Hoy viernes 11 de julio, la Juez Segunda Penal del Circuito Especializado de Popayán emitirá el sentido del fallo contra los militares del Batallón José Hilario López que están siendo juzgados por el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcué. La audiencia que está citada a las 9:30 de la mañana se llevará a cabo en el Palacio de Justicia de la ciudad de Popayán.
En los alegatos finales que se desarrollaron la semana inmediatamente anterior, tanto la representante de la Fiscalía General de la Nación, como los abogados representantes de las víctimas, Soraya Gutiérrez Arguello, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados «José Alvear Restrepo», y Omar Hernández Garay de la Asociación MINGA, solicitaron la condena de los militares, argumentando un asesinato en persona protegida, con dolo.
Por su parte, el representante de la Procuraduría General, y el abogado defensor de los militares, Luís Hernando Castellanos Fonseca, solicitaron la absolución de los mismos, manifestando éste último que el asesinato de Legarda, fue un error inducido y que el Pelotón Galeón 7 se encontraba adelantando maniobras de carácter militar en el contexto de la misión táctica «diáfano», emitida por el comando del batallón José Hilario López el 1 de diciembre de 2008.
Para los representantes de las víctimas, es claro que esta argumentación no corresponde, por cuanto, si bien es cierto, que los soldados campesinos no llevaban más de un año, como miembros del ejército nacional, esto no quiere decir que no hayan recibido la suficiente capacitación, tal y como argumenta la defensa de los militares.
De la misma forma manifiestan su preocupación frente a la posición del agente especial del Ministerio Público, quien en sus alegatos finales, cuestionó no sólo el seguimiento de la comunidad internacional frente al caso, sino la competencia de la justicia ordinaria, aduciendo que la Justicia penal Militar, era la llamada a realizar la investigación por estos hechos, cuando reiterada jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, no pueden ser consideradas como actos cometidos en ejercicio del servicio.
Por el homicidio del líder indígena, el Fiscal 41 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, presentó escrito de acusación el 26 de mayo del 2009, ante el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Popayán, contra, José Hilario López, Sargento Vice Primero Alexis Ramírez Vivas, Cabo Tercero Ejército Nacional Javier Adolfo Osorio Díaz Soldado Campesino Numar Armido Buitrón Cabezas, Soldado Campesino Lizandro Obando Caicedo, Soldado Campesino Javier Francisco Belalcazar Trochez, Soldado Campesino William Weimar Lemeche Hurtado, Soldado Campesino Andres Casso Chate, miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al Batallón José Hilario López del Ejército Nacional, como presuntos responsables de homicidio en persona protegida por haber asesinado indiscriminadamente a un líder indígena.
Esa madrugada del 16 de diciembre del 2008, en el sitio de san Pedro, corregimiento de San Gabriel, municipio de Totoro departamento del Cauca, se produjo la ejecución extrajudicial del comunero indígena Edwin Legarda, Vásquez por parte de los miembros del pelotón Galeón No. 7 adscrito al Batallón José Hilario López del Ejercito Nacional.
Al momento de los hechos José Edwin conducía la camioneta propiedad del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, y se dirigía en compañía de la indígena y coordinadora general del Hospital de Inza, Liliana Valdés Pena, a recoger a la entonces Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- Aida Marina Quilque Vivas, quien asistiría a la junta directiva de autoridades indígenas departamentales que se desarrollaría en el resguardo indígena de Togoima Municipio de Páez- Cauca , y que acababa de regresar de la ciudad de Ginebra – Suiza- después de haber participado en el examen periódico universal sobre Colombia en la sede de Naciones Unidas.
Efectivamente, este crimen se cometió mes y medio después que el presidente Álvaro Uribe Vélez, en el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se inicio en el mes de octubre del 2008, se reuniera en el resguardo de la María de Piendamó con las autoridades indígenas departamentales y nacionales, donde una de las voceras principales fue la líder Aida Quilcue Vivas.
Al finalizar la audiencia se realizará una rueda de prensa en las instalaciones del Palacio de Justicia de la ciudad de Popayán.
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