Estamos informando que la región de Tierradentro, específicamente en el resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, municipio de Inzá, se han producido enfrentamientos entre indígenas y campesinos. Dicha situación ha sido generada por decisiones de la doctora Deyfan Silva Meneses, secretaria de Educación del departamento del Cauca y estimulados por la rectora impuesta por el departamento,
Manuela Silva y otros profesores que pretenden arrebatar al cabildo la propiedad y la administración de la Institución Educativa Micro Empresarial de San Andrés de Pisimbalá y se oponen al desarrollo del Sistema de Educación Propio, contrariando la normatividad constitucional y la legislación indígena.
Desde mediados del mes de abril las comunidades y las autoridades indígenas han estado presionando ante varias instancias como el ministerio de Educación Nacional, a través de la Mesa de Concertación Nacional, y la Gobernación del Cauca para que resuelvan la situación creada por el decreto 0102 de abril del 2010, por medio del cual la Secretaría de Educación del departamento del Cauca excluyó a 32 establecimientos educativos que hacían parte del decreto 0591 de diciembre de 2009, entre ellos dicha institución. Este decreto reconoció las instituciones educativas situadas en territorios indígenas del Cauca y aquellas que atienden población mayoritariamente indígena.
En innumerables reuniones donde las autoridades indígenas han convocado a las instituciones se ha tratado el tema hasta el cansancio, buscando encontrar salidas al problema creado por la secretaría de Educación departamental del Cauca, y por el contrario, la gobernación del Cauca y los politiqueros de Inzá han continuado estimulando el sentimiento racista y pronunciándose en contra de una educación diferencial, dando resultados como lo sucedido el día de hoy, 28 de mayo de 2010, donde el enfrentamiento entre comuneros de la región, ha dejado varios heridos, entre ellos el tesorero del cabildo Gerardo Campo, quien fue retenido ilegalmente, así como la confiscación de una cámara de video perteneciente al comunicador indígena de la región.
Otra situación similar que confirma la actitud racista de la administración departamental del Cauca, se presentó el 25 de los corrientes, al asistir la delegación indígena a la comisión técnica que trabajaría en torno al censo indígena y los datos del SIMAT. Dicha comisión tenía la tarea de verificar el origen de la población escolar de la Institución Educativa Micro Empresarial de San
Andrés de Pisimbalá. Allí, se rompió el acuerdo de que la reunión se realizara con 8 delegados indígenas y 8 campesinos, pues se permitió, por parte de la Secretaria de Educación del Cauca, el ingreso de más de 50 delegados campesinos mientras impedía la entrada de la delegación indígena, a la cual se le agredió con insultos e improperios.
Como conclusión de estos acontecimientos, se afirma que la Secretaria de Educación del Departamento del Cauca, con estas actuaciones está promoviendo el rompimiento de la convivencia ciudadana y la armonía social en diferentes territorios donde hay población indígena y campesina, situación que puede conllevar a otros hechos graves de violación de los derechos humanos, contrariando así los fundamentos de la existencia de las naciones democráticas del mundo moderno.
Por lo anterior, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, responsabiliza a la Secretaria de Educación departamental del Cauca de los hechos que se sigan sucediendo en el territorio indígena de San Andrés de Pisimbalá y en los otros territorios afectados por el decreto 0102. Reclamando también que la Procuraduría investigue las actuaciones de la doctora Deyfan Silva Meneses, a quien se considera la directa responsable de los hechos sucedidos en el municipio de Inzá.
Es claro para la Consejería Mayor del CRIC, que este problema solo tendrá solución cuando sea tratado con presencia y participación de organismos que garanticen neutralidad de las instituciones del Estado y se controle la actitud racista de los funcionarios del gobierno departamental, de la administración municipal de Inzá y del magisterio. En consecuencia convocamos a la UNESCO, a la UNICEF, a organismos de control del Estado colombiano y organizaciones defensoras de los derechos humanos del orden nacional e internacional a que se unan con su presencia a la solución de esta problemática que afecta no solo el derecho a la educación sino a la pervivencia de los pueblos indígenas del Cauca y del país.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, mayo 28 de 2010
