La palabra de los pueblos. La minería, un asesino en serie de los pueblos indígenas

Los pueblos Indígenas del Abya Yala, durante más de 518 años hemos resistido frente a los atropellos, las amenazas, los desplazamientos y los etnocidios, para continuar existiendo en nuestro espacio territorial  y tiempo. Hoy después de cinco siglos aun vivimos una constante invasión opresora física y psicológica. Con estrategias y políticas  más sagaces que intervienen principalmente nuestra gran casa ancestral, el Territorio.

Es evidente que no fueron suficientes las riquezas que se nos robaron en época de la conquista, la codicia y la avaricia de los invasores hizo que las tres carabelas: La Niña, La Pinta y La Santa María se quedaran y permanecieran causando zozobra. Hoy se manifiesta con la explotación indiscriminada de la Madre Tierra, con la minería a gran escala, la extracción de petróleo, la creación de represas, los monocultivos para alimentar máquinas y no a la gente, la devastación de la diversidad Natural, entre otros. Generando represión, estigmatización a las comunidades y un agudo conflicto armado interno; esto sumado a la manipulación de los medios de comunicación comerciales, estatales y privados. Quienes entretienen mientras el plan de muerte y el exterminio mental, físico y territorial avanza contra los pueblos originarios a nivel continental.

En el marco de la Cumbre Continental  de Comunicación Indígena del  Abya Yala, la cual se está desarrollando esta semana en el Resguardo Indígena Misak de La María Piendamó, los hermanos invitados de la nación peruana nos compartieron su lucha contra la minería a gran escala y la defensa del territorio desde hace más de una década. En 1992 descubrieron que sus territorios estaban solicitados para explotación minera, la gran mayoría de sus sitios ancestrales ya no eran de su propiedad, pues habían sido concesionados con la autorización del Gobierno peruano a las multinacionales Petrolíferas y Mineras: Petropras Perú y VH BILITON, que empezaron a invadir sin humanidad y ningún tipo de consulta previa a los territorios de los pueblos Indígenas.

A partir del año 1992, los líderes de la Confederación Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), empezaron a buscar estrategias para llegar a las comunidades y mostrarles la realidad que se estaba presentando con respecto a la invasión minera y petrolífera en contra de sus territorios, fue así, mediante la realización de talleres, conversatorios, foros y reuniones, que llevaron el mensaje a las comunidades Indígenas logrando que se concientizaran y juntos buscar alternativas para enfrentar la situación de invasión de las transnacionales que hasta hoy se vive.

En el año 2008, se produce el primer levantamiento del pueblo hermano Indígena del Perú, para rechazar las políticas del Gobierno con relación a la explotación Minera en sus Territorios, donde los renderos (Guardia Indígena), se tomaron las vías principales de la Nación, inmovilizando el transporte vial que comunica las principales ciudades. El Gobierno de Alan García hizo caso omiso a la manifestación que se estaba realizando, enviando a sus militares a despejar las vías por medio de las fuerzas armadas, que sin escrúpulos maltrataron brutalmente las mujeres quienes encabezaban la manifestación para proteger a sus esposos. Ellas fueron agredidas de la manera más vil cuando oponían resistencia: los militares las arrastraban de sus ropas y cabellos, las pateaban y golpeaban con sus armas, sin importarle los niños que llevaban en sus espaldas. Los pequeños absorbían todos los gases lacrimógenos y golpes. Fueron un gran número de muertos y heridos.

La falta del transporte para la exportación e importación de alimentos para las naciones de Mercosur; la resistencia de los pueblos indígenas; las constantes denuncias por las agresiones y asesinatos; y la presión internacional. Todos estos factores presionaron a que los magistrados y los congresistas de la nación peruana buscaran un diálogo con los pueblos indígenas para tratar de llegar a unos acuerdos.

Estos acuerdos se firmaron mediante actas donde el gobierno se comprometió a dar solución e iniciar el proceso de respeto hacia los territorios, retirar la intervención territorial y la extracción de hidrocarburos. Pero como sucede con la mayoría de los acuerdos no fueron cumplidos, por el contrario, desde esa época hasta hoy el gobierno y las multinacionales dieron información de que el 72% del territorio está en concesión de hidrocarburos (Minería y Petróleo), entre ellos, las zonas de páramos andinos que son 19 millones de hectáreas.

Los pueblos Indígenas en el Perú, han solicitado mediante la presentación de proyecto ley la ratificación del Convenio 169 de la OIT, artículo sexto, para así lograr la consulta previa, pero hasta el momento no se ha logrado porque al Gobierno no le conviene. Un claro ejemplo fue la corrupción del ex presidente Alberto Fujimori, hoy condenado por otros delitos, el cual en su Gobierno favoreció los intereses económicos de las transnacionales extractoras de hidrocarburos.

La Constitución Política del Perú de 1993, es flexible a favor de las intenciones de las Multinacionales, ya que los contratos firmados con éstas, se convierten en ley y ahora es necesario un proceso de modificación de la Constitución para cambiar estas leyes que afectan directamente a los pueblos indígenas.

En el año 2008 en Bagua se presentaron protestas por parte del movimiento indígena. El Gobierno Nacional mediante una ley de criminalización de la protesta social ordenó el encarcelamiento de las personas que participaran de las actividades.

Por su parte los pueblos indígenas del Perú con CONACAMI, confederación que lleva diez años luchando en contra de la minería, se está en permanente contacto con la comunidad, para mantenerlos informados de los sucesos, obteniendo así el apoyo de la comunidad mediante la recolección de firmas para sustentar las demandas presentadas en contra del Estado, por el abuso de los legisladores, quienes aplican las leyes al pueblo, pero no están cumpliendo con las leyes ambientales de la Nación. Las cuales prohíben las concesiones de hidrocarburos en los humedales, fuentes hídricas, páramos y lagunas.

Los medios masivos de comunicación han desorientado la realidad del pueblo peruano, ignorando la verdad en todas sus perspectivas, un claro ejemplo se muestra con Arequipa y Cuzco, departamentos con la mayoría de concesiones mineras, pero que tiene un 88% y 42% de pobreza extrema. Cajamarca, territorio del pueblo Yanacocha es considerada la zona aurífera más grande de la región, pero también el lugar donde la población vive en la pobreza absoluta. En la ciudad de Tascon, La Empresa Minera VH BILITON está provocando desplazamiento de la comunidad por que la empresa minera necesita el terreno para explotarla, pero que ni la empresa, ni el Estado se hacen cargo de los de ellos.

Por lo anterior, las comunidades Indígenas han utilizado la comunicación como instrumento importante para comunicar, denunciar las agresiones y las constantes luchas de los pueblos Indígenas en el Perú. Así lo expuso la comunicadora Hilda Guamán­: “Nosotros entendemos absolutamente la importante labor de la prensa, creemos que uno de los objetivos fundamentales de la prensa es tener qué dar a conocer, no sólo visibilizar estos procesos de lucha y resistencia, de movilización social de las comunidades. Si no también, ser la voz de los que no tienen voz, ser la voz de aquellos que hoy nos pretenden hacer callar. En ese sentido CONACAMI está avanzando fuertemente y hoy en esta Cumbre también estamos participando aquí en una mesa donde vamos a dar a conocer este proceso de resistencia de nuestras comunidades contra la agresión minera”.

El mostrar la realidad y denunciar los atropellos a través de los medios de comunicación propios, como consecuencia han dejado el asesinato selectivo de indígenas en la nación peruana, por ejemplo, Natalio fue un profesional y hombre muy sencillo que ayudaba mucho a los pueblos. Contando las verdades de la invasión minera fue asesinado por fuerzas oscuras que lo dejaron abandonado a orillas de una carretera. También por denunciar las políticas en contra del Estado y la minería, 3700 líderes han sido amenazados. Igualmente dirigentes han sido procesados judicialmente, pero ochenta han sido absueltos gracias a las constantes denuncias y apoyo del pueblo.

Hoy se están implementando estrategias comunicativas que están fortaleciendo a los pueblos indígenas, a pesar de las diferentes problemáticas que se viven a diario, todo gracias a que el pueblo se encuentra comunicado a través de las tecnologías apropiadas.

En Colombia y los países del Abya Yala no es ajena esta situación de invasión de las multinacionales para la extracción de los hidrocarburos, porque analizando el contexto de guerra, políticas estatales como la seguridad democrática, la falsa información de los medios masivos, han causado ceguedad y conformismo en la gran mayoría de la población. Creando una falsa esperanza de desarrollo a costa de la destrucción de los minerales del subsuelo, sin mostrar la realidad como lo que sucede con el pueblo Awá en el departamento de Nariño, quienes están siendo asesinados silenciosamente de manera cruel, o de otros hermanos indígenas que están a punto de desaparecer entre las selvas por causa de la guerra vinculante y destructora.

Toda esta agresión vivida a nivel continental, por los sectores más vulnerables, entre ellos la población indígena, ha sido detectada por nuestras organizaciones, las cuales están creando estrategias de comunicación alternativa desde nuestras cosmovisiones para enfrentar desde los medios apropiados. Ante esta agresión, nuestra lucha es constante y seguiremos luchando hasta que se apague el sol.

Derechos De Nuestros Niños Indígenas, Violentados Por La Fuerza Pública…

La Consejería de Mujer de la Onic y su consejo de gobierno condenan la violación sexual contra una de nuestras niñas por parte de un soldado del Batallón Santa Bárbara, repudiamos este acto infame que viola la dignidad humana los derechos colectivos de los pueblos y el DIH.

La Consejería de Mujer Familia y Generación de la Onic conoció un caso depravado e infame de violencia sexual contra una de nuestras mujeres por parte de un militar. Los hechos sucedieron en Paramito comunidad Wiwa del municipio San Juan del Cesar en la Guajira.

El Pueblo y la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, denunciaron como un militar del Batallón Santa Bárbara, adscrito a la X Brigada violó a una niñita de apenas 13 años e intimidó a toda su familia.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de noviembre y apenas hoy tuvimos conocimiento que el Ministerio de Defensa pidió a la Fiscalía abrir la investigación. La Consejería de Mujer, Familia y Generación de la Onic denunció el hecho ante el gobierno nacional en el marco de la Mesa Nacional de Concertación que se realiza en Bogotá los días 12 y 13 de noviembre.

Lamentamos y repudiamos que se presenten actos como este que además de ser reiterativos, son sistemáticos y se presentan en diferentes regiones del país. Por eso hoy como Onic y unidos a nuestras autoridades tradicionales presentes en la Mesa nacional de Concertación -por lo menos un centenar de autoridades indígenas de viarias regionales-, a los ex constituyentes indígenas del 91, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Bogotá y congresistas indígenas condenamos el acto infame y pedimos al gobierno e instancias judiciales investigar y sancionar de manera drástica al violador y hacer un cuestionamiento ético y sanción a la Fuerza Pública por violar los derechos humanos de la población colombiana cuyo propósito fundamental es proteger y garantizar que se cumpla.

En el mismo sentido se le exigió al gobierno tomar medidas preventivas para evitar que se presenten nuevamente estos actos depravados; pues como Onic consideramos y entendemos que estos hechos están encaminados a destruir y exterminar nuestras comunidades y pueblos.

Exigimos a las instituciones del gobierno y fuerzas militares respeto a la dignidad humana de nuestras mujeres y niñas y de todos nuestros hermanos indígenas; garantizar el respeto a los derechos fundamentales y colectivos de nuestros pueblos y no involucrar a nuestras comunidades en sus actividades.

De Igual manera la Onic rechazó la actitud despectiva de un funcionario del gobierno que una vez conocido el caso aseguró que eso era un caso “de historia patria”, lo cual la comunidad indígena presente cuestiona por ser un acto de irrespeto y malévolo no sólo con los presentes sino con la víctima y su familia.

A continuación presentamos el comunicado de denuncia de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT

Hechos:

1º Hacia las 4:00 p.m. del siete de noviembre de 2009 en la finca conocida como Paramito comunidad Wiwa de La Peña de los Indios, municipio San Juan del Cesar, Guajira, jurisdicción del resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco un soldado perteneciente al Batallón Santa Bárbara adscrito a la X Brigada Blindada del Ejército Nacional de Colombia, al parecer bajo los efectos de sustancias alucinógenas, abusó sexualmente de una niña Wiwa tradicional de tan sólo 13 años de edad, quien venía siendo formada en los conocimientos y saberes requeridos para ser una Saga (mujer de conocimiento o mujer medicina, como suele llamar en otras latitudes).

2º Según refiere Sebastián Mojica, Comisario Mayor del pueblo Wiwa y quien presenció el desafortunado hecho, el soldado del Batallón Santa Bárbara de manera agresiva le preguntó por la ubicación de las tropas y luego indagó por el paradero de la niña Wiwa. Según se pudo establecer el soldado venía solo, con un pasamontañas,
descamisado y con el torso descubierto, con la reata puesta -el casco amarrado a
ésta- y portando un arma de largo alcance la cual procedió a desasegurar para,
posteriormente ir en busca de la niña Wiwa, la cual encontró cerca del lugar junto
a la mamá y tres hermanos.

3º Una vez el soldado avistó a la niña Wiwa, encañonó a la mamá de ella y mientras realizaba un disparo la tomó por la fuerza y la arrastró hacia un rastrojo donde la
despojó de la ropa interior, se bajó los pantalones y procedió a abusar sexualmente
de ella, lo cual hubiera podido ser peor de no ser porque el padre y otros familiares llegaron hasta el lugar y lograron quitarlo de encima de la niña. El soldado al verse descubierto golpeó fuertemente a la niña y mientras huía realizó al menos dos disparos.

4º Los testigos refieren que Sebastián Mojica acudió a una patrulla de soldados del Batallón Santa Bárbara que se encontraba muy cerca de la comunidad para informar lo que estaba sucediendo y solicitar ayuda, pero al principio los soldados hicieron
caso omiso del ruego de sus palabras.

A no ser por la insistencia del Comisario Mayor los soldados seguramente se hubieran retirado y el soldado hubiera podido causar una tragedia, al igual que la ocurrida en el corregimiento de Cuestecitas (Albania) donde apenas hacía unos días, el 1rº de noviembre de 2009, Luis Eduardo Julio Pájaro, un iracundo soldado del Batallón Gustavo Matamoros D´acosta, asesinó en una fiesta a dos personas e hirió a cinco más. Afortunadamente la patrulla reaccionó y neutralizó al soldado agresor.

5º La comunidad de La Peña de los Indios lo mismo que las comunidades Wiwa cercanas se encuentran alarmadas y atemorizadas por el repudiable comportamiento de este soldado, el que sumado a los recurrentes rumores que refieren que este tipo de hechos también se han presentado en otros pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre todo en lo que respecta a sus comunidades más tradicionales, ha terminado por resquebrajar y socavar la confianza que el Ejército Nacional de Colombia venía construyendo con el pueblo Wiwa y con los otros pueblos indígenas del macizo serrano.

6º Con el propósito de analizar este insuceso, entre las 10:00 a.m y las 12:00 m del 09 de noviembre de 2009 tuvo lugar en la comunidad Wiwa de La Peña de los Indios una reunión entre, por una parte, autoridades del pueblo Wiwa y familiares de la víctima y, por la otra, delegados del Batallón Santa Bárbara, al frente de la cual estaba el capitán Álvaro Gómez, en la que los militares si bien se negaron a dar información sobre la identidad del soldado agresor, reconocieron que hacía parte de esa unidad.

En principio, los militares, se comprometieron a cubrir los gastos inherentes al desplazamiento de la niña Wiwa y de sus familiares hasta la cabecera municipal de San Juan del Cesar a fin de elevar las denuncias ante las autoridades competentes y la realización por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del
respectivo examen médico de la niña Wiwa, lo cual a todas luces es insuficiente.

En mérito de lo anteriormente expuesto, las autoridades del pueblo Wiwa y la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona OWYBT, demandan lo siguiente:

–     Dado que el abuso sexual contra la niña Wiwa de 13 años configura sin duda alguna una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el soldado victimario debe ser ejemplarmente sancionado y la niña Wiwa, su familia y la comunidad deben ser adecuadamente resarcidas por los daños morales (culturales y psicológicos), daños emergentes, daños físicos y el lucro cesante…, que se hayan ocasionado, máxime si se tiene presente que se echó a perder un prolongado y delicado proceso de formación tradicional de una futura Saga.

–     En razón a que la conducta punible fue cometida en territorio del pueblo Wiwa (resguardo Kogui, Malayo y Arhuaco) y en contra de una niña Wiwa, se solicita competencia sobre el caso, para que el sistema jurídico del pueblo Wiwa y sus dispositivos tradicionales tengan conocimiento de los procesos que se adelantan contra el soldado agresor, el cual debe ser entregado a las autoridades del pueblo Wiwa durante un determinado tiempo para que sea juzgado y restablecida así la armonía que abruptamente ha sido quebrada.

–      Se solicita que en el inmediato plazo posible se conforme una comisión mixta e interinstitucional que investigue detalladamente las alusiones que se vienen haciendo en el sentido que mujeres Kogui y Wiwa de comunidades tradicionales han sido violadas por militares adscritos a los batallones de la Décima Brigada Blindada.

–    Finalmente la OWYBT, en el marco de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pone en conocimiento de este organismo interamericano, la ocurrencia de este execrable delito, para que se le brinde seguimiento a las propuestas que aquí se han planteado.

Dado en Valledupar (Cesar), a los diez (10) días del mes de noviembre del año dos
mil nueve (2009). Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona, OWYBT