesinos, y viene apoyando el rompimiento de la convivencia ciudadana.

Nuestro repudio a los actores de la guerra, por el asesinato de nuestro hermano, guardia indígena, comunicador, cabildante de López Adentro y líder del Norte del Cauca. Aborrecemos igualmente las amenazas contra autoridades indígenas del Territorio de San Andrés de Pisimbalá; intimidaciones que se sustentan en la defensa de las instituciones.

Nuestra exigencia a todos los actores armados del conflicto para que respeten la vida, nuestra autonomía territorial y de gobierno como pueblos indígenas, y se apliquen mecanismos de garantía a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Nuestro requerimiento al gobierno nacional para que con celeridad implemente la sentencia T-025/04 y el Auto 004 del 2009, mediante la cual la Corte Constitucional le ordenó un Plan de Garantías para los pueblos indígenas de Colombia que están en riesgo de desaparición forzada por causa de la guerra, así como la concreción de 37 planes de salvaguarda para pueblos desplazados por el conflicto armado, entre los que están los pueblos indígenas del Cauca.

Nuestro llamado a la comunidad internacional para que apoye las medidas de autoprotección que como pueblos indígenas hemos venido adoptando en el marco de la resistencia civil y pacífica como estrategia legitima y aporte a la construcción de iniciativas de paz para todos los colombianos

En medio de la indiferencia y de la guerra, con la fuerza y la sabiduría de la madre naturaleza, reiteramos nuestra decisión de mantenernos en Resistencia por la defensa del territorio y por la pervivencia como pueblos originarios.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Popayán, Octubre 15 del 2010

La Consejería Mayor del CRIC en unidad con las autoridades tradicionales de Cabildo y las consejerías zonales del Cauca indígena afirman que el gobierno nacional ha dilatado y desconocido la orden dada por la Corte Constitucional, mediante el Auto 004 de enero de 2009,

de concertar un plan de garantías para todos los pueblos indígenas del país y de implementar Planes de Salvaguarda para 34 pueblos indígenas de Colombia, entre los cuales están incluidos el pueblo Nasa y el pueblo Kokonuko y los demás pueblos indígenas del Cauca. Con este fallo la Corte Constitucional le dio indicaciones precisas al Estado colombiano para que evitara el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, principales víctimas de las acciones armadas, de las amenazas de los grupos ilegales y de la política inconstitucional del gobierno nacional. Sustentan las Autoridades indígenas esta aseveración desde los siguientes hechos:

CAUCA: El domingo 21 de febrero, en consejo de seguridad departamental realizado en la ciudad de Popayán, el presidente Álvaro Uribe Vélez habló de “republiquetas de delincuentes”, rotuló a la población indígena de “milicianos, delincuentes y narcotraficantes” y le ordenó a la Fuerza Pública desmantelar “ …las milicias terroristas de las Farc que delinquen en los municipios caucanos de Jambaló, Caldono y Cajibío” decisión que para las autoridades indígenas se dirigía contra los habitantes de estos territorios, pues le mostraba al lector desprevenido que estos municipios están bajo el dominio de la guerrilla, desconocía que son los territorios símbolo de la resistencia y de la guardia indígena, donde no solamente se han desmantelado cocinas del narcotráfico sin la ayuda gubernamental, sino que se ha controlado el territorio de los desmanes de los ejércitos, sean ilegales o legales.

PURACÉ: La guerrilla de las FARC atacó el pasado 25 de febrero a una patrulla policial, en la vía al Huila que cruza por el resguardo indígena de Kokonuko, municipio de Puracé, donde dos oficiales murieron y cinco uniformados más quedaron heridos, situación que aumenta el riesgo para los pueblos indígenas, por la cual las Autoridades Indígenas de la Zona Centro, la Asociación Genaro Sánchez y el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC convocaron a una caminata por el territorio ancestral del pueblo Kokonuko y la realización de una Audiencia Pública para el día 4 de marzo 2010, con el objetivo de denunciar y alertar sobre las consecuencias sufridas por las comunidades por causa de la acción de la guerra que en Colombia desconoce el derecho internacional humanitario.

SANTANDER DE QUILICHAO: Pasadas las 10:30 de la noche del día 23 de febrero, en la carretera Panamericana, corregimiento de Mondomo, fue asesinado el indígena Nasa, Andrés Fernando Muelas, coordinador del programa de educación para jóvenes y adultos de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca, por individuos que vestían prendas militares y disparaban de forma indiscriminada. Allí, igualmente fue asesinado el conductor de una tracto mula y heridas otras cuatro personas que desplazaban por esta vía. El 26 de febrero de 2010, en homenaje y despedida al compañero asesinado, una caravana integrada por más de 3 mil personas marchó entre Santander de Quilichao y Mondomo, donde se realizó una Audiencia Pública, en la cual, Autoridades tradicionales, familiares y amigos manifestaron su repudio a los diferentes hechos que han tomado como centro de operaciones, ataques y señalamientos a las comunidades y los territorios indígenas.

CALDONO: Durante más de 10 horas, del 20 de febrero, se registraron fuertes enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC en el casco urbano y los alrededores del municipio de Caldono, hechos en los cuales resultaron dos civiles heridos y se puso en riesgo la vida, armonía y convivencia pacífica de sus habitantes, indígenas y campesinos, pues, mientras combatientes se tomaban las casas de los civiles, 4 helicópteros bombardeaban desde la cabecera municipal hasta las veredas aledañas de Las Delicias, El Porvenir, Vilachí y Santa Elena, situación que provocó desplazamiento forzado de sus habitantes. Algunas instituciones prestaron atención humanitaria a los cascos urbanos de Sibería y Caldono donde están las garitas policiales, olvidando a los habitantes de las veredas afectadas por los bombardeos.

JAMBALÓ: Dos ataques de la guerrilla de las FARC, uno en horas de la madrugada y en horas de la tarde, contra el casco urbano del municipio y resguardo indígena de Jambaló, y otro en la Vereda Paletón, del mismo territorio, sucedidos el sábado 20 de febrero del presente año. Los enfrentamientos dejaron tres civiles heridos, niños y adultos con trauma psicosocial, pérdida de animales domésticos, derribada la torre de Comcel y averiadas seis casas y el hospital Cxayuce. Igualmente hubo desplazamiento forzado de los comuneros de las veredas Paletón, Monte Redondo, Nueva Jerusalén, Campo Alegre, Zumbico y del casco urbano, debido a que los ejércitos utilizan las casas de los comuneros como trincheras de guerra, minan los campos y abandonan artefactos sin explotar; hay escasez de alimentos, se suspenden clases de la institución educativa y sus sedes de la zona alta del municipio y no hay garantías para ingresar al trabajo en las parcelas, empresas comunitarias o entidades públicas; se dificulta la movilización por caminos y carreteras y el personal médico del hospital no puede realizar las salidas extramurales.

COSTA PACÍFICA: A pesar de los constantes requerimientos de las Autoridades Tradicionales Indígenas de la zona y de la Consejería mayor del CRIC para que cesen las amenazas y hostigamientos; haya un pronto retorno de las comunidades a sus territorios de origen y el respeto por los Territorios Sagrados y la Autonomía Comunitaria del Pueblo Eperara Siapidara, sus comunidades se encuentran en situación de desplazamiento forzado desde el mes de Septiembre de 2008, por presión del ELN, las FARC, los Rastrojos y la Fuerza Pública, que se disputan el control territorial y del narcotráfico de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay.

Por las situaciones narradas, las autoridades indígenas de las diferentes zonas indígenas del departamento del Cauca, han realizado marchas, están realizando Audiencias Públicas y han declarado emergencias sociales y culturales en sus territorios, reclamando:

1. DEL ESTADO NACIONAL: No continuar su campaña inconstitucional de estigmatización a los pueblos indígenas del Cauca, principales víctimas de la arremetida actual del conflicto armado. Reclamando de los organismos de control que vigilen y judicialicen a los voceros institucionales que con sus palabras colocan en riesgo a los colombianos.

2. DE LOS ACTORES DEL CONFLICTO: Respeto a nuestra condición de pueblos indígenas y sociedad civil, igual que a nuestra autonomía y territorios, aplicando las indicaciones dadas por el derecho internacional humanitario.

3. DE LAS ONGS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES: Su apoyo y solidaridad a las comunidades ante esta crisis humanitaria, igual que su vigilancia y seguimiento a las situaciones de conflicto que viven nuestros territorios.

Se reafirma también, la voluntad y convocatoria a toda la sociedad colombiana para que comparta con nosotros la búsqueda de una solución negociada al conflicto armado, por el respeto a la autonomía de los pueblos indígenas y el requerimiento a los ejércitos para que mantengan excluidos a los civiles de las hostilidades y acciones de la guerra.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Popayán, marzo 3 de 2010