BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) rechazó una serie de mensajes en su contra expuestos en la ciudad de Popayán (capital del Cauca, suroeste) por personas que rechazan los bloqueos de las carreteras en el marco del paro nacional contra el Gobierno que se vive desde el pasado 28 de abril.
«Hoy 25 de mayo de 2021 en la ciudad de Popayán (…) se oficializó la estrategia de atacar las movilizaciones sociales que se presentan en Popayán, el Cauca y Colombia, lanzando mensajes de miedo para que calen en la población, señalando a la vez al CRIC como el ‘enemigo’ a vencer», señaló esta organización en un comunicado.
Ciudadanos marcharon el martes en las ciudades de Cali, Neiva y Popayán (todas en el sudoeste del país) vestidos de blanco para pedir el fin de los bloqueos de carreteras que tienen en crisis a la economía de esas regiones, y que han sido protagonizados en buena medida por los indígenas, que apoyan el paro nacional.
Otra de las pancartas «reclama por el derecho al trabajo y la movilidad, cuestión que compartimos, pero no es coherente que se atribuya esto irresponsablemente al Paro Nacional y las movilizaciones», sugirió el CRIC en su comunicado.
Ante el hecho, el colectivo consideró que se busca vincular a las Fuerzas Armadas a las protestas, como si se tratara de «un conflicto armado y no una movilización social«, por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de Derechos Humanos «para que acompañen el desarrollo del paro nacional«.

Colombia cumplió el martes 28 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se cometió violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
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