Liderado por la Consejería Mayor, se enfoca en ocupar espacios nacionales para la toma de decisiones relacionadas con los pueblos indígenas.

Además de su participación en trámites legislativos y Consulta Previa, a través de la Consejería Mayor del CRIC, realiza una revisión activa de otras instancias cruciales como Regalías y Derechos Humanos. Este análisis busca evaluar cómo estas instancias afectan o benefician a las comunidades indígenas, con el objetivo de contribuir constructivamente a la formulación de políticas que favorezcan a estas comunidades.

Aunque el enfoque principal es atender a los 11 pueblos con sus 139 autoridades asociadas al Consejo Regional Indígena del Cauca, es destacable que el CRIC Nacional también ofrece apoyo y orientación a organizaciones indígenas externas, fortaleciendo la colaboración y el trabajo conjunto en los procesos organizativos.

El CRIC busca tener representación en diversas esferas del Gobierno Nacional donde los pueblos indígenas tienen representatividad. Su función principal es actuar como intermediario, llevando las ideas, pensamientos y el sentir de las comunidades desde las bases hacia el ámbito Nacional. Esto garantiza que los programas y decisiones gubernamentales no se desarrollen de manera desconectada desde escritorios en Bogotá, sino que estén informados por las necesidades y realidades de las comunidades indígenas.

María Alejandra Montaño, abogada del CRIC, enfatiza la importancia de un despliegue territorial de trabajo, articulando esfuerzos con las comunidades locales para que sus aportes sean reflejados en propuestas legislativas y decisiones a nivel nacional, contribuyendo al bienestar general.

El ejemplo de la participación activa en el Plan Nacional de Desarrollo subraya el éxito del trabajo colaborativo entre el CRIC y otras organizaciones indígenas nacionales, evidenciando cómo las contribuciones desde el Cauca impactan en la construcción de planes a nivel nacional.

Busca un camino viable para el progreso de las comunidades indígenas, abogando por la defensa de derechos, la promoción de la autonomía, la participación en procesos consultivos, políticas inclusivas, preservación de la identidad cultural y una representación efectiva en distintos niveles gubernamentales.

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