La situación de derechos humanos de los indígenas del país es grave, crítica y preocupante; existe un inminente riesgo de su extinción física y cultural, aseguró el Relator James Anaya al concluir su visita a Colombia.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas concluye visita a Colombia
El 26 de marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos nombró al Profesor James Anaya como el Relator Especial sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales del los indígenas por un período inicial de tres años.
El Sr. Anaya es titular de la cátedra James J. Lenoir Professor of Human Rights Law and Policy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona, en los Estados Unidos. A petición de los pueblos indígenas y especialmente gracias a la gestión de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, Onic, el gobierno hizo la invitación oficial para que el Dr. Anaya visitara a Colombia.
Este fue su balance luego de concluir su visita de cinco días:
Bogotá, Colombia. “La situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante”. Tal fue la conclusión del anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Profesor Rodolfo Stavenhagen, en su informe sobre Colombia del año 2004. Esa evaluación sigue siendo aplicable hoy, a pesar de algunas iniciativas importantes del Gobierno de Colombia durante los últimos años.
Durante los últimos cinco días -22 y 27 de julio- he estado en Colombia a fin de observar la situación de los pueblos indígenas en el país en el contexto de seguimiento a las recomendaciones del anterior Relator Especial hechas en su informe de 2004.
Durante mi visita llevé a cabo reuniones con el Presidente de la República, Dr. Álvaro Uribe, ministros, magistrados de la Corte Constitucional y funcionarios de varios órganos del Estado colombiano. Asimismo, llevé a cabo reuniones con representantes de pueblos y organizaciones indígenas y de la sociedad civil y, con el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, en Bogotá y en los departamentos de Nariño y Cauca.
Agradezco la invitación del Gobierno de Colombia, así como todas las facilidades que recibí de su parte para la realización de la visita; considero que ponen de manifiesto la buena voluntad y apertura de parte del Gobierno. Asimismo, expreso mi agradecimiento a los pueblos indígenas por la importante información proporcionada y por su cooperación en la organización de partes importantes de la visita.
Tomo nota de las significativas iniciativas de parte del Gobierno de Colombia, en particular en materia de salud y educación, para mejorar la situación de extrema vulnerabilidad que viven los pueblos indígenas del país. Sin embargo, las iniciativas del Gobierno de Colombia en materia de los derechos de los pueblos indígenas necesitan ser consolidadas y su efectiva implementación asegurada.
Asimismo, insto al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para que las iniciativas relacionadas con los pueblos indígenas sean efectivas, adecuadas y consultadas con los pueblos indígenas del país.
Observo que las autoridades judiciales y de control del Estado, en particular la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tienen competencias importantes para la protección de los pueblos indígenas del país.
Tomo nota de las sentencias de la Corte que han favorecido a los pueblos indígenas, lo que constituye una jurisprudencia ejemplar en el mundo. Asimismo, pongo de manifiesto el papel fundamental que juega la Defensoría del Pueblo en el amparo y protección de los derechos de los pueblos indígenas; en particular, reconoce a su Sistema de Alertas Tempranas (SAT) como un mecanismo importante de identificación y prevención de violencia contra los pueblos indígenas.
Insto al Estado a asegurar todo el apoyo necesario para el funcionamiento efectivo de estas instituciones, incluidas la aplicación práctica y la financiación del SAT.
En su Auto No. 004 de 2009, la Corte Constitucional afirma que los pueblos indígenas sufren alarmantes patrones de desplazamiento forzado, homicidio, falta de alimentación y otros problemas graves a causa del conflicto armado en el país y distintos factores subyacentes, generando situaciones de urgencia que no han recibido una respuesta estatal acorde a su gravedad. Como resultado, la Corte señala que numerosos pueblos indígenas a lo largo del país se encuentran amenazados con el exterminio cultural o físico y reclama una respuesta integral y efectiva del Estado a estos retos.
Los testimonios que he escuchado, durante mi visita, de varios representantes indígenas y víctimas de los efectos del conflicto armado confirman la evaluación de la Corte.
Tomo nota de las iniciativas del Gobierno para implementar los planes de salvaguarda ordenados por la Corte Constitucional para remediar esta situación, exhorto a que estos planes sean diseñados e implementados cabalmente según las directrices de la Corte.
Con relación al conflicto armado noto con extrema preocupación que los grupos armados ilegales, en especial las FARC-EP, parecen desconocer por completo los estándares de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Según la información que he recibido, estos grupos son los principales responsables de asesinatos de indígenas y otros graves crímenes, que afectan desproporcionadamente a los pueblos indígenas; en particular, llama a los grupos armados ilegales a suprimir la práctica del reclutamiento y la vinculación de niños y niñas indígenas, así como el uso de minas antipersonal.
Toma nota con preocupación de la información recibida sobre el incremento dramático de estos crímenes contra los pueblos indígenas desde la visita del Profesor Stavenhagen.
Tomo nota con suma preocupación la información recibida sobre el asesinato y otros crímenes cometidos en contra de individuos indígenas durante el curso de su visita al país.
Noto que persisten alegaciones de violaciones de derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con victimas indígenas. Reconozco las iniciativas de la Fuerza Pública para promover el respeto de los derechos humanos en el desempeño de sus funciones e insta a fortalecer su aplicación práctica con la cooperación internacional, en particular de la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
También urjo a la Fuerza Pública a respetar la autonomía de los pueblos indígenas y concertar con las autoridades indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios.
Enfatizo la necesidad de fortalecer programas que implementen los derechos sociales y económicos de los pueblos indígenas, incluida la provisión de alimentos y servicios de salud, especialmente para aquellas comunidades desplazadas y afectadas por el conflicto armado.
Es preocupante que en departamentos con altos porcentajes de población indígena, algunos indicadores, como la mortalidad materna e infantil, presentan índices mucho más altos que la media nacional.
Expreso mi preocupación por la situación de la niñez y las mujeres indígenas afectadas por el conflicto armado, y urjo al Gobierno a fortalecer sus programas de servicios de atención para responder de manera efectiva a estas necesidades.Una exigencia persistente de los pueblos indígenas en Colombia es el derecho a la tierra y al territorio. Durante las últimas décadas, Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país.
Sin embargo, aún quedan muchos reclamos territoriales indígenas por resolver y compromisos por el Estado que todavía no han sido cumplidos al respecto. Además, la existencia de intereses comerciales extensivos en los recursos naturales de los territorios de los pueblos indígenas amenazan en muchas ocasiones los derechos de los pueblos indígenas, tal como ha señalado la Corte Constitucional.
El reconocimiento y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es necesario para establecer condiciones sostenibles de paz y asegurar la supervivencia de los pueblos indígenas.
Asimismo, señalo la necesidad de armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en especial en lo que se refiere a los denominados mega proyectos relativos a la extracción de recursos o infraestructura, con los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
Tanto los pueblos indígenas como la Corte Constitucional han identificado la falta de consulta previa en decisiones que les afectan como un problema persistente. En este sentido, recuerdo que la Corte ha declarado inconstitucional decisiones administrativas y leyes, más recientemente la Ley General Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, por no haber sido consultadas adecuadamente con los pueblos indígenas.
Tomo nota de los esfuerzos del gobierno en este sentido, incluida la preparación de una propuesta de ley que regule la consulta previa, y confía que el acompañamiento del Sistema de Naciones Unidas ayude en este respecto, especialmente la Oficina del Alto Comisionado para los Derecho Humanos.
Al respecto, observo que es fundamental concertar con los pueblos indígenas el proyecto de ley sobre la consulta y asegurar que sea consistente con las normas internacionales aplicables y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Urjo a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y concertación entre el gobierno y los pueblos indígenas.
Enfatizo la necesidad de crear mecanismos de confianza y garantías entre las partes.
Tomo nota de la importancia de que Colombia desarrolle e implemente legislación y políticas públicas que sean conformes a las normas aplicables internacionales sobre los derechos los pueblos indígenas, incluidas aquellas derivadas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, ratificado por Colombia, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
28 de julio de 2009
CONSEJERIA MAYOR, CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC
