Realizado Debate Público de Emergencia en la María Piendamó sobre “Derechos de Jurisdicción Especial Indígena y de Movilización y Protesta Social”
Las comunidades indígenas integrantes del CRIC y organizaciones sociales del Cauca hemos realizado el día 12 de octubre, en la María, Piendamó, el “Debate Público de Emergencia sobre la Jurisdicción Especial Indígena, Derecho a la Movilización y la Protesta Social” los cuales hoy se encuentran seriamente amenazados, generando una situación que pone en duda el compromiso de las instituciones del Estado con la vigencia de la Constitución Colombiana, en la construcción de paz con democracia y derechos humanos.
Agradecemos la presencia de la Oficina de la Alta Comisionada para la Paz de Naciones Unidas, del Padre Francisco de Roux y de la Defensoría del Pueblo, como garantes del proceso negociador entre el CRIC y el Gobierno Nacional. También resaltamos la presencia de la Misión de seguimiento al proceso de Paz de la OEA, de académicos, estudiantes de la Universidad Javeriana, la Universidad del Tolima, así como de los colectivos de comunicación indígena y los mayores tradicionales.
Lamentamos y denunciamos la no presencia de funcionarios de nivel decisorio del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General de la República, a pesar de haber sido invitados con anterioridad.
Como conclusiones generales de este evento, nos permitimos manifestar ante la Opinión Pública Nacional e Internacional:
- Las comunidades indígenas integrantes del CRIC continuamos en Asamblea Permanente hasta que se defina la libertad definitiva de Feliciano Valencia y se resuelva la situación de inestabilidad en que ha sido colocada la Jurisdicción Especial Indígena, por el fallo anticonstitucional del Tribunal de Popayán.
- La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC se declara solidaria ante esta situación que se ha presentado en el Cauca, y entiende que acá se está irrespetando no solo un ejercicio especifico de jurisdicción indígena sino a toda la Jurisdicción Indígena Especial en el país. De hecho ya se conoce de ordenes de captura contra indígenas del Consejo Regional indígena de Risaralda CRIR por haber ejercido control territorial durante la minga de 2013.
- Las comunidades indígenas y sectores sociales presentes en este debate público retomamos la Minga de Resistencia Social y Comunitaria de 2008, en su carácter de unidad popular en la movilización y la lucha por los derechos. Consideramos que no es solo Feliciano el que se encuentra condenado por el Estado: es toda la Minga 2008, pues la judicialización del mismo se hizo por los hechos en los que participamos conjuntamente ese año contra las políticas antipopulares aplicadas desde el Gobierno Nacional.
- En este debate, las comunidades indígenas y sectores populares hemos presentado pruebas concretas sobre cómo se está criminalizando la movilización y la protesta social, en un contexto de muerte y amedrentamiento en el cual las comunidades somos colocadas como enemigas del Estado por realizar la defensa de nuestros derechos. Se está judicializando a integrantes del Congreso de los pueblos, de la Marcha Patriótica, del movimiento indígena, de la Cumbre Agraria. Se están asesinando integrantes de estos procesos y las amenazas y señalamientos continúan siendo algo cotidiano, como una manera de “legitimar” las acciones ilegales contra la movilización y la protesta.
- Nuestra decisión, al retomar el carácter de la “Minga de Resistencia Social y Comunitaria” es continuar ejerciendo los derechos que como colombianos hemos ganado y logrado que se plasmen en tratados internacionales y en la Constitución Nacional. Desde ya estamos preparando una gran movilización para defender los derechos vulnerados de la Jurisdicción Especial Indígena, de la movilización y la protesta social, retomando además los puntos incumplidos de la minga 2008.
- En este debate hemos planteado nuestros argumentos constitucionales y legales como pueblos y como culturas. Los delegados sin poder decisorio enviados por el Gobierno nacional han tomado nota de ellos. Estaremos enviando y haciendo publica la síntesis del debate, de manera que la opinión pública conozca nuestras propuestas.
- Es lamentable que solo podamos contar con la presencia de funcionarios de alto nivel del Estado cuando nos movilizamos de manera masiva y/o con acciones de exigibilidad. Habíamos invitado al Ministro del interior y/o viceministra, Ministro de justicia y/o viceministro, Fiscal general de la Nación y/o vicefiscal, pero no contamos con la presencia de ninguno de estos servidores públicos. No ocurre así, cuando los gremios de la producción, los banqueros, las multinacionales, convocan a eventos en el salón Tequendama o en Cartagena de Indias. Pero este no puede ser el país democrático que necesitamos para avanzar hacia la paz con justicia social que añoramos todos los colombianos y colombianas.
El Consejo Regional Indígena del Cauca hace un llamado a la Comunidad Internacional y a las Organizaciones solidarias y de Derechos Humanos para que reactivemos conjuntamente los mecanismos de protección y de garantía de Tratados Internacionales de Derechos Indígenas y de los Pueblos, de manera que se pueda demandar ante el Estado Colombiano la vigencia del convenio 169 de la OIT, la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, las convenciones contra el racismo y los instrumentos que concretan los derechos a la libertad de expresión, de reunión y la protesta social tanto desde las Naciones Unidas como desde el sistema Interamericano.
Los participantes en este evento manifestamos nuestra preocupación en el sentido qué, colocados ante la posibilidad cercana de un acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC e incluso con el ELN, no se abren en el país las compuertas para que pase la democracia participativa y el reconocimiento real de la diversidad, sino que por el contrario las señas que dan el Gobierno colombiano, la rama judicial y el Congreso de la República, son las de avanzar hacia un escenario posconflicto en donde no se permita la lucha social ni se reconozca la diversidad, lo cual impediría la construcción de una verdadera paz con justicia social, un país democrático, pluriétnico y pluricultural.
Lo que está ocurriendo con el desconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos de jurisdicción indígena y de movilización y protesta social, no puede seguir sucediendo: es nuestra decisión y compromiso.
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC, CONGRESO DE LOS PUEBLOS, MARCHA PATRIÓTICA, ONIC, CIMA-CNA, ORDEURCA, NOMADESC, ESPACIO REGIONAL DE PAZ DEL CAUCA
