La Consejería Mayor del CRIC comparte su tristeza con víctimas, mujeres, jóvenes de la ciudad y el campo, artistas, intelectuales, deportistas, trabajadores y desempleados, los cuales nos hemos expresado creativamente por el fin del conflicto armado en nuestro país y que, sin embargo, no podemos decir, hoy, que hayamos dado ese paso definitivo.

No pudo avanzarse hacia el cierre definitivo del conflicto armado con las FARC con este plebiscito al cual se convocó al pueblo colombiano: han podido más la desinformación, la mentira y el miedo infundado, que la emergencia y efervescencia de esta nueva Colombia. Pero el proceso ha sido echado a andar y no se detendrá hasta que las armas no sean más las que determinan nuestro destino, señalando nuestra ruina; de nosotros depende su duración y resultados.

El Acuerdo está firmado pero el resultado del plebiscito no permite su implementación adecuada. Saludamos las posiciones tanto del gobierno nacional, de mantener el cese al fuego bilateral y definitivo, y de las FARC, de no regresar a la guerra. Uno de los sectores voceros del NO ha llamado a un gran acuerdo nacional y el gobierno colombiano ha hecho pronunciamientos en el mismo sentido; esperamos que ello no sea para desmontar todo lo avanzado sino para concretar el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.

El SI al plebiscito ganó en las regiones del país más azotadas por el conflicto armado durante décadas de acciones guerrilleras, paramilitares y fuerza pública. Las otras regiones, que no han sufrido el dolor, la muerte, la ignominia y la victimización con la misma intensidad, han inclinado la balanza nacional, con escasa diferencia de votos, hacia un NO apoyo político al acuerdo firmado en Cartagena por las partes. Tal vez hoy celebran los que interpretan ello como una victoria, en tanto nosotros, indígenas, afrocolombianos y campesinos de esta olvidada Colombia, recordamos y lloramos a nuestros muertos, colectivos victimizados y a nuestra territorialidad perdida o amenazada, a la vez que nos aferramos a esa relativa tranquilidad que nos han dado estos últimos años de tregua unilateral y, ahora, bilateral y definitiva.

Las comunidades indígenas y étnicas logramos, venciendo grandes obstáculos y oposiciones, que nuestros derechos fueran reconocidos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1.991 pero, en adelante, a cada momento debemos recordar al país la existencia de los mismos y luchar palmo a palmo para su implementación. No fueron una excepción las dificultades presentadas para lograr que estos derechos se tuvieran en cuenta en las negociaciones de la Habana, pero hay que reconocer que ello al fin se hizo posible con un capitulo étnico que forma parte del acuerdo. Igualmente en las negociaciones de la Mesa de la Habana lograron ser escuchadas las mujeres y las víctimas, así como organizaciones de derechos humanos. No concebimos ningún diálogo o pacto nacional sin la participación de quienes hemos logrado ese reconocimiento.

El capítulo étnico y el compromiso con el apoyo al cierre del conflicto fue ratificado por el CRIC y la comisión étnica de paz en la sesión con delegados de la Mesa de la Habana, en la María Piendamó, el 7 de septiembre del presente año. Igualmente, Gobierno nacional y FARC se comprometieron a su cumplimiento.

Planteamos que los diálogos y pactos que se hagan en el país deben contemplar de manera prioritaria a los sectores étnicos y sociales, con carácter diferencial y de género y con prioridad en las regiones de la Colombia azotada por la guerra. No aceptamos que el pacto nacional o cualquier salida a la crisis originada por la no aprobación del plebiscito sea resultado de acuerdos entre elites económicas y políticas; la democracia debe primar y no los conciliábulos. Como comunidades indígenas y afrocolombianas contamos desde ya con la comisión étnica de paz y/o la instancia especial de que trata el capítulo étnico del acuerdo final, así como con nuestras autoridades propias y organizaciones, en este caso como Consejo Regional Indígena del Cauca.

Nos preocupa que en tanto se da salida a la crisis no empiecen a funcionar mecanismos como la Comisión de Implementación Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR), ya que es una instancia clave, con componente internacional, para garantizar que aquello que se vaya pactando no contradiga el acuerdo y que no pueda considerarse como incumplimiento de una de las partes.

Igualmente nos preocupa que no empiece a funcionar desde ya la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual hace parte del acuerdo de “Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Las organizaciones sociales y en particular las comunidades indígenas y afrocolombianas, no podemos esperar a la solución de la crisis para que el gobierno colombiano adecue su institucionalidad de tal manera que dicha clase de organizaciones criminales, ubicadas regularmente en zonas de minería ilegal y legal y/o narcotráfico, no ocupen los territorios en que se haya movido las FARC e implementen acciones violatorias de la vida y los DDHH, como ya se ha visto en los últimos meses en el Cauca y Nariño, sin que, en la mayoría de los casos, precarios instrumentos existentes como la mesa de garantías, la fiscalía, los entes protectores y defensores de derechos humanos y la rama judicial muestren resultados o avancen positivamente.

En el mismo sentido reclamamos que empiece a funcionar el mecanismo de monitoreo y verificación MM&V y su componente internacional (CI-MM&V) de manera que se vigile directamente en el terreno para que, no obstante las dificultades para la implementación del acuerdo, las partes cumplan con el cese al fuego, bilateral y definitivo, como lo han expresado públicamente, y para que los sectores interesados en la continuidad de la guerra no generen o promuevan acciones que puedan ser interpretadas como violación del mismo.

Como Consejo Regional Indígena del Cauca participaremos en el IX Congreso de nuestra organización nacional ONIC, a celebrarse entre el 8 y 14 de octubre próximo en Bogotá.

Allí junto con demás autoridades y comunidades indígenas del país diseñaremos estrategias que aúnen voluntades para lograr un avance cierto hacia la paz con inclusión, justicia social y reconocimiento de la diversidad.

A los sectores sociales y regiones olvidadas y victimizadas de Colombia los llamamos a un gran diálogo entre iguales para que logremos constituirnos en actores decisorios en esta oportunidad histórica de poder terminar con este ciclo de violencia, la cual hoy se encuentra amenazada. Desde el Cauca, departamento con amplia movilización social ya hemos empezado a realizar esta tarea a la cual no podemos ser inferiores, por el bien de nuestras nuevas generaciones presentes y futuras, a las cuales no les podemos heredar un país que no les permita un buen vivir.

Al pueblo colombiano del SI o el NO, al de la abstención, al Gobierno colombiano, a las FARC, al ELN, a la comunidad internacional, les decimos nuevamente: Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA-CRIC

Popayán, 4 de octubre de 2016