El presidente de Fedegán citó cifras proporcionadas por la Agencia Nacional de Tierras, pero sus territorios están dispuestos para la colectividad y 26 millones de esas hectáreas corresponden a bosques naturales.

En medio de la coyuntura por la minga indígena, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, publicó un trino en el que afirmó que “Las comunidades indígenas tienen la cuarta parte de la tierra en Colombia (28,9 millones de hectáreas) y no hay un registro claro de cómo aportan a la economía nacional”. 

Ese mensaje iba acompañado de un link de una nota de Agro Negocios, cuyo título es “No hay datos sólidos que revelen cuál es el aporte de resguardos indígenas a la economía local”. 

En dicho texto, aparecen las cifras mencionadas por Lafaurie de la siguiente manera:  “Hoy en día, por ejemplo, según los reportes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las comunidades indígenas tienen 28,9 millones de hectáreas al corte del primer semestre de 2020. Es decir, 25,3% del total nacional, o lo que es lo mismo, una cuarta parte del territorio, teniendo en cuenta que Colombia posee una extensión de 114 millones de hectáreas”. 

En Colombiacheck dividimos el mensaje de Lafaurie en dos frases y les hicimos la correspondiente verificación por medio de un chequeo múltiple que presentamos a continuación.

“Las comunidades indígenas tienen la cuarta parte de la tierra en Colombia (28,9 millones de hectáreas)”

Nos pusimos en contacto con Lina Flórez, jefe de prensa de la ANT, y le solicitamos, por medio de un cuestionario, que nos indicara, entre otras cosas, “¿cuántos millones de hectáreas de tierra tienen los indígenas en Colombia hasta el corte de primer semestre de 2020?”, que es el límite de tiempo en el que se enmarca la cifra que dio Lafaurie.

Como respuesta a nuestra solicitud, nos envió un documento en el que se muestra que “el área total legalizada a comunidades indígenas asciende a 33´252.675 de hectáreas en 28 departamentos del país. Esto representa el 29% del total de la superficie de Colombia”, que es de 114´174.800 millones de hectáreas.

Sin embargo, esta cifra, a pesar de que es cercana, no coincide con la que dio Lafaurie basado en la información de la nota de Agro Negocios, que fue publicada el 14 de octubre de 2020.

Por esta razón, nos comunicamos con el periodista que la escribió y le pedimos que nos enviara los soportes que le dieron en la ANT para sustentar los datos.

De su parte, recibimos un documento de Excel con una tabla que registra el total de resguardos indígenas legalizados en Colombia y la respectiva proporción de tierra que les pertenece.

Al hacer la sumatoria de las hectáreas allí consignadas, obtuvimos los 28,9 millones de los que habla Lafaurie y no los 33 millones que se mencionan en el documento que recibimos directamente de la ANT.

Ante esta inconsistencia en la información, nos comunicamos de nuevo con la entidad para que nos explicara por qué son distintos los datos si se le solicitaron a la misma fuente y en fechas cercanas.

Al respecto, la jefe de prensa dijo que cuando previamente se le entregó material al equipo de Agro Negocios, la ANT no había alcanzado “a recopilar todos los mapas por departamento”. Finalmente, confirmó que el documento que se le proporcionó a Colombiacheck tiene la última actualización que se ha hecho sobre el tema.

Lafaurie usa una cifra que fue real, antes de la actualización por parte de la ANT, pero estos datos hay que tomarlos con pinzas al analizar el contexto de su afirmación y de las tierras de los indígenas.

En Colombiacheck, tres años antes, calificamos como cuestionable una frase similar de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, en el chequeo ¿La tierra está concentrada en manos de comunidades negras y resguardos indígenas?.

Cabal, que además es esposa de Lafaurie, dijo en el programa La Tele Letal, en 2017, que la tierra en Colombia “está en manos de los territorios colectivos de comunidades negras y en manos de los resguardos indígenas”. La afirmación fue calificada inicialmente como verdadera, pero. Sin embargo, usuarios de redes sociales, periodistas y expertos señalaron un error en la interpretación de los datos, por lo cual se cambió la calificación a ‘engañosa’, que es el equivalente de ‘cuestionable’ en nuestra metodología actual.

¿Cuál fue la razón? Que, a pesar de que los números que proporcionaba Fedegán, en un estudio sobre la propiedad rural, eran ciertos y mostraban que los indígenas son el segundo grupo poblacional con mayor cantidad de tierra en Colombia, después de los privados; no se estaba teniendo en cuenta (al igual que en el presente) que sus territorios están dispuestos para la colectividad y se manejan en pro del bien común, mientras que en el caso de los privados, por ejemplo, tanto la propiedad de la tierra como sus beneficios son de carácter individual.

De hecho, en el documento que nos entregó la ANT se afirma que “la propiedad indígena no podrá identificarse de manera individual a título de propietarios, siendo los territorios étnicos de carácter colectivo, que constituyen tierras comunales que son inembargables, imprescriptibles e inalienables”. 

Además, hay que tener presente que, como muestra la Radiografía de la Desigualdad de Oxfam de 2017, una confederación internacional de 20 oenegés que trabajan para poner fin a las injusticias que causan la pobreza, en Colombia “el 1% [de la población] ocupa 81% de la tierra, mientras que el 99% ocupa tan solo el 19%”, de acuerdo con datos obtenidos a partir del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En el chequeo pasado, Diana Güiza, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, nos explicó que, a la hora de mencionar la cantidad de tierra rural registrada a estas comunidades, resulta de vital importancia tener claro que son de baja calidad y, además, la administran de manera colectiva, esto quiere decir que ningún individuo de esas comunidades puede sacar provecho particular de la propiedad porque es colectiva, lo que no sucede con los privados que pueden negociar sus tierras de manera individual.

Aparte de esto, otro dato, citado en un informe de el Espectador, evidencia que los indígenas no pueden considerarse como terratenientes. “Los indígenas tienen cerca de 26 millones de hectáreas de bosques naturales en sus resguardos, según el Ministerio de Ambiente”, se indica en la nota, al igual que en esta publicación del mismo ministerio.

Aunque tanto el dato que dio la senadora Cabal, hace tres años, como el que dio su esposo, hace más de una semana, partieron de cifras oficiales, es necesario que se les ponga y se les analice a partir del contexto y de las dificultades de dichas comunidades, ya que eso permite comprender que su acumulación no tiene nada que ver con la que realizan los terratenientes que se mezclan con otra gran cantidad de propietarios privados de tierra rural.

Todo lo anterior indica, en resumen, que el hecho de que los indígenas tengan un porcentaje “significativo” de la tierra, en Colombia, no quiere decir que estén en condiciones privilegiadas o que tengan más beneficios que el resto de la población. Así que la primera afirmación de Lafaurie también es cuestionable.

“No hay un registro claro de cómo aportan a la economía nacional”.

La segunda parte del mensaje de Lafaurie dice, al igual que la nota de Agro Negocios, que no hay cómo saber de qué manera contribuyen los indígenas a la economía del país.

Sobre esto, Alejandro Barrera, magíster en Economía y Finanzas, analista económico y docente de la Universidad de Manizales, afirmó que si bien es difícil saber cómo aportan los indígenas a la economía nacional, es posible realizar algunas estimaciones.

En ese sentido, “según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, realizado por el DANE, se puede establecer que, en la pregunta por autorreconocimiento étnico, respecto a quienes se afirman en el país como indígenas (cerca del 3,9% de la población censada), se muestra que el 30,3% trabajó por lo menos una hora en una actividad que le generó algún ingreso y el 21,8% estudió”, explicó Barrera.

Para él, estos datos permiten hacer estimaciones indirectas del aporte de los indígenas a la economía nacional desde la variable de remuneración o su representación al sector educativo.

Por otro lado, en el artículo de El Espectador publicado en respuesta a la nota de Agro Negocios que, por cierto, generó polémica antes de la llegada de la minga indígena a Bogotá se explica que “si bien su impacto no puede ser medido en hectáreas cosechadas o cabezas de ganado, son una defensa efectiva contra la deforestación y el cambio climático”.

Respecto a ello, el diario nacional indica que “hay una deuda por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del DANE y de las autoridades ambientales para determinar el aporte de los resguardos indígenas en términos económicos. Pero medir ese aporte en hectáreas cosechadas, cabezas de ganado o hectáreas destinadas para la agricultura deja el aporte principal de los resguardos indígenas por fuera de la ecuación: el cuidado de los bosques del país”. 

En su nota, El Espectador citó a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente, que dijo lo siguiente en el octavo Encuentro por los Bosques de Colombia: “Yo creo que este tipo de declaraciones, que la verdad harían varios de nuestros mandatarios, surgen por pura y física ignorancia. Por eso, está en nuestras manos, las de los expertos y ambientalistas, hacer conocer más qué significan los resguardos y su rol en la protección cultural y biológica del país, que no pueden verse de forma separada”. 

Con las voces de estos dos expertos y los demás sustentos documentales, en Colombiacheck calificamos como cuestionable la afirmación de Lafaurie que sostiene que “no hay un registro claro de cómo aportan [los indígenas] a la economía nacional” porque si bien no hay documentos específicos que recojan toda esa información de manera detallada, sí es posible realizar estimaciones generales. Asimismo, hay que considerar que estas comunidades hacen otro tipo de aportes enormemente significativos para el país que no están contemplados dentro de lo económico, pero sí dentro de lo ambiental y cultural. 

Tomado de: Colombiacheck.com

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