“La minería es como el gusano de la papa, una vez que entra ya no sale. Por eso no podemos permitir que entre”, señaló la delegación de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI al presentar sus casos emblemáticos en el III Seminario de Capacitación “Normas de Derechos Humanos Aplicables a Proyectos de Empresas Transnacionales en Territorios Indígenas”, realizado en Lima por la CAOI entre el 26 y 30 de noviembre pasado. Tradicionalmente, Ecuador fue considerado un país petrolero, a consecuencia de lo cual la Amazonía está devastada. Hoy el gobierno del Presidente Rafael Correa apuesta con fuerza por la minería y Ecuador ocupa el sexto lugar en atracción de inversiones mineras en América Latina. Y las concesiones se concentran en territorios kichwas.
“Ese modelo significa la muerte de la biodiversidad que tenemos. Hemos encaminado luchas puntuales e incluso las hemos llevado a espacios internacionales. Nos venden el discurso de la minería responsable. Pero todas las remesas que producen no alcanzarían para reparar los daños. También hay criminalización”.
Una particularidad de Ecuador es que el Presidente Correa anuló cerca del 50% de concesiones otorgadas a especuladores y ahora las da directamente a las empresas mineras. “El Gobierno es el principal promotor de la actividad minera, las empresas tienen propaganda gratis”.
La delegación de ECUARUNARI denunció muchos casos. En la provincia Bolívar se dio una concesión de aguas ilegal que afecta a 72 comunidades que suman más de 40 mil habitantes. “Nos enteramos cuando empezaron los trabajos. Llevamos más de ocho años de lucha. Son tres empresas ecuatorianas y una española, dividen a las comunidades, compran líderes”.
En Zamora Chinchipe hay cientos de concesiones mineras, el gobierno apoya a las empresas transnacionales para explotar oro, cobre y otros metales. El Presidente Correa ha firmado un contrato con la empresa canadiense ECOCORRIENTES por 25 años. No hubo un debido proceso para la firma del contrato, se violentó la Constitución.
“Como ECUARUNARI estamos en un proceso complejo para que las luchas locales de las comunidades afectadas por la minería o las hidroeléctricas tomen una visión nacional. Estamos debatiendo los impactos ambientales, culturales, sociales. Y construyendo una propuesta alternativa de economía. En marzo del año pasado iniciamos una marcha, duró catorce días y cada día se sumó más gente. No solo los afectados, logramos un gran apoyo social. La marcha evidenció que el conflicto minero ya es un problema nacional”.
Los indígenas ecuatorianos están decididos a defender sus derechos territoriales. “No necesitamos las mineras en nuestros territorios, debemos cuidarlos como hicieron nuestros abuelos, hay que recuperarlos, cultivarlos. No lo podremos hacer si están todos concesionados a las mineras, petroleras, hidroeléctricas. Sigamos defendiendo nuestros territorios. Es un camino que viene desde nuestros taitas. Nuestra Pachamama nos juzgará”.
Caso Kimsakocha
En la provincia de Azuay hay concesionadas alrededor de 80 mil hectáreas a la minería. Uno de los proyectos es Kimsakocha, que significa Tres Lagunas. Está ubicado en Cuenca, Azuay, al sur de Ecuador, entre los 3000 y 4160 metros sobre el nivel del mar. La concesión para la explotación de oro, plata y cobre a cielo abierto fue otorgada a la empresa canadiense IAMGOLD el 2001. La inversión para el período 2003-2011 es de 43 millones de dólares. El tiempo de vida estimado del proyecto es de 25 años y sus reservas bordean los cuatro millones de onzas de oro.
La zona es un páramo de alta biodiversidad que alberga más de treinta lagunas en un sistema hídrico del que surgen los tres ríos principales de los cuatro que tiene Cuenca y sus once microcuencas. Para los indígenas Kañari, se trata de un lugar sagrado.
Hace seis meses, IAMGOLD anunció la venta de acciones a otra empresa. En noviembre lo concreta, transfiriendo sus acciones a INV Metals también de Canadá.
En octubre del 2011 se hizo una consulta comunitaria en las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete, aplicando la autodeterminación ancestral, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución que garantiza la autonomía. La consulta contó con un Reglamento y la presencia de observadores internacionales.
El primer reto fue lograr la participación de la gente, porque la empresa desarrollaba maniobras de división. Hubo una participación masiva de las mujeres, que cumplieron un importante papel en este proceso. “El 94% dijo no a la minería en Kimsakocha, apostamos por el agua y por la vida. Enviamos las actas a todas las autoridades e instituciones, a la OIT y la ONU. Fue la primera consulta comunitaria en el Ecuador”.
El gobierno no aceptó los resultados, alegando que el Estado es el que hace la consulta. Los indígenas argumentaron que las autoridades comunales son autoridades públicas, pero el gobierno no lo aceptó. El Presidente Rafael Correa visitó el lugar. La lucha se había extendido de lo local a lo provincial. La consulta ayudó a la incidencia política nacional e internacional. El caso fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Como consecuencia de esta lucha por el pleno ejercicio de derechos, se abrieron juicios penales a tres dirigentes bajo los cargos de terrorismo y sabotaje. Al no poder probar estos delitos, los acusaron de obstaculizar vías públicas y los sentenciaron a un año de prisión. Las protestas lograron que les reduzcan la pena a ocho días.
“El 14 de noviembre INV Metals lanza el anuncio de un año y medio de exploración agresiva. Pero resistiremos hasta el último latido de nuestro corazón, si es necesario daremos la vida”.
En el caso peruano, los conflictos entre las comunidades y la minería constituyen la mayoría de los conflictos sociales. Sobre esto, continuaremos informando.
Diciembre 11 del 2012,
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