El Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, rechaza y repudia la masacre perpetrada por grupos al margen de la ley en contra los compañeros indígenas Yeison Obando Llantén candidato al concejo de la comunidad Montecaña, Aydé Trochez representante de la Mesa de Víctimas de la vereda La Cascada y Glabedy Ramos seguidora de campaña de Alto Rico jurisdicción del resguardo Indígena Cerro Tijeras Municipio de Suárez quienes se movilizaban con la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García Sierra, su madre Otilia Sierra y su esquema de seguridad en un vehículo de Unidad Nacional del Protección UNP. Además de la ola de violencia que se ha venido presentando en menos de 48 horas en el Norte del Cauca, deja un saldo de 13 víctimas fatales y 20 en todo el departamento.
Estas acciones de barbarie tipificados en delitos de lesa humanidad que violan los principios del derecho fundamental a la vida, en el marco Internacional de los Derechos Humanos y limitan la libre democracia, son el reflejo de una violencia política, social e histórica en tiempos de elección popular.
Es preocupante la gravísima vulnerabilidad y falta de garantías por parte del Gobierno Nacional para prevenir estos crímenes que hoy enlutan al país, memoria de ello es el exterminio de la Unión Patriótica UP, un partido político de izquierda fundado el 28 de mayo de 1985 como parte de una estrategia de reincorporación a la vida civil de los guerrilleros en los acuerdos de La Uribe Meta donde 300 de sus miembros fueron asesinados en menos de un año por algunos ganaderos, terratenientes y grandes hacendados no aceptaron la plataforma política del nuevo partido y por el contrario empezaron a financiar y a apoyar la creación de grupos de autodefensas que, de la mano de militares, recibieron instrucción de asesinar a los dirigentes del partido. Al igual que la alianza democrática del M19, la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Carlos Pizarro, entre otros casos emblemáticos que empañan el ejercicio de la democracia en Colombia.
Ante este panorama de muerte y tratamiento psicológico de intimidación con la utilización de la violencia hacia la población civil para decidir libremente, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, el ministerio público y las organizaciones garantes de los derechos humanos los hechos presentados el día hoy 2 de septiembre en el corregimiento de Betulia municipio de Suárez, donde un grupo al margen de la ley disparó de manera indiscriminada y posteriormente incineró el vehículo de la UNP, donde se trasportaba la aspirante a la alcaldía Karina García Sierra, junto a ella viajaban su señora madre Otilia Sierra, Jeison Ovando aspirante al consejo, Aydé Trochez representante de la Mesa de Víctimas, Héctor Gonzáles presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Brisas de Suárez, Ladevis Ramos seguidora de la Campaña de la vereda El Macizo, y Wilson Carvajal Gómez escolta UNP, quien se logró salvar de esta barbarie, así lo confirmó Oscar Rodrigo Campo Hurtado gobernador del Cauca.
Cabe recordar que la candidata mediante un video difundido hace más de 15 días, denunció las amenazas en su contra y que grupos armados estaban dañando la publicidad de su campaña. Además de señalar que otros candidatos y sus seguidores habían emitido una serie de comentarios que estarían teniendo eco en los grupos al margen de la ley y advertía que dichos comentarios podían traer consecuencias fatales para su candidatura. Igualmente, el defensor regional del Pueblo, manifestó que apenas hace una semana se había expuesto la grave situación de la candidata Karina García en un Consejo de Seguridad. Además, la entidad también había lanzado en agosto pasado una alerta temprana sobre el riesgo de todos los candidatos a la Alcaldía de Suárez.
Este asesinato evidencia la grave situación y crisis de derechos humanos que afrontan las mujeres que luchan por la representación a los espacios públicos con propuestas de cambios estructurales en la sociedad Caucana. Este acto refleja la respuesta inoportuna del Gobierno y la falta garantías de protección de los aspirantes a elecciones locales, regionales y las medidas preventivas ante las denuncias realizadas por la grave situación de derechos humanos que viven hoy las mujeres y las comunidades indígenas en este departamento.
Ante este grave escenario de violencia hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, Comisión de Paz del Senado, ONU Derechos Humanos, Mapp OEA y demás organizaciones defensoras de derechos humanos exigir las garantías de seguridad en defensa de la vida y el desarrollo de la libre democracia.
Enviamos un mensaje de solidaridad y condolencias a las familias y comunidades que hoy pierden a sus familiares y amigos que luchaban por un cambio social e incluyente de participación hacia la construcción de la paz.
Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC
2 de septiembre de 2019
