Como otro baldado de agua fría cayó entre los habitantes y las autoridades de la empobrecida región del sur del Cauca el anuncio del gobierno nacional de fumigar con glifosato el sur del departamento, en las próximas semanas, como regalo de fin de año.

Este sector del departamento donde esta ubicado el Macizo Colombiano, era hasta hace pocos años una despensa de producción de alimentos; Maíz en Almaguer, Trigo en la Vega, frijol, papa, algodón, maní, leche plátano etc., hoy es una región empobrecida por las políticas del libre comercio iniciada por el gobierno del presidente Gaviria y continuada por el Presidente Santos, al importar de EE.UU los alimentos que se producen en estas zonas de Colombia. La firma del TLC con la Unión Europea desaparecerá la leche y la carne que queda en la región. El café antes fuente de empleo lleva 8 años de crisis.

Esta realidad es conocida por el gobierno de Juan Manuel Santo, como quiera que el 28 de agosto de 2010 dijera en Popayán que la pobreza aquí llega el 70% y la miseria el 40%, sin contar los estragos que el invierno ha causado en la zona. Nos preguntamos estupefactos: ¿la respuesta del gobierno a esta redilad es una “lluvia de glifosato” nuevamente contra los municipios del sur del Cauca?

Las organizaciones abajo firmantes respaldamos las peticiones justas de los alcaldes de BOLIVAR, ARGELIA Y EL BORDO PATÌA, en el sentido de no fumigar más el Macizo, porque que se ha demostrado que También se perjudica cultivos de uso lícito, y hasta hoy el gobierno no ha respondido por los daños causados en anteriores aspersiones con glifosato.

Exigimos al gobierno nacional, Que en lugar de fumigar, llegue a la región con recursos suficientes para ayudar a los damnificados por el invierno en departamento, para reconstruir las vías que hoy dificultan la salida de los campesinos y sus productos.

Que destine recursos suficientes para sacar a los cafeteros paneleros lecheros etc., de la espantosa crisis que hoy soportan por las políticas de remplazar el trabajo nacional por el extranjero como consecuencia de las importaciones que arruinan la producción nacional, La cual se profundizará con la política agropecuaria de cambiar la producción de alimentos por agrocumbustibles y productos de agorexportaciòn.

Proponemos a todos los sectores democráticos del departamento una mesa amplia en la región para que se trate este delicado tema y se mire en conjunto la situación de postración de esa zona del departamento tan empobrecida, pero tan rica en recursos naturales. Solicítanos al gobernador del cauca, senadores, precandidatos, a la iglesia, a las ONG su pronunciamiento sobre el tema.

Alianza Social Indígena, Cauca – Polo Democrático Alternativo – CRIC- ACIN- FUNCOP- SUTEC-Movimiento Agropecuario Nacional- AGREOPEMCA- CIMA- CUT. Diputados, Wilson Narváez, Marcos Yule, Clímaco Valencia- concejos municipales de Sucre, Almaguer, Bolívar, Argelia-Wilson Bonilla coneja PDA de Popayàn.

Pero no es la única estrategia que utilizan los señores de la guerra. Quieren también dejarnos sin nuestros territorios por la vía legislativa. La estrategia del momento es la expedición por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) de un oficio que niega la existencia de los resguardos indígenas coloniales.

Pasándose (una vez más) por encima a la Constitución y sin sustento jurídico, este gobierno desconoce que los pueblos indígenas somos los dueños legítimos de estos territorios.

En Colombia estamos en emergencia social. La salud, la educación y el territorio, se están entregando a las multinacionales. Y para esto, claro, la excusa perfecta es la guerra. Es el caso de la comunidad Embera Katio del Resguardo Urada Jiguamiandó, donde el ejército bombardeó su territorio con la excusa de combatir a la guerrilla. De esta forma desplazan a la gente con terror para que no reclamen ni defiendan sus derechos. Porque si lo hacen, saben muy bien que pueden terminar en una fosa común como la descubierta hace unos días en la Macarena, convertida ahora en un símbolo de barbarie e impunidad.

También, la guerrilla por su parte le sirve al proyecto de la codicia con su estrategia absurda de terror. Hoy conmemoramos con tristeza los hechos ocurridos el 4 de febrero de 2009, en el Municipio de Barbacoas, Nariño, donde  fueron masacrados 17 hermanos indígenas de la comunidad indígena Awá por parte de la guerrilla de las FARC. Todavía hoy, un año después,  acusados de ser informantes del ejército y también colaboradores de la guerrilla, se encuentran en medio de las balas que buscan silenciarlos y desplazarlos para quedarse con sus territorios.

Pero no es la única estrategia que utilizan los señores de la guerra. Quieren también dejarnos sin nuestros territorios por la vía legislativa. La estrategia del momento es la expedición por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) de un oficio que niega la existencia de los resguardos indígenas coloniales. Pasándose (una vez más) por encima a la Constitución y sin sustento jurídico, este gobierno desconoce que los pueblos indígenas somos los dueños legítimos de estos territorios.

La estrategia que ya utilizaron anteriormente con otros pueblos, la repitan ahora con descaro. Una vez que no existan los resguardos coloniales reconocidos, les quedan abiertas las puertas a las transnacionales y a los terratenientes para entrar y sacar lo que quieran y expulsar a la gente. Con un oficio quieren implementar el TLC, la Ley Forestal, el Estatuto Rural y así someter a los pueblos sin recursos y sin territorio a un modelo económico decadente.

El mismo modelo que ahora obliga a los pacientes a esperar lentamente su muerte y a los médicos a traicionar su juramento hipocrático so pena de ser multados o despedidos. Ahora, con la nueva reforma a la salud implementada por este gobierno, se corta la esperanza de ser atendido en los hospitales y clínicas porque desaparece la ley que garantiza la atención y se pierde la posibilidad para millones de personas de escasos recursos de acceder por vía jurídica a procedimientos médicos de media y alta complejidad.

Los decretos de emergencia social tienen un problema de fondo que es la Ley 100, ya que a pesar de que ésta permitía exigir el servicio de salud jurídicamente, a nivel general, con esta ley, el estado se desentendió de su responsabilidad de brindar la seguridad social al pueblo colombiano, entregándosela a las EPS.

Y mientras esto sucede, nosotros, desde el territorio del Gran Pueblo, seguimos denunciando este genocidio. Lo hacemos con la convicción de que no todo esta perdido. Aunque el terror y la mentira avanzan, los pueblos dignos todavía caminan para soñar con un mundo mejor. La verdad encuentra espacios para salir y revelar el engaño y la ocupación sistemática que se apodera de nuestros territorios.  Sabemos que el cambio viene, sabemos que somos nosotros quienes construimos ese cambio. Lo estamos haciendo, desde los campos creando soberanía alimentaria, desde las ciudades resistiendo a las políticas de barbarie que masacran la salud, desde nuestros propios medios pronunciando la verdad para defender y proteger la vida.  Desde estos y desde muchos otros espacios donde surge la conciencia para que no hayan mas fosas comunes, para que los pueblos indígenas tengan derecho a vivir en sus territorios y para que por fin tengamos políticas justas que nos permitan sentir que vivimos en un país digno.

Tejido de Comunicación ACIN