El día 4 de agosto de 2019, se llevó a cabo la audiencia pública convocada por las Autoridades Ancestrales del municipio de Toribío norte del Cauca con la finalidad de denunciar las vulneraciones a los derechos humanos que han venido ocurriendo en los últimos días, que les ha costado la vida a dos comuneros indígenas, Gersain Yatacue coordinador de la guardia en la vereda San Julián y Enrique Guegia Medico Tradicional y kambuwesx del cabildo de Tacueyo quienes fueron asesinados por hombres desconocidos.

En este espacio asistieron las diferentes autoridades de Toribio, Tacueyo, San Francisco, Jambaló, la Asociación de Cabildos Indígena del Norte del Cauca-ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y comunidad en general, quienes se pronunciaron sobre los hechos que enlutan al movimiento indígena con la ola de asesinatos que se han presentado en estos territorios, hechos que causan desarmonía en las comunidades.

Además, mencionaron la intención de intimidación y desestabilización de la organización y proceso, lo cual viene siendo parte de un plan sistemático de exterminio ante los que hacen frente a un sistema dominante que pretende imponer y defender forzadamente sus intereses políticos y económicos.

Así mismo, se habló sobre la proliferación de cultivos utilizados para uso ilícito como marihuana y coca en los territorios, estos productos han causado una crisis en la producción agrícola de la región y de todo el país. Sumado a eso, los malos precios que han tenido los productos propios en el mercado en los últimos 30 años han presionado a muchas familias a usar sus tierras para cultivar coca con propósitos distintos a los tradicionales, y a incorporar los cultivos de marihuana y amapola. En consecuencia, de eso las autoridades indígenas sostienen que los cultivos ilegales son esencialmente un problema del Estado y este los debe resolverlo en concertación con las comunidades.

Este problema del narcotráfico y los cultivos ilegales se pudieron haber resuelto hace mucho tiempo si el Estado estuviera interesado en que este problema se acabara de raíz, pero se han empeñado faltando a los compromisos realizados con las familias cultivadoras, creando total escepticismo sobre la sustitución de cultivos y el paso a economías sustentables. Es así que el gobierno promete, pero luego incumple sin vergüenza y promueve la erradicación forzada y el glifosato, meten a algunas familias a la cárcel… y al final el problema queda sin resolverse de raíz”. Se mencionó en la audiencia pública.

El problema más grave es la violencia que acompaña esta economía. Pues los narcotraficantes necesitan de las armas para proteger y promover su negocio ilegal, los dineros del narcotráfico son el combustible para todos los grupos armados – legales e ilegales-, y estos grupos actúan como delincuencia de los narcotraficantes. Como si fuera poco, hoy existe decenas de grupos delincuenciales -los llamados disidentes- que operan muy pocas veces como un cuerpo único y en todo caso sin ningún programa político conocido, los mismos que a veces aparece como ELN y otras como EPL, como si fueran marcas que se usan e intercambian. Estos mismos emiten panfletos a nombre de Águilas Negras, Cartel de Sinaloa, Renacer Quintín Lame dejando entrever claramente que todo corresponde a una estrategia de inteligencia militar para justificar la guerra sucia en nuestros territorios.

Esta violencia ha dejado como resultado el asesinato de 33 personas, la ejecución de 7 atentados dirigidos contra autoridades ancestrales y comuneros, circulación de 38 amenazas colectivas e individuales en diferentes territorios indígenas del norte del Cauca en lo corrido del último año. Es así que la terminación del conflicto del Estado con las FARC ha dejado un panorama más grave que el que había antes de los acuerdos, principalmente por los incumplimientos a los excombatientes y a los compromisos en materia de reforma rural.

Por: programa de Comunicaciones-CRIC

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