Foto: Inspantv / Referencial
Servindi, 18 de agosto, 2016.- La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) cuestionó la versión de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada elaborada por el actual gobierno por ser redactada «a puertas cerradas» y con la intención de «defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP)».
La iniciativa de gobierno aparece de manera súbita a última hora luego de sucesivos intentos por elaborar una norma de consulta previa con participación de diversos sectores de acuerdo a los estándares internacionales,
El Estado de Honduras en las últimas dos décadas «ha tergiversado en múltiples ocasiones la Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el pueblo Garífuna» indica la OFRANEH.
Tales sesiones que iniciaron esta semana en la comunidad de Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada para la realización de dicha reunión.
OFRANEH afirma que hasta la fecha los pueblos indígenas de Honduras sufren un colonialismo interno practicado como una política de Estado, y que ha dado lugar a una cantidad enorme de violaciones a los derechos humanos.
Entre tales casos se encuentra el doloroso asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales del macabro crimen, indicó la citada organización..
Antecedentes
La OFRANEH recuerda como antecedente que en 2013 el Programa REDD requería de una Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados en las Salvaguardas de sus proyectos.
Desde ese momento el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) asume la promoción de la creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la ciudad de La Ceiba en febrero de 2015.
Posteriormente la DINAFROH creó su propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios.
Obligaciones del Estado hondureño
El Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la Convención de Viena sobre tratados(1969).
Es más, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.
Después de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos.
En muchas ocasiones las instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para obtener el beneplácito de los supuestos líderes comunitarios, siendo esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para dividir las posiciones asumidas por los pueblos.
