Mantener condiciones de unidad y continuar trabajando por lograr procesos articulados entre los sectores más desprotegidos del país.
El CRIC nació en medio de una de las dinámicas de recuperación de tierras más significativo del país, conocido además como el proceso de reforma agraria más importante del continente americano, el cual fue liderado por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, en cuya estructura estuvo la Secretaría Indígena, que a partir de 1971 tomó el nombre de Consejo Regional Indígena del Cauca.
Aunque compartíamos la lucha por la abolición del terraje y de los grandes feudos, hubo diferencias, y una de ellas fue entender que el derecho a la tierra no solo debía reclamarse para la producción y el mercado sino como un instrumento de arraigo, de identidad y de construcción de autonomías. Tal vez es esta la diferencia que sigue marcando distancias entre los procesos organizativos, más que entre gente de las bases en las zonas rurales, pues en estos lugares nuestra gente convive sin racismos, sin discriminaciones y sin envidias, allí nos une al campesino, al afro y al indígena el deseo de vida, los compadrazgos, las premuras del hambre, el repudio a la violencia, la lucha por nuestros derechos a una educación digna o frente la exigencia de una atención digna y oportuna cuando tenemos dolencias de salud.
Para las personas que hemos sido delegados para estar en los cargos de autoridad tradicional indígena o en las vocerías de los procesos organizativos de nuestros pueblos, la cosa está clara: Nuestro principal contradictor sigue siendo el invasor que toma forma en los propietarios de las grandes haciendas, en los modelos producción agroindustrial, en la manipulación de las semillas, en los gobiernos autoritarios, en las leyes del despojo, en lo violadores de los derechos humanos, en los agentes de la violencia, en las empresas multinacionales que arrasan la selva, realizan minería a cielo abierto y explotan petróleo, así como en los laboratorios y empresas que expropian, manipulan y ejercen control sobre las semillas.
Es claro para nosotros que el campesinado es una fuerza social que reclama garantías de derechos y que sus luchas como las nuestras defienden los derechos de todos. Esta orientación y lectura fue ratificada como orientación oficial del CRIC en sus cuarenta años de proceso organizativo, indicando que debemos mantener condiciones de unidad con otros sectores sociales y continuar trabajando por lograr procesos articulados entre los sectores más vulnerados del país. Sin embargo una cruda realidad es que el conflicto armado continúa siendo una realidad muy fuerte que logra distraer nuestros propios proyectos de unidad y Planes de Vida, por lo cual hemos insistido en lograr iniciativas conjuntas de lucha, donde la defensa de la vida y reforma agraria son puntos fundamentales de encuentro. Otros temas están en las agendas sociales, como la lucha contra la aplicación de los TLC que el gobierno firmó sin nuestro consentimiento con Estados unidos, Canadá y la Unión Europea.
Una característica del modelo de economía en Colombia es el capital que todo lo convierte en mercancía, y el mejor ejemplo está en el derecho a la propiedad, que según la Constitución Nacional tiene cuatro líneas a saber: la propiedad privada (considerada derecho de todos), propiedad colectiva (los resguardos, los territorios tradicionales indígenas y las tierras comunales de afrodescendientes), la propiedad pública (bienes raíces del Estado) y la propiedad de la nación (parques naturales, reservas naturales y sitios de importancia arqueológica).
El avance de nuestras luchas ha mantenido como centro de nuestras reivindicaciones el tema de la tierra y con éste elementos como arraigo, autonomía e identidad que esbozaremos rápidamente a continuación:
La Tierra: un elemento de arraigo
Hemos dicho que Colombia es producto de un proceso de invasión europea que ha sido liderado por herederos de los invasores, quienes han querido construir una identidad nacional con base en los símbolos patrios como la bandera, el escudo y el himno nacional, todo ello dentro de un discurso de libertad y orden, haciéndonos creer que somos parte de la llamada sociedad mayor, la cual acepta la propiedad privada, el mercado de la tierra y la representación política. Sin embargo no explica que para ello debe romper los lazos que las comunidades tienen con sus territorios de origen, lo cual se logra bajo la promesa que las ciudades son la imagen del progreso, que ser habitante rural es una degradación y que todo lo de afuera es mejor para nosotros. Como nuestras gentes no comen cuento, entonces aplican las estrategias de guerra que han usado en todo el mundo, primero: convertir los cultivos tradicionales en ilícitos, con lo cual acercan el papel moneda, las armas y la desobediencia a nuestras tradiciones; segundo, se arrecia el conflicto armado, masacran a nuestras gentes y al que pregunta lo sacan del camino con amenazas o simplemente asesinándolo, y tres, se concreta el desplazamiento forzado hacia los lugares denominados polos de desarrollo, hasta donde se llega a vender su fuerza de trabajo en condiciones de indignidad, lo más dramático es que, a) esos sitios son las denominadas zonas baldías, que por lo regular son territorios habitados centenariamente por pueblos indígenas o afros, que nunca han tenido títulos de propiedad o que teniéndolos han sido trasformados o puestos en duda por la legislación del despojo, y, b) cuando eso pasa, quienes llegan ya han perdido la conexión con sus lugares de origen y se denominan colonos, quienes tiene que pelearse los territorios con las comunidades que centenariamente las han habitado.
Los pueblos indígenas organizativamente hemos mostrado resistencia a dicho modelo, sin embargo algunos comuneros han caído en esa dinámica, han aceptado la identidad nacional y prefieren denominarse campesinos, es decir ciudadanos de la sociedad mayor, muchos de ellos no por su propia voluntad sino víctimas de esas violencias.
Por eso, nuestro proceso de identidad milenaria mantiene como banderas de lucha la Unidad, la tierra y la cultura, instrumentos que creemos garantizan la autonomía de nuestros pueblos y territorios. Pero el invasor insiste a través de la educación formal, las iglesias y la guerra en romper nuestros lazos y raíces con la tierra, cuando ello no le funciona al poder, nos crea organizaciones paralelas, el movimiento campesino no ha sido ajeno a ello, a la ANUC la rompieron con la llamada Línea Armenia, la que se distinguió de la llamada línea Sincelejo, más cercana al querer popular pero dirigida por las estructuras políticas de la llamada izquierda de los años setenta y ochenta, que a nuestro entender, si bien proyectaba cambios a favor de la mayorías, limitaba la verdadera proyección de las comunidades. En esta lógica no es coincidencia que fuera el presidente Uribe con sus generales y el ministro del interior los que fundaran la opic.
La Tierra: un elemento de construcción de autonomía territorial
En nuestro afán de desenmascarar al modelo hemos entendido que para occidente una cosa es la propiedad y otra la administración territorial, esta última bien entendida por nuestros caciques y cacicas mayores, Juan Tama, Kilo y Siclos, Angelina Guyumus, quienes lograron acuerdos de respeto al territorio y a nuestra formas de gobierno con la corona española, lo que históricamente se observa con la asignación de los llamados títulos coloniales, que son grandes extensiones territoriales que se conocen como el del Gran resguardo de Ortega y Cahaparral que abarca zonas que hoy hacen parte de tres departamentos, o el de Sat Tama en el departamento del Cauca. En estos espacios de convivencia colectiva, nuestros mayores hicieron aplicación de sus usos y costumbres cuyo legado hoy es la pervivencia de lenguas como el Nasa Yuwe, el Namuy Wam, el Inga, el Namrik o el Siapede. Aún los cabildos indígenas y otras autoridades Tradicionales reciben trato respetuoso de nuestras comunidades, y su ejercicio se hace desde el concepto de mandar obedeciendo.
Muchos han sido los intentos por parte del poder dominante para romper nuestra unidad, la ley 89 de 1890, nos consideró menores de edad, bárbaros e incivilizados y entregó nuestras comunidades a la tutela de la iglesia. A través de normas o actos institucionales se continuó el despojo de nuestros territorios fomentando la colonización allí donde estaban establecidas centenariamente nuestras familias. En la actualidad el poder dominante utiliza todas las estrategias de la guerra contra nuestros procesos: decretos y leyes que dan continuidad al despojo, se limita nuestra autonomía, se facilita la llegada de los cultivos de uso ilícito, desconoce nuestras formas propias de educación y salud, ofrece en venta nuestros territorios a las multinacionales y militariza la vida cotidiana con el único fin de romper la armonía social.
La tierra: un elemento de identidad.
Ser hijos de la madre Tierra no es solo un discurso sino un punto de referencia que liga nuestro cordón umbilical con nuestro lugar de origen, por ello quien arrasa el medio ambiente, quien siembra alimentos para agrocombustibles, quien homogeniza el bosque será denunciado y repudiado por nosotros mediante procesos de liberación de la madre Tierra. De ahí nuestra identidad como Nasa, Misak, Kokonuko, Yanakona, Eperara Siapidara, Totontuna, Inga, pueblos que nos hemos negado a aceptar la identidad nacional, y con ellas a rechazar el mercado de la tierra, el mercado del agua, el mercado de la salud, el mercado de la educación y a reclamarlos como derechos fundamentales que los Estados, sea cual fuere su sistema de gobierno, deben garantizar. El modelo de Estado repúblicano ha dicho que los indígenas dejamos de serlo cuando adquirimos propiedad privada, y nos da rango de campesino, expresando que hemos entrado en la civilización, condición que tiene en su enunciado un sentimiento racista y discriminatorio, dándonos a entender que ahora si somos aceptados por el establecimiento. Esta verdad ha sido recogida, desafortunadamente por pensadores de la izquierda y aplicada con la misma severidad por los proyectos revolucionarios, los cuales consideran que nuestras costumbres son parte del pasado y que nuestra búsqueda de autonomía retrasa la revolución. Difícil encrucijada que esperamos en espacios como este empezar a superar.
Las Reservas Campesinas, resguardos indígenas y proyecto de nación
Las Zonas de Reserva Campesina son una figura jurídica creada y regulada a través de tres textos, que son la Ley 160 de 1994 (capítulo XIII), el decreto 1777 de 1996, y el acuerdo de la Junta Directiva del INCORA 024 de 1996, siendo creadas, entre 1998 y 2002, 6 Zonas de Reserva Campesina, en Pato-Balsillas (Caquetá), Calamar (Guaviare), Puerto Asís (Putumayo), Cabrera (Cundinamarca), Arenal y Morales (Sur de Bolívar) y Valle del río Cimitarra (Magdalena Medio); otras 14 solicitudes del resto del país fueron radicadas en el INCORA (hoy INCODER), sin llegar a recibir el visto bueno de las autoridades.
Lo que hemos alcanzado a conocer es que las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) tienen como propósito regular, ordenar la ocupación de los baldíos y consolidar las economías campesinas en el país, al parecer su objetivo se tiene que ver con la búsqueda de mecanismos que aseguren las economías de los campesinos desplazados y evitar la concentración de tierras que ha provocado el poblamiento sobre áreas frágiles y de frontera agrícola en el territorial nacional.
Es claro que los pueblos indígenas del Cauca no nos oponemos a las reservas campesinas, nuestra única condición es que su desarrollo debe ser de forma concertada para que no afecte negativamente la vida y la posibilidad de crecimiento de los territorios ancestrales de nuestras gentes, es más, creemos que puede ser un puntal importante para los procesos de Reforma Agraria. Ello implica que antes de construir políticas públicas de orden interétnico debemos avanzar en la construcción de espacios de encuentro que fortalezcan nuestras luchas, mejoren nuestros proyectos políticos, fortalezcan nuestros planes de vida y garanticen la convivencia y el equilibrio de las comunidades en armonía con nuestra madre naturaleza.
Una pregunta que nos hacemos, es si el campesinado sabe qué son los resguardos y por qué el establecimiento ha inventado tantas mentiras sobre éstos. Por eso quisimos estar aquí, a pesar de haber sido invitados solo hasta el día 16 de marzo. Ello no fue obstáculo y hoy estamos compartiendo con ustedes en este espacio donde sabemos que la organización campesina puede fortalecer su proceso, lo cual es de vital importancia para nosotros, ya que así es más fácil tener interlocutores válidos, gente que de verdad exprese el querer y el sentir de sus comunidades. Muchos de ustedes saben que la Consejería Mayor del CRIC, somos un grupo colegiado que recibe el mandato de las Autoridades de 111 Cabildos indígenas del Cauca, quienes confirman nuestra delegación en medio de por lo menos diez mil comuneros de nueve zonas de este departamento en el espacio que denominamos Congreso Regional Indígena del Cauca y que se realiza cada cuatro años.
Finalmente, les decimos que compartimos la lectura de algunos historiadores que explican que Colombia es un proyecto de nación en Construcción, que como ya dijimos ha sido entorpecido por los herederos de los invasores desde hace quinientos dieciocho años, pesar de que se hizo un intento de independencia que ha avanzado hacia la construcción de un estado democrático, pero que se ha realizado sin la intervención real de las mayorías populares. Solo hasta el año 1991, se firmó un primer acuerdo de convivencia, que dejó un legado en materia de derechos humanos que no ha podido hacerse realidad, en especial por la falta de voluntad política de quienes han permanecido en los espacios de poder del Estado colombiano y ante una correlación de fuerzas que muestra al movimiento social bastante disperso, ni siquiera decimos que desunido pues en años no ha habido una propuesta que aglutine a las mayorías. Sin embargo no se puede desconocer que la movilización social sigue siendo el principal instrumento de reivindicación y de construcción de política pública favorable a los sectores más desprotegidos del territorio colombiano.
En este sentido nuestra búsqueda actual nos indica que si no paramos la degradación a que nos ha conducido el conflicto armado nuestros proyecto de vida no podrán avanzar, por eso desde nuestro pronunciamiento de Toribío, emitido por la Junta Directiva Regional de Cabildos del Cauca, estamos promoviendo la idea de trabajar en unidad con otros sectores temas como.
1. Lograr acuerdos humanitarios con los actores armados
2. Realización de acciones sociales que faciliten una solución política del conflicto armado
3. Construcción de una agenda de paz y país, que incluya temas como la reforma agraria, minería, agua y medio ambiente entre otras.
En este esfuerzo nos mantenemos, primero al trabajar de forma interna para fortalecer nuestra autonomía como pueblos, recomponiendo nuestra identidad, nuestras cosmovisiones y en especial los modelos de participación colectiva; y segundo, trabajar con otros sectores proyectos de unidad para lograr el establecimiento de un Estado realmente democrático.
Esa es nuestra invitación
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
