En el Salón Fundadores de la Universidad del Cauca, en Popayán, se realizó el “Coloquio sobre Genocidio” organizado por la Universidad del Cauca, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad Especial de Investigación, y la Universidad de York del Reino Unido, un escenario académico y jurídico que reunió a representantes de la academia, la justicia y las autoridades indígenas para abordar las afectaciones históricas y sistemáticas contra el Pueblo Nasa, así como las responsabilidades institucionales frente a las violencias que continúan amenazando su pervivencia física, cultural, política y espiritual.

Bajo el tema «El genocidio del Pueblo Nasa», el encuentro puso en discusión las denuncias que durante décadas han sostenido las comunidades y el movimiento indígena frente a los asesinatos, las persecuciones, el desplazamiento, el reclutamiento, las desapariciones y otras formas de violencia que no solamente afectan la vida de sus integrantes, sino también sus estructuras organizativas, sus autoridades, sus sistemas de gobierno y sus formas propias de existencia en el territorio.

Uno de los aspectos centrales del coloquio fue el análisis hacia el primer caso por genocidio contra un pueblo indígena en Colombia y Latinoamérica, una actuación adelantada por la Fiscalía General de la Nación que representa un avance en el reconocimiento institucional de las denuncias históricas del Pueblo Nasa. Este proceso no surge del conocimiento reciente de las violencias por parte de la justicia ordinaria, sino de años de documentación, exigencia y trabajo organizativo de las autoridades indígenas, el Programa Justicia Propia del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, los equipos de Derechos Humanos, las áreas jurídicas de los territorios y los procesos de justicia propia, que han recopilado información y denunciado las diferentes afectaciones contra las comunidades.

La apertura de este caso constituye un escenario trascendental porque permite examinar la existencia de patrones de violencia y actuaciones sistemáticas dirigidas contra la integridad de un pueblo, entendiendo que las agresiones no se limitan al exterminio físico, sino que también buscan afectar su identidad, cultura, organización política, pensamiento y espiritualidad.

En el desarrollo de la discusión se plantearon elementos de comparación con otros procesos históricos de persecución y exterminio, entre ellos el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y la persecución del pueblo judío durante el régimen nazi en Alemania, con el propósito de examinar las características de las violencias sistemáticas y los elementos que deben considerarse desde el ámbito jurídico para investigar estos hechos. Esta discusión adquiere especial importancia para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que el reconocimiento de un genocidio no puede limitarse a establecer responsabilidades cuando las afectaciones ya han ocurrido, sino que debe conducir a medidas inmediatas que permitan detener las acciones que ponen en riesgo su existencia.

En ese sentido, durante el encuentro se insistió en que no se puede esperar a que concluyan las investigaciones o aumente el número de víctimas para que las instituciones actúen, pues las amenazas, los asesinatos, el reclutamiento y las desapariciones continúan afectando a las comunidades y sus procesos organizativos.

La dimensión de estas afectaciones también fue expuesta a partir de cifras presentadas por el Mayor Edwin Capaz, coordinador de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, quien señaló que durante los últimos diez años han sido asesinados 43 guardias indígenas, 15 autoridades indígenas en ejercicio y 20 sabedores ancestrales, mientras que en los últimos cuatro años se ha registrado el reclutamiento de 1.020 niños, niñas y adolescentes, además de más de 500 personas desaparecidas que hacen parte de los procesos de búsqueda documentados en el Plan Regional de Búsqueda.

Estos datos evidencian la dimensión de las vulneraciones que enfrentan los pueblos indígenas y sus consecuencias sobre las familias, las autoridades, los procesos de formación, la transmisión de conocimientos y las estructuras organizativas que sostienen la vida colectiva en los territorios. Frente a esta realidad, uno de los planteamientos centrales fue la necesidad de superar una respuesta institucional concentrada en recibir denuncias, registrar hechos y contabilizar víctimas, mientras permanecen las condiciones que permiten la continuidad de las violencias.

En consecuencia, el reconocimiento jurídico del genocidio del Pueblo Nasa debe estar acompañado de políticas, mecanismos y acciones concretas de prevención y protección, con responsabilidades claras por parte del Estado colombiano. La discusión no puede quedarse exclusivamente en el ámbito académico ni reducirse a la apertura de una investigación penal, pues también compromete a los sectores políticos, administrativos, académicos y a las instituciones encargadas de garantizar los derechos humanos.

La exigencia es que se avance en el esclarecimiento de los hechos, la identificación de responsabilidades y la adopción de medidas que protejan a las comunidades, sus autoridades, sus territorios y sus procesos de organización, especialmente cuando las afectaciones siguen ocurriendo y comprometen las posibilidades de continuidad de los pueblos indígenas.

Otro de los componentes abordados fue la articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la justicia ordinaria, teniendo en cuenta los avances construidos desde las estructuras jurídicas del Movimiento Indígena. En este proceso se destacó el trabajo del Programa de Justicia del CRIC, las áreas jurídicas de los territorios y la Escuela Jurídica Cristóbal Sécue, cuyos aportes han permitido avanzar en escenarios de coordinación, interlocución y diálogo entre los sistemas de justicia, bajo principios de respeto, reconocimiento y exigencia de derechos.

Esta articulación resulta fundamental para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia, sin desconocer la autonomía de los pueblos indígenas, sus competencias jurisdiccionales y sus formas propias de ejercer autoridad y gobierno. Se trata de construir mecanismos de coordinación que reconozcan la existencia de la justicia propia y permitan que las instituciones del Estado asuman sus responsabilidades sin desconocer los derechos colectivos ni la autonomía territorial.

De igual manera, el encuentro permitió abordar los desafíos que tienen las autoridades y las estructuras organizativas indígenas frente a la defensa de la vida y la protección de sus comunidades, pues la búsqueda de justicia también requiere fortalecer las capacidades propias para documentar las vulneraciones, acompañar a las víctimas, ejercer gobierno y responder a las distintas formas de violencia que afectan los territorios.

En esta dirección, se planteó la importancia de mantener los procesos de formación, dar continuidad a los estudios jurídicos, fortalecer las escuelas de justicia y consolidar los ejercicios de gobierno propio desde las comunidades, como herramientas organizativas necesarias para enfrentar las amenazas y exigir el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

El Coloquio sobre Genocidio permitió llevar al escenario académico y jurídico una problemática que el Pueblo Nasa y el movimiento indígena vienen denunciando históricamente, poniendo en discusión la necesidad de que el reconocimiento de estas violencias se traduzca en decisiones institucionales y garantías efectivas.

La apertura del caso representa un paso en la búsqueda de justicia, pero no constituye por sí sola una respuesta a las afectaciones que continúan presentándose en los territorios. Para los pueblos indígenas, el desafío está en avanzar hacia el esclarecimiento de las responsabilidades, detener las acciones que amenazan su existencia, garantizar la protección de las comunidades y establecer medidas de no repetición. La justicia no puede limitarse a investigar los hechos del pasado mientras las mismas violencias continúan ocurriendo en el presente; corresponde al Estado colombiano asumir sus obligaciones y garantizar las condiciones para la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

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