“La Gran Nación Embera Expresamos enérgicamente nuestro más profundo repudio e indignación ante el accionar criminal del Estado Colombiano ante la captura del Compañero y hermano Feliciano Valencia líder Nasa.» Expresamos nuestra profunda preocupación por el efecto adverso y el goce de los derechos humanos que tales actos provocan a nivel de los pueblos indígenas en Colombia y a nivel de la jurisdicción de nuestro ejercicio de aplicabilidad de gobierno propio.
Los defensores de los Derechos de los pueblos indígenas son víctimas de acosos, detenciones, torturas, difamaciones, privaciones de libertad y obstáculos en el reconocimiento de la defensa de nuestros derechos. Las acciones del estado Colombiano han devenido en violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de miles de pueblos y comunidades indígenas, derechos protegidos por la legislación y los principios de la constitución política del 91.
De parte del estado Colombiano pareciera que no reconoce; los derechos humanos como valores universales y garantías jurídicas que protegen a personas y grupos en este caso específico de pueblos y comunidades indígenas contra acciones y omisiones primordialmente de agentes del Estado que interfieren con las libertades fundamentales, los derechos y la dignidad humana. El espectro completo de los derechos humanos implica el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, así como el derecho al desarrollo. Los derechos humanos son universales, es decir, pertenecen intrínsecamente a todos los seres humanos, y son interdependientes e indivisibles.
Claramente la persecución a los líderes indígenas ha tenido efectos muy reales y directos sobre los derechos humanos, con consecuencias devastadoras para el ejercicio del derecho a la vida, la libertad y la integridad física. Además de ese costo individual, la persecución desestabiliza los procesos organizativos, socavando a las comunidades indígenas, poniendo en peligro la paz, la seguridad y amenaza al desarrollo social y el ejercicio de gobernabilidad. Todos estos tienen también efectos reales sobre el goce de los derechos humanos.
En este sentido la seguridad del individuo es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, la protección de los individuos es una obligación fundamental del gobierno. El estado Colombiano, en consecuencia, tiene la obligación de velar por los derechos humanos de sus nacionales y de otros mediante la adopción de medidas positivas para protegerlos contra la amenaza de actos de persecución y para llevar ante la justicia a los autores de esos actos.
Sin embargo en los últimos sesenta años (60), las propias medidas adoptadas por el Estado para luchar contra la persecución a los líderes indígenas con frecuencia ha planteado graves retos a los derechos humanos y el imperio de la ley. El Estado ha recurrido a la muerte y otros malos tratos, en tanto que ha consolidado estrategias y prácticas militar cuyo objeto es generar condiciones de vulnerabilidad y en muchas ocasiones han utilizado medidas represivas para ahogar las voces de los líderes indígenas defensores de los derechos humanos.
Al respeto de los derechos humanos el imperio de la ley debe constituir la base fundamental de procurar prevenir actos de terrorismo de parte del estado a sus conciudadanos, al contrario debe llevar a cabo investigaciones con transparencia para enjuiciar a los responsables de esos actos criminales, promoviendo y protegiendo los derechos humanos. Tomando medidas para hacer frente a la discriminación étnica; condiciones que propician la propagación de persecución y violaciones de los derechos humanos de los líderes indígenas; Caso concreto de Feliciano Valencia capturado el día 15 de septiembre del 2015.
Entre otros cargos, se reactiva un montaje por el que ya había respondido demostrando su inocencia: Feliciano fue vocero de un proceso indígena según la jurisdicción reconocida por la Constitución de Colombia, en la que una comunidad capturó en flagrancia a un militar en servicio activo infiltrado en una movilización pacífica con material militar. Si hubiera alguna culpa en este caso, sería de toda la comunidad indígena, de todos y todas los indígenas de Colombia y de la Constitución que reconoce su derecho a juzgar, sentenciar y corregir según la justicia ancestral, los usos y costumbres.
Es decir que a la cárcel deberían ir todos los pueblos indígenas de Colombia y desbordarlas para que se haga visible este atropello mayúsculo. Pero son inocentes, mientras que los asesinos, torturadores, despojadores, secuestradores, autores de montajes terroristas y criminales bajo órdenes del propio Presidente de la República, son culpables y deben asumir las consecuencias de sus actos y sufrir en carne propia lo que hacen sufrir a quienes ahora, de nuevo son sus víctimas y del sistema, hasta aprender. Eso sí, despojados del poder que han usurpado. Están libres y acusando los criminales y en prisión el vocero de un acto colectivo y comunitario de las víctimas.
Probablemente es un primer hecho del simulacro preparado a partir de la farsa y rampante programa de Séptimo Día, una de cuyas intenciones clara fue la de manchar la hoja de vida de Feliciano Valencia para facilitar estas acciones en su contra. Debía la justicia Colombiana investigar a otros que si han cometido genocidio en el estado Colombiano ellos aun caminan y se pasean libremente; usufructuando los bienes que han robado; mientras a los defensores de los derechos indígenas y otros se persigue como si fueran terroristas. Por ejemplo, los asesinos materiales y el asesino que ordenó desde el más alto cargo del régimen el homicidio de Edwin Legarda por parte del ejército colombiano para eliminar a la vocera de la Minga y Consejera del CRIC Aida Quilcue, no sólo es un honorable expresidente sino que funge como Senador, dirige un partido político y está detrás de este montaje, cuyos efectos e intenciones apenas empiezan a hacerse visibles con la captura de Feliciano. El terror y la persecución que se ambientaron con la propaganda de tres programas de Séptimo Día en horario de máxima audiencia durante tres domingos, ha empezado a ejecutarse. ¿Quienes pagaron y diseñaron esa propaganda al servicio del terror?
El mal llamado secuestro de Jairo Danilo Chaparral Santiago en el 2008 y la inexistente violación de derechos humanos, corresponde al juicio y a la condena públicos y transparentes a un militar activo infiltrado de manera ilegal con fines terroristas en una movilización pacífica, ya que se le encontró material militar que seguramente iba a ser sembrado dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria para respaldar con hechos fabricados (falso positivo), las aseveraciones mentirosas del criminal presidente Álvaro Urbe Vélez. Actuando contra la ley y el derecho, Uribe y sus ministros y militares más cercanos y de más alto rango, desinformaron a la opinión pública, atacaron con armas de fuego y encapuchados a esta movilización y fabricaron con violencia estatal y paraestatal la versión falsa de la violencia indígena. El cabo tercero del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago obedecía órdenes que hacían parte de estos operativos y montajes criminales provenientes de la propia Presidencia de la República.
En una más de las inversiones perversas de la (in)justicia colombiana, los criminales, incluidos el cabo capturado en flagrancia resulta ser la víctima y el vocero de la comunidad Feliciano Valencia, el victimario. Quien en ejercicio de funciones comunitarias de justicia colectiva aparecía de manera visible entre miles de comuneros y comuneras que participaron en el ejercicio de justicia comunitaria constitucional. Si Feliciano Valencia hubiera cometido un delito, su delito sería haber obedecido y cumplido con la ley y la Constitución de Colombia y con el mandato comunitario. En consecuencia, todos los comuneros y comuneras son culpables con Feliciano y todos y todas deben cumplir la sentencia que este Estado criminal y el travestismo de su (in)justicia representan.
Todas y todos los indígenas del Cauca y de Colombia debemos marchar a la cárcel con Feliciano para cumplir con la (in)justicia. O, mejor aún, Álvaro Uribe Vélez, su gobierno, los militares a su servicios y la maquinaria corrupta que hoy captura y sentencia a Feliciano con intereses claramente electorales; toda esa mafia asesina, secuestradora, terrorista, violadora de derechos humanos que convierte a los victimarios en víctimas debe, en derecho cumplir una condena justa. Uribe, por ejemplo, debería sufrir la miseria y el despojo al que ha contribuido a someter a los pueblos indígenas hasta cuando por su propia experiencia y despojado de un poder que no merece, aprenda en carne propia lo que abusivamente hace sufrir a millones de colombianos y colombianas. Feliciano Valencia no es un mártir, es solamente un indígena entre muchas y muchos que el régimen utiliza ahora para suplantar su ilegitimidad con el poder de la injusticia en sus manos.
En este sentido, la gran nación embera y sus organizaciones denunciamos la utilización de los medios estatales para perpetrar hostigamientos en contra de los defensores y líderes indígenas a través de mecanismos tales como las detenciones arbitrarias, agresiones, intimidación, vigilancia y seguimientos; a los líderes indígenas; entendiendo que la defensa de los derechos humanos es una acción necesaria y legítima para la democracia resolvemos:
- condenamos la actuación del El estado Colombiano que sistemáticamente a invocado la seguridad nacional y la seguridad pública para limitar el alcance de las actividades de los defensores de derechos de los pueblos indígenas y demás defensores, sometiendo a detenciones y procesos penales por cargos de a «obstrucción de la vía pública», «incitación al delito; justificando de esta manera sus actos criminales”
- Denunciamos públicamente ante la comunidad nacional e internacional que el Estado colombiano, su gobierno y justicia de turno ha incurrido con frecuencia a la legislación para silenciar a los defensores y los opositores políticos, tipificando como delito las actividades de los defensores de derechos de los pueblos indígenas, hasta la utilización de disposiciones de los códigos penales, vulnerando libertad de expresión
- Denunciamos a nivel nacional e internacional al estado Colombiano por la medida de acciones ilegales para haber vulnerado los derechos a la libertad, detención y condena arbitraria al hermano Feliciano Valencia en virtud de acusaciones falsas.
- exigimos que el compañero y hermano líder Nasa Feliciano Valencia sea liberado “inmediatamente por la justicia Colombiana”.
- instamos al gobierno del estado Colombiano que debe abstenerse de calificar a los defensores de los derechos de los pueblos indígenas de peligrosos y a sus actividades de ilegales o amenazadoras para la seguridad del Estado. En lugar de ello, deberían encaminar su importante papel y sus esfuerzos en favor de la promoción, la protección y el pleno disfrute de los derechos ancestrales por parte de todos. Ése es el primer paso hacia un entorno del proceso de paz y de trabajo seguro para los defensores de derechos de los pueblos indígenas.
- Exigimos que haya en efecto, la existencia de un ámbito en el que imperen la expresión de un pensamiento independiente y de libertad en aras de mejorar el nivel de protección de los derechos ancestrales y acciones de los gobiernos indígenas.
- Responsabilizamos al gobierno de turno y su justicia por lo que le pueda pasar a Feliciano Valencia y por lo tanto exigimos que se garantice la seguridad y protección a su vida como garantía de sus derechos.
Comunicado Manifiesto por las Autoridades embera del país asentados en 18 departamentos Reunidos en la ciudad de Bogotá los días 14 y 15 de septiembre del presente, en el marco del seguimiento del plan salvaguarda de la Nación Embera.
CRIDEC, OIA, CRIR, ORIQUIN, KAMAENCA, ACIESNA, ASOREWA, FEDEREWA, CRICH, META, CAQUETA, TOLIMA, HUILA, SUR DE BOLIVAR, BOGOTA, SANTANDER, BOYACA, VALLE DEL CAUCA, CAUCA.