Popayán, mayo 25 de 2011
Doctor
GUILLERMO ALBERTO GONZÁLEZ MOSQUERA
Gobernador Departamento del Cauca
Señor Gobernador
Expresa usted que “en varias oportunidades de manera pública y por escrito ha presentado al Ministerio del Interior su percepción sobre las consecuencias que tuvo la compra de los predios San Rafael y Corcovado, para solucionar el problema de tierras de los indígenas caucanos, en cumplimiento de sentencias internacionales”, proponiendo como solución, que el predio sea adquirido “…a los señores Indígenas” y titulado “…a la comunidad afro que lo rodea”.
Resulta evidente, doctor González, que su pronunciamiento a través de los medios de comunicación pareció más un acto justificatorio ante la muerte de un menor y cerca de 15 personas heridas por causa de la toma violenta de un grupo de gente armada al predio San Rafael, ubicado en la Vereda Mazamorrero entre los Municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, que la expresión responsable de quien tiene el deber de garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía caucana,
Esta situación al parecer hace parte de una estrategia del poder político y económico para crear escenarios de confrontación entre organizaciones y comunidades, tal como lo indicó el cabildo indígena de Toribío cuando tuvo claro que el gobierno nacional había sido imprudente al dar cumplimiento a un compromiso de derechos humanos, entregando un terreno reclamado por las comunidades afro, más, cuando su antecesor, el doctor Chaux, pocos días después de adquirido el predio, lo declarara zona de comunidades afro, situación que generó, como era previsible, actitudes de rencor y confrontación entre comuneros. Más grave resulta cuando esa zona ha sido afectada por el paramilitarismo lo cual hace presumir que este hecho pueda estar promovido por dichos grupos.
Señor gobernador, en un departamento donde el 0,5% de los grandes propietarios ostentan el 25% de la tierra y un 40% de propietarios poseen solo el 2% de la superficie, expresiones como la suya resultan inauditas, lo cual no es de extrañar, pues en otras oportunidades el ex-gobernador Chaux, comprometido con la parapolítica, acusó a los indígenas de subversivos para negar la entrega de las haciendas Japio y Emperatriz, argumentando pertenencia de las comunidades afrodescendientes. Dichos terrenos nunca se entregaron a los afros y por el contrario hoy están invadidos por monocultivos de Smurfit Cartón Colombia. No es coincidencia que el cuestionado ex-ministro Arias haya expresado en varias oportunidades que “ni un metro más de tierras para los indígenas”, mientras distribuía el dinero de los colombianos entre los grandes terratenientes del país.
Resulta paradójico, que usted nunca haya planteado alertas similares para corregir la política de Incoder y Acción Social con la que han generado situaciones igualmente conflictivas pero que las comunidades indígenas han sorteado de manera pacífica. Nos referimos a la finca “Villa Carola”, entregada a desplazados del municipio de Inzá, la cual estaba siendo reclamada desde hace más de 20 años por el pueblo Coconuco por ser parte del ámbito territorial del resguardo de Poblazón; situación similar se presenta con la finca “La Selva”, reclamada por la comunidad del resguardo de Quintana y que fue comprada para ser entregada también a población desplazada, o la finca “Los Naranjos”, situada en la vereda La Pajosa, del municipio de Totoró, la cual permanecía en posición del cabildo de Jebalá y que para sorpresa de la comunidad Nasa, se compró con engaños, también para beneficiar a desplazados provenientes de diferentes partes del país.
Es voz populi que tanto en el norte como en el sur del Cauca hay grandes haciendas que podrían reducirse para brindar soluciones definitivas al conflicto de tierras que sufre el departamento, en vez de sugerir compra “a los señores indígenas” que las acaban de adquirir después de largos procesos de negociación ante incumplimientos permanentes del Estado colombiano. Por otra parte, Villa Rica, Santander, Caloto y el Patía son territorios donde han convivido las comunidades afro, los cuales les deberían ser entregados en honor a la historia, iniciativa imposible de adelantar ya que son haciendas que permanecen en manos de grandes terratenientes incrustados en las administraciones territoriales del departamento y de esos municipios.
Es evidente que su comentario mediático aumenta la cadena de ineptidudes institucionales, pues en Colombia todo el mundo sabe dónde están los responsables de más de cuatro millones de desplazados pero no es posible judicializarlos debido a los riesgos que ello significa; las instituciones de inteligencia conocen previamente sobre estrategias y los sitios susceptibles de ser atacados por los agentes del conflicto armado pero no realizan acciones preventivas y lo hacen saber después de que la población civil ha sido afectada por la guerra; la Procuraduría conoce de la corrupción institucional pero mientras juzga a unos a otros los exime por el mismo delito; el congreso de la república sabe las consecuencias nefastas de una norma pero continúa emitiendo leyes para el despojo; el sector campesino reclama con insistencia una reforma agraria integral y el Estado le ofrece desarrollo rural con políticas como la de agro ingreso seguro; mientras los territorios ancestrales continúan siendo el objetivo común de las empresas mineras y de la producción extensiva multinacional, el Estado las sigue ofreciendo como la única tierra prometida para los pobres del campo.
Finalmente, señor gobernador, la situación actual requiere soluciones de fondo con procesos de consulta que atiendan los requerimientos de tierras de las comunidades afro, campesinas e indígenas, no hacerlo corroboraría que en nuestro país los principios y fundamentos constitucionales no son respetados por los funcionarios públicos, siendo nuestro deber, como sociedad colombiana, continuar realizando acciones de movilización social y demandas jurídicas ante organismos de del Estado y de derechos humanos del orden internacional para evitar que el reino de la impunidad siga triunfante en Colombia.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
