El Cauca, así como el Suroccidente colombiano, ha sido visto por los diferentes gobiernos del país como una región para el extractivismo y el saqueo, en donde las poblaciones hemos sido un estorbo para sus negocios e ignoradas como comunidades y personas con derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y políticos. Para lograr ser sujetos de derechos las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas y los pobres de las ciudades hemos tenido que movilizarnos de manera permanente y luchar directamente por lo que nos pertenece; algunos hablan de acciones de hecho, nosotros las ejercemos como acciones en derecho.

El Cauca es uno de los pocos departamentos de Colombia con mayoría de población rural, por lo cual hemos sido afectados por políticas de Estado que atentan contra nuestras economías tales como: los Tratados de Libre Comercio (TLC) que no permiten el posicionamiento de nuestros productos en el mercado nacional; las normas fitosanitarias; la baja inversión en vías e infraestructuras y desarrollo agropecuario; el ataque a nuestras semillas nativas y la imposición de semillas transgénicas; así como  la concesión inconsulta e irresponsable de nuestros territorios a las grandes mineras transnacionales. A ello se suman la minería ilegal, el narcotráfico y la acción de un conflicto armado de décadas, y ahora de bandas criminales y disidencias, que atenta gravemente contra la vida, la seguridad, nuestros gobiernos propios, nuestros territorios y las economías propias.

El ataque del modelo económico nacional contra las poblaciones de nuestros departamentos ha llevado a que una parte de las mismas, como alternativa suicida de sobrevivencia hayan entrado como cultivadora de coca, marihuana, y en otros tiempos amapola, con destinación al mercado del narcotráfico, o se haya vinculado a la minería ilegal. Ello ha causado una distorsión en la economía de zonas del departamento, en términos de precios de los productos de consumo y el valor de los jornales, y ha atraído a grupos armados ilegales, que erosionan a la gobernabilidad, los lazos de comunidad, la solidaridad y la confianza.  Es de destacar que ya se presenta también el micro-tráfico en nuestra región y su criminal fomento del consumo dirigido hacia las instituciones educativas.

Las autoridades indígenas de las comunidades del CRIC nos hemos opuesto a estos cultivos, habiendo tenido éxito en algunos casos, pero no siempre con la aceptación de toda la comunidad pues las familias requieren alternativas económicas y sociales que no podemos garantizar. Por eso hemos exigido a los diferentes gobiernos nacionales, desde el acuerdo de Jambaló en 1.992, un Plan integral para la sostenibilidad de nuestras economías propias pero ello no se ha sido posible. Ahora, con los temas de PNIS y PISDA, teniendo en cuenta el capítulo étnico del acuerdo de paz y la consulta previa que allí se prevé, hemos hecho una propuesta de sustitución manual, gradual y concertada, en el marco de un plan integral de vida para todas las comunidades indígenas del Cauca, articulado al buen vivir de toda la población.

Las soluciones que han planteado los diferentes gobiernos nacionales siempre se han dirigido a cambiar un producto de destinación ilegal por otro legal, partiendo de erradicación inicial, tomando como base a la familia pero sin tener en cuenta a la comunidad y mucho menos a nuestras autoridades indígenas y a nuestro Consejo Regional Indígena del Cauca; las pocas veces que hemos podido plantear la propuesta de una solución integral en el marco de un plan de vida regional, no hemos encontrado ninguna opción de diálogo al respecto.

La situación que se vive hoy en varios municipios del Cauca con la acción violenta contra la vida y la integridad por parte de grupos armados ilegales (cuyo combustible son las cadenas del narcotráfico y la minería) es solo una muestra de un fenómeno que se está expandiendo hacia todas las zonas del departamento y la región. Hoy tenemos presencia fuerte de estas acciones en el Norte y Nororiente del Cauca, en la Cordillera occidental (de Norte a Sur) y en la olvidada Costa Pacífica, y se empiezan a dar brotes en Tierradentro, el Macizo colombiano y la zona centro del departamento del Cauca.

El gobierno colombiano ha dicho que la situación de acciones violentas de estos grupos ilegales en las comunidades indígenas se está presentando porque en uso de nuestra autonomía no permitimos la entrada de la fuerza pública, lo cual no es cierto pues todos los municipios del Cauca cuentan con estaciones de policía y en todos hay presencia de batallones del ejército y/o la marina, incluso en áreas de conservación ambiental y sitios sagrados; si el argumento del gobierno fuera cierto  ¿cómo se explica que la misma situación se presenta, a veces con más gravedad, en municipios con poca o ninguna territorialidad indígena como Argelia, Balboa, El Tambo e incluso Suarez?.

La fuerza pública ha mostrado baja eficacia para combatir este fenómeno, por lo cual se requieren soluciones diferentes.

Nuestra gobernabilidad, nuestra guardia indígena y nuestra jurisdicción propia están cargando con el peso de luchar contra estos fenómenos ilegales y contra la violencia de estos actores armados, aún con su propia vida. Sin embargo estos sistemas de seguridad colectiva no cuentan con apoyo desde el Estado, que aún no sale del esquema de la protección individual; esos sistemas tienen que ser garantizados como derecho especial de los pueblos indígenas y no aceptamos que ello implique que nos volvamos una correa de transmisión de los organismos del Gobierno, ya que actuamos en defensa de nuestro territorio y en el marco de nuestra autonomía. Sin embargo, no encontramos apoyo en el Estado; a casi 30 años de Constitución Política no contamos con financiación para la jurisdicción especial indígena, e incluso hay una sentencia reciente que nos impide proceder jurídicamente contra personas no indígenas que delinquen en nuestros territorios, como es el caso de personas de estos grupos ilegales, lo cual pretende impedir su captura y procesamiento por parte de nuestra jurisdicción.

En el marco de la Minga por la vida, la justicia, la democracia, la justicia y la paz, realizada en los pasados meses de marzo y abril en el departamento del Cauca, como CRIC realizamos con el Gobierno Nacional acuerdos en el marco del decreto 1811 de 2017, los cuales ahora se están implementado con diferentes niveles de cumplimiento, algunos con grandes dificultades ante una normatividad que no tiene en cuenta los derechos diferenciales de los pueblos indígenas. Es importante aclarar que la línea sobre la cual fijó el gobierno su negociación se refirió al Plan Nacional de desarrollo. Por ello, muchos de nuestras exigencias quedaron pendientes. Estas exigencias tienen que ver con acuerdos incumplidos y derechos postergados después de muchos años y luchas, las cuales se enmarcan en el plan de vida integral para las comunidades indígenas del Cauca, ya señalado. Por ejemplo:

Una de nuestras reivindicaciones en la Minga por la vida, la justicia, la democracia y la paz tiene que ver con la tierra. Son 42.000 hectáreas firmadas con gobiernos anteriores, e incumplidas hasta ahora, para las cuales el gobierno actual no tiene solución porque en el Plan Nacional de Desarrollo no ha asignado recursos importantes para ello, a pesar de que el faltante para comunidades indígenas del Cauca, según estudios del INCORA en su momento, es de 217.000 hectáreas. Otros son los temas de protección territorial, ya que se ha venido una andanada contra los resguardos coloniales que pretende desconocer este forma de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, reconocida desde la época de la colonia y poseída de manera tradicional por nuestros pueblos; desde hace 6 años se viene concertando un decreto sobre resguardos coloniales, que cada vez se enreda más por falta de voluntad política. Igual pasa con el reconocimiento de la autoridad ambiental indígena que fue concertado con todos los pueblos indígenas de Colombia y firmado por el Ministro de ambiente del Gobierno anterior, pero que se quedó en la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y que no ha fue tramitado ni por el Gobierno anterior ni lo ha sido hasta ahora por el presente.

Las demás organizaciones participantes de la Minga también llevaron sus propuestas y reivindicaciones, y pactaron algunos avances. Todos éramos conscientes que se trata de un cambio hacia un modelo económico que nos permita participación decisoria, equidad y paz sostenible; para ello planteamos un diálogo de cara al país con el Presidente de la República en la cabecera del municipio de Caldono en el marco de la Minga. El presidente fue a Caldono pero se negó al diálogo de cara al país, postergando la posibilidad de explorar soluciones para el Cauca y el suroccidente colombiano, y tal vez para el país; presentó como pretexto condiciones de seguridad (¡en una cabecera ocupada por la fuerza pública!), planteando una reunión solo con algunas personas o líderes de la Minga; pero este diálogo para nosotros tiene que ser público, abierto, sincero, sin prevenciones… y tendrá que darse.

Cada muerto en el Cauca, cada acción violenta, cada sufrimiento de nuestras comunidades, cada acción contra las posibilidades de la democracia, cada niño que muere o sufre de desnutrición, cada adolescente y adulto analfabeta, cada hogar sin vivienda digna, nos tiene que recordar que tenemos la obligación de cambiar esto, que una solución integral en el marco de un plan de vida para el Cauca es necesaria; el Presidente no puede gobernar de espaldas al país y nosotros como pueblos indígenas y organizaciones integrantes de la Minga, lo estamos convocando a un diálogo abierto y de cara al país sobre las problemáticas que tenemos, las causas de las mismas y las soluciones posibles. No estamos contra el desarrollo en general, estamos defendiendo la vida ante un desarrollo que nos acaba como pueblos y culturas, y que ataca nuestro territorio y los seres que lo habitamos.

“Cuenten con nosotros y nosotras para la paz, nunca para la guerra”.

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA.

Presentado por el consejero mayor del CRIC Ferley Quintero, en sesión de la Comisión Primera del H. Senado de la República de Colombia, el día 4 de septiembre de 2019, en el salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional.