Colombiano reconoce, ante el CERD de la ONU, discriminación racial contra indígenas y afros

Con relación al reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas por parte del Estado Colombiano, el Comité para a Eliminación de la Discriminación Racial expuso que éste debe ser garantizado efectivamente, incluyendo la restitución de tierras en el marco de la Ley 975 del 2005 y el Decreto 1290 de 2008.

Estado Colombiano reconoce persistencia de la discriminación racial de indígenas y afros ante el CERD de Naciones Unidas

 

Por: ONIC, AICO, OWYBT y FMW-SJW

El pasado 28 de agosto, el Comité para la Elimianción de la Discriminación Racial CERD, había publicado ya sus observaciones finales sobre la mayoría de los paises que fueron llamados a presentar sus informes de Estado, requisito establecido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas.

Sin embargo, el exámen de Colombia, solo publicado fuera de fecha el 31 de agosto, en lengua inglesa, evidencia de algunos obstáculos interpuestos a las organizaciones indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos que daban seguimiento a este órgano de Naciones Unidas, para su oportuna revisión y pronunciamiento frente a las consideraciones elaboradas por el CERD.

Es importante en todo caso, mencionar que en sus observaciones finales, el CERD, pese a la negación por parte del Estado colombiano del conflicto armado, destaca que la situación de violencia en Colombia, es básicamente generada por los grupos armados involucrados en el conflicto armado existente en el país, donde las víctimas principales son la población civil, entre los cuales se consideran más afectados y vulnerables a los pueblos indígenas y a los afrocolombianos quienes incluso enfrentan con mayor rigor, violaciones a los derechos humanos como asesinatos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sobre lo cual mencionó en particular el involucramiento y la responsabilidad de agentes del Estado y las fuerzas armadas, ante lo cual el Comité hizo particular recomendación para que se garantice de manera efectiva que toda violación a los derechos humanos sea investigada y sancionada.

El CERD, en sus recomendaciones también solicitó, el reforzamiento del Sistema de Alertas Tempranas, así como intensificar las medidas para garantizar la protección de líderes indígenas y afrocolombianos prestando particular atención a aquellos que cuentan con medidas cautelares y provisionales, otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De la misma manera llamó la atención sobre la asignación de recursos para dar cumplimiento a la sentencia T-025 de la Corte Constitucional y sus resoluciones complementarias.

Con relación al reconocimiento del derecho a la reparación de las víctimas por parte del Estado Colombiano, el Comité para a Eliminación de la Discriminación Racial expuso que éste debe ser garantizado efectivamente, incluyendo la restitución de tierras en el marco de la Ley 975 del 2005 y el Decreto 1290 de 2008.

Particular atención se observa en el informe, con relación al tema de la violación al derecho a la consulta previa, por lo cual, el CERD hace un llamado al Estado para que aplique el Convenio 169 de la OIT, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEARC) de la OIT.

Después de 8 años sin que Colombia presentara informe ante este Comité de Naciones Unidas, el CERD reconoce al Estado Colombiano algunos avances, sin embargo, solicita que el próximo informe sea entregado en 2012 dentro de los marcos establecidos, para lo cual, hacemos un llamado fraterno a las organizaciones de pueblos indígenas, afrodescendientes y de derechos humanos, a dar seguimiento a las Observaciones Finales del Comité para la Eliminción de la Discriminación Racial emitidas para Colombia, a fin que el Estado colombiano, cumpla con sus responsabilidades de garantizar la eliminación de todas las formas de discriminación, así como los derechos humanos de la población civil, los afrodescendientes y los pueblos indígenas.

Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, (ONIC)
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO)
Fuerza de Mujeres Wayuu (SJW-FMW)
Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tairona – OWYBT

Ginebra, Suiza, septiembre 05

Minga del sur occidente Colombiano continúa recorriendo distintos sectores del país

La minga del sur occidente Colombiano continúa recorriendo distintos sectores del país, una delegación viajó recientemente hasta la ciudad de Bogotá con el fin de reunirse con los voceros de las diferentes organizaciones sociales quienes manifestaron continuar avanzando con la minga, para ello se propuso realizar algunos eventos en las capitales de los departamentos como Manizales, Cali, Neiva, Bogotá y Popayán.

En cada ciudad se socializara los objetivos de la minga; en cuanto a las amenazas y el atentado a los voceros de la comunidad afro organizadas en ACONC. Fue necesario denunciar este hecho ante la procuraduría sobre lo que se vienen presentando en el Norte del Cauca y demás sectores del País, razón por la cual esta entidad deberá coordinar para hacer un seguimiento y acompañamiento a las personas ya que los panfletos hoy se están haciendo realidad en contra la minga del suroccidente por lo tanto se exige ante el gobierno las garantías respectivas para la minga y sus  voceros.

De otra parte, la delegación se reunió con la bancada alternativa del congreso para pronunciar su desacuerdo frente a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Duque, debido a que en materia de tierras para pueblos indígenas no hay garantías, según lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, los baldíos que existen en Colombia serán legalizados mediante un programa denominado Campo con Progreso, pero este programa busca la entrega de la tierra únicamente a las multinacionales, lo que significa que lo último que queda de la Ley 160 será modificada, lo cual es muy perjudicial, así lo expresó Aparicio Ríos quien hizo parte de la comisión. Además agregó que de la misma manera la Ley 1448 que está relacionada con el tema de víctimas también va ser reformada, entonces muchas personas que sufrieron las consecuencias de la violencia por distintos grupos armados y que fueron desplazadas de sus territorios, hoy estas tierras serian legalizadas a nombre de otros lo cual es peligroso.

En cuanto a la exigencia de la minga social del suroccidente al presidente de la República para dar el debate político para el próximo 20 de mayo de 2019, la comisión se reunió con la Ministra del interior quien expresó que el presidente no hará presencia. Ante esta situación las 126 autoridades indígenas y demás sectores sociales se estarían reuniendo para analizar el tema.

Finalmente indicó, que durante la movilización se acordó una parte de lo reivindicativo pero ahora el gobierno lo está tomando como una oferta institucional, esta manera y la no presencia del gobierno colombiano en la ciudad de Popayán para el día 20 de mayo es otro incumplimiento más del presidente Duque, el cual no tiene la capacidad para dar el debate con el pueblo Colombiano.

Por: Programa de comunicaciones