En la Junta Administradora de Agua Potable Regional Nitón – Chiquicha – Sucre, se vienen realizando desde el mes de diciembre diversos talleres y reuniones con la finalidad de poder –con conocimiento de causa- realizar el llenado de los formularios de la consulta previa sobre la Ley de Aguas, así lo afirmó Olger Asqui, Presidente de la Institución.
El pasado viernes 8 de marzo se reunieron con este fin y este viernes 15 de marzo, comuneros y comuneras usuarias del sistema de agua, se están reuniendo nuevamente para discutir uno a uno los temas sustantivos de la consulta previa.
Sobre el tema sustantivo: DERECHO PROPIO O CONSUETUDINARIO, la JAAP Nitón cree que los conflictos por el agua son numerosos en todo el país y la gran mayoría no se resuelven. Unos están en la jurisdicción de las organizaciones comunitarias y otros en las competencias del Estado. Muchos de estos conflictos surgen por la superposición de los dos tipos de normas, de procedimientos y de administración de justicia.
Por lo mismo la posición de la JAAP NITON ante este tema es que: Las decisiones internas que tomen las organizaciones comunitarias, pueblos, nacionalidades, juntas de agua y de riego, deben ser respetadas por la jurisdicción e instituciones del Estado, teniendo en cuenta el marco constitucional y legal del país.
Así lo demanda Miguel Chuncho, usuario de la Junta de Nitón pues dice que “Cada comunidad conoce claramente su realidad y el terreno donde pisa, por lo tanto sería ilógico que un organismo del Estado totalmente alejado de esta realidad imponga sanciones a los usuarios por alguna falta que bien podría ser resuelta al interior de la junta y de manera rápida”.
La ley debe establecer normas que prevengan la generación de conflictos, como por ejemplo definir los caudales ecológicos y los caudales para diferentes usos. La distribución del agua debe hacerse en función de las necesidades de cada territorio.
Es necesario establecer una disposición transitoria para solucionar los conflictos pendientes en un plazo de dos años.
RESUMEN
Las decisiones internas que toman las organizaciones deben ser respetadas por la jurisdicción e instituciones del estado. La ley debe tener normas que prevengan la generación de conflictos. Es fundamental una disposición transitoria que solucionen los conflictos pendientes.
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