DENUNCIA PÚBLICA POR VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CONTRA DE LA JUVENTUD DEL SUROCCIDENTE

COMUNICADO A LA OPINIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

Las 215 organizaciones de jóvenes que hacemos parte de la Minga del Suroccidente colombiano, Denunciamos y Rechazamos, la grave situación de vulneración de derechos humanos e infracción al Derecho Internacional Humanitario; frente a esta emergencia humanitaria expresamos:

Frente a la grave situación humanitaria generada por los intereses mezquinos y terroríficos de los diferentes grupos armados ilegales que han venido amenazando, atentando, desplazando, reclutando, desapareciendo, extorsionando, asesinando entre otras acciones que vulneran los Derechos Humanos y violan los estándares del Derecho Internacional Humanitario; la juventud de las organizaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, guardias de los diferentes procesos y pueblos, primera línea, colectivos artísticos, concejos y plataformas municipales de juventud, manifestamos que no vamos a callar, ni doblegar la voz del presente y futuro del país, seguiremos en resistencia por la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos, en la búsqueda de la paz social, total e integral en nuestras comunidades y pueblos.

Mientras los grupos ilegales y el Gobierno Nacional hablan de avanzar en una política de paz total, el Estado Mayor Central-EMC FARC con la Dagoberto Ramos, Carlos Patiño, Jaime Martínez, Ismael Ruiz, Frente 30 y demás; así como el Ejército de Liberación Nacional-ELN, La segunda Marquetalia y grupos armados como los Contadores, Autodefensa Gaitanista de Colombia, Guerrillas del Pacifico, comandos de frontera, grupos de narcotraficantes y paramilitares, entre otros, son quienes continúan planificando, instrumentalizando y accionando en contra de la juventud, conllevándonos a un exterminio en todo el territorio Nacional, con alto impacto en el suroccidente colombiano. En el mismo sentido, hacemos la exigencia frente a la transformación de la doctrina militar, la depuración de las fuerzas policiales y militares involucradas en delitos asociados al narcotráfico y el uso de armas.

En el año 2022, se ha presentado un aumento significativo en la cantidad de casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a las diferentes expresiones de la guerra y las economías ilegales en los departamentos del suroccidente, en su mayoría pertenecientes a la población indígena, los demás casos de la población afrodescendiente, campesina, rural y urbana. Reclutamiento forzado que ha ido en aumento especialmente hacia las niñas, como nueva forma de captación, vinculación y utilización en medio del conflicto; por otro lado, es preocupante la utilización de los Centros e Instituciones Educativas que son entornos protectores, como escenarios de reclutamiento. Sin embargo, hay que mencionar que en el marco del reclutamiento se tiene una alta tasa de subregistro, ya que la mayoría de casos no se reportan porque hay amenazas hacia las familias, por lo cual DENUNCIAMOS estos graves hechos que atentan contra la juventud.

Asimismo, expresamos que en los contextos urbanos, el sentir de los jóvenes desde muchos espacios y procesos, es que, tras el estallido social se han intensificado las problemáticas sociales, la estigmatización, el abandono estatal, los asesinatos y la falta de respuestas frente a los casos de desaparición, abuso sexual, asesinatos, amenazas, persecución, judicialización y encarcelamiento de compañeros y compañeras cuyo liderazgo político ha sido atacado como resultado del legítimo ejercicio de la movilización y la protesta social; y en este marco, existe una deuda en términos de reconocimiento, atención, verdad y reparación frente a las víctimas de los ataques de la fuerza pública durante el estallido social: víctimas de lesiones, heridos, familiares de jóvenes desaparecidos y asesinados, entre otros.

Manifestamos nuestro respaldo frente a la propuesta de Paz Total, pero esperamos que se refleje en hechos, que ese evidencien muestras de paz por parte de los armados y que se genere celeridad en los procesos, teniendo en cuenta las graves vulneraciones de derechos humanos de las que somos objeto las juventudes; por consiguiente, se convoca al Gobierno Nacional y sus instancias Ministeriales, en cabeza del presidente de  la República Gustavo Petro Urrego; Danilo Rueda Alto Comisionado para la Paz y Consejería presidencial para la Juventud, para que hagan presencia en los Diálogos por la Vida, la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos de la Juventud del Suroccidente, a realizarse durante los días jueves 13, viernes14 y sábado 15 de abril en la ciudad de Popayán, Cauca.

Asimismo, hacemos un llamado urgente a las entidades del ministerio público: Defensoría del pueblo, personerías y Procuraduría; a los organismos defensores de derechos humanos, MAPP-OEA, ONU y otras organizaciones garantes, para realizar acciones que exhorten al gobierno nacional, departamental y local a asumir la responsabilidad constitucional de salvaguardar la integridad de la juventud colombiana, generando acciones inmediatas frente a cualquier riesgo, generar políticas de protección, medidas y procedimientos efectivos para la prevención y atención ante los graves hechos de vulneración de derechos humanos que se presentan en los territorios.

Como Movimiento Juvenil expresamos nuestra voluntad decidida de seguir el camino de búsqueda de la paz total, los y las jóvenes somos el presente y futuro para el cuidado, defensa integral de la vida, el territorio y los derechos humanos.

JUVENTUD DE LA MINGA SUR OCCIDENTE CALI, VALLE DEL CAUCA – 30 DE MARZO DE 2023