El Programa de Defensa de la vida y los derechos humanos del CRIC, expresa su profundo rechazo a la decisión del gobierno nacional de suspender la programación de 20 emisoras de paz y 74 frecuencias de Radio Nacional, reemplazando sus contenidos regionales por una programación musical y centralizada desde Bogotá. Esta suspensión no es un hecho menor, es una violación a la libertad de expresión, al derecho de las comunidades a acceder a la información y desconoce el mandato para el que fueron creadas en el marco del Acuerdo de Paz, con el propósito de informar sobre su implementación, promover la convivencia, fortalecer la participación ciudadana y atender las necesidades de comunidades ubicadas en territorios afectados por el conflicto armado.
De igual manera, nos oponemos rotundamente a la calificación de la Red de Radio Nacional, las emisoras de paz y las emisoras comunitarias como “aparatos de propaganda”, según lo expresado por la actual ministra de las TICs, Alexandra Falla. Este tipo de pronunciamientos es estigmatizante y pretende satanizar los ejercicios comunitarios de comunicación que se realizan desde las regiones. Por ello, advertimos que la revisión de contenidos, formatos y asuntos administrativos no pueden convertirse en la excusa para censurar las voces de las comunidades y perseguir a quienes de manera loable ejercen su periodismo desde las regiones.
Señor presidente, a solo 15 días de su posesión presidencial, el panorama para la comunicación comunitaria y para quienes ejercen el periodismo es extremadamente preocupante. Esta decisión, no solo muestra una contradicción con sus propias declaraciones, en las que ha mencionado la importancia de darle voz a las regiones, también se suma a reiteradas denuncias sobre un escenario de censura, falta de acceso a la información, descalificación y revisionismo.
La comunicación comunitaria no es propaganda; es un derecho y una herramienta indispensable para muchas comunidades rurales. Sin radio local, estas comunidades quedan expuestas a la desinformación y pierden mecanismos fundamentales para visibilizar sus procesos y sus historias de construcción de paz. Además, la suspensión puede profundizar las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades, pues son estos medios los que proporcionan información vital y oportuna sobre desplazamientos, emergencias, situaciones de orden público, movilidad y decisiones de las autoridades locales.
Por lo anterior, exigimos el restablecimiento inmediato de la programación regional y comunitarias y solicitamos garantizar la continuidad y el fortalecimiento del servicio público de radiodifusión, respetando su carácter descentralizado, territorial y su autonomía en la producción de contenidos.
La paz se construye también comunicando desde las regiones, escuchando a sus comunidades y garantizando que sus voces tengan un lugar en el espacio público. Centralizar la programación y silenciar los contenidos territoriales significa debilitar la democracia, la participación y la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Popayán – Cauca, 21 de agosto de 2026.
