ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL VALLE DEL CAUCA REGIÓN PACIFICO – ACIVARP. EL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL VALLE DEL CAUCA – ORIVAC
ACCIÓN URGENTE
Nosotros las autoridades indígenas del pueblo Wounam Nonam; de Docharpien, EWANDAM CHAAN, habitamos las orillas del San Juan y quebradas que lo alimentan, estamos conformados por 14 resguardos y 18 comunidades agrupados en las organizaciones ACIVA-RP y CAMAWA, ORIVAC. Somos un pueblo que vive de la cacería y de la pesca, de las cocas de Werregue que hacen nuestras mujeres y de la siembra de la papachina y el banano. Estamos asentados ancestralmente en el Bajo San Juan y Bajo Calima desde que salimos de las playas del Baudó y hemos desarrollado nuestro Plan de Vida de generación en generación.
En la actualidad nuestra pervivencia como cultura se ve seriamente afectada por el empobrecimiento de nuestras familias, por eso la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con nuestro pueblo se viene acumulando por la falta de políticas pertinentes y concertadas que busquen el buen vivir de nuestras comunidades y territorios. En materia de educación, salud, transferencias, saneamiento básico y otras políticas sociales es muy poco lo que se ha avanzado lo cual nos hace más vulnerables a los impactos que puede tener la presencia de los grupos armados y economías ilegales, profundizando, además, el proceso de pérdida cultural de nuestro pueblo.
Nosotros como pueblo Wounaan Nonam nos encontramos en riesgo de extinción física y cultural por el impacto desproporcionado que tiene el conflicto armado en nuestros territorios y comunidades. Desde el 2005 la tranquilidad que teníamos en los territorios se vio alterada por la disputa de los grupos armados ilegales para ejercer control en esta zona que es y ha sido estratégica para las economías ilegales y tránsito del interior del país hacia el Pacífico. En el 2010 la zozobra y el miedo llegaron para quedarse y no abandonar nuestros territorios y desarmonizar a nuestros espíritus. En agosto 4 del 2010 en Guayacan inició la estrategia de desterritorializarnos a través de los desplazamientos masivos e individuales que no han cesado hasta el día de hoy.
Preocupados hemos visto como las comunidades de Santa Rosa de Guayacan, Agua Clara, Chachajo, Chamapuro, Buenavista, Tiosilirio, San Bernardo, Unión Balsalito, Papayo, Taparalito, Puerto Pizario, Pichimá, Valledupar, Nuevo Pitalito, Unión San Juan, Join Jeb, Cerrito Bongo, Cocalito y Puerto Guadualito se han afectado por desplazamientos, confinamiento, amenazas, torturas, violencia sexual y reclutamiento forzado de jóvenes, por parte de diversos grupos armados ilegales entre los años 2005 y 2016 y ante ello la respuesta estatal ha sido muy débil y no se ha ajustado al decreto 4633.
Recientemente vemos con angustia cómo la violencia se viene recrudeciendo en nuestras comunidades por la presencia de los grupos armados ilegales. El pasado 15 de agosto una mujer indígena del Resguardo Puerto Pizario, comunidad de Puerto Guadualito fue torturada con el objetivo de obtener información y amedrentar a nuestras comunidades. Hecho que suscitó el desplazamiento y confinamiento de varias de las comunidades antes mencionadas. Esta situación se suma a los dos desplazamientos masivos que ha sufrido la comunidad de Pichimá Quebrada en los cuatro últimos meses. Lo cual ha derivado en una grave crisis humanitaria, sin una la respuesta oportuna y adecuada requerida para la emergencia. Al día de hoy la comunidad indígena de Pichimá Quebrada lleva casi 5 meses sin poder retornar a su territorio.
En el marco del auto 004 deberíamos contar ya con el plan de salvaguarda que definiera estrategias para nuestra protección, no obstante el proceso ha sido muy lento, cuestión que ha dificultado para tomar medidas de protección por parte de la institucionalidad encargada y las autoridades indígenas, por eso se hace indispensable avanzar prontamente para el fortalecimiento de estrategias de resistencia y protección y en particular de nuestra guardia indígena.
Por todo lo anterior levantamos una alerta urgente ante la sociedad y el Estado colombiano para que tomen medidas para protegernos y respetar nuestro pueblo y territorio.
Reiteramos que somos un pueblo en resistencia en nuestros territorios, que ejercemos autonomía a través de nuestro gobierno y organizaciones propias por lo tanto exigimos el respeto a nuestros territorios, comunidades, autoridades y organizaciones y por ello son las autoridades y organizaciones las autorizadas para la interlocución y quienes deben intervenir también en instancias como comités, mesas y otros espacios de representación.
Por lo anterior solicitamos a:
- La Unidad de Víctimas y alcaldías de Buenaventura y del Litoral del San Juan.
Atender a la población indígena según lo indica el Decreto 4633
Pronta, oportuna y pertinente atención humanitaria en la zona a las comunidades y familias desplazadas y confinadas de los resguardos de: Puerto Pizario, comunidades de Unión San Juan, Pizario y Puerto Guadualito; Resguardo Nuevo Pitalito y comunidad de Chamapuro; y resguardo de Chachajo.
Atención humanitaria con enfoque diferencial de la comunidad de Pichimá quebrada desplazada en Docordó.
Cumplimientos de los acuerdos y el plan de retornos de las comunidades de Agua Clara, Chachajo y Chamapuro.
Convocatoria urgente al comité de Justicia Transicional ampliado para los departamentos de Valle del Cauca y Chocó para abordar de manera integral la grave situación humanitaria del bajo San Juan.
- Al Ministerio del Interior y Dirección de Asuntos Étnicos
Apoyar a las organizaciones y autoridades indígenas para una reunión urgente de Autoridades en la zona del bajo san Juan para definir acciones en el marco del plan de Salvaguarda para la prevención y protección de las comunidades afectadas.
Cumplir con el compromiso de apoyo y fortalecimiento de la guardia indígena.
Concertar con las autoridades y organizaciones medidas de protección colectiva, autoridades, personas y líderes amenazados.
- Al Gobierno Nacional en su conjunto
Concluir y definir recursos inmediatos para la implementación del Plan de Salvaguarda y el plan de Vida del Pueblo Wounaan Nonam del Bajo San Juan.
- A las Autoridades distritales de Buenaventura, locales del Litoral del San Juan y departamentales del Valle del Cauca y Chocó:
Acciones integrales inmediatas y con recursos suficientes para el bienestar de las familias del pueblo Indígena Wounaan Nonam del Bajo San Juan.
- Órganos de control y garantes de Derecho humanos
Defensoría del Pueblo
Tomar acciones pertinentes que visibilicen, alerten e informen a la Corte Constitucional, sobre el grave riesgo en que se encuentran las comunidades Indígenas.
Que su acompañamiento siga permanente en la zona afectada.
Procuraduría
Que realice las indagaciones e investigaciones pertinentes frente a la demora y falta de enfoque diferencial a la respuesta de las entidades en la atención a la población indígena víctima.
Que desarrolle las indagaciones e investigaciones pertinentes a los casos de retraso de entrega de los recursos de trasferencias a los distintos resguardos del Bajo San Juan tanto del Departamento del Chocó como del Valle del Cauca.
- Senadores Indígenas
Que convoquen a una audiencia en el Congreso para analizar la situación del Pueblo Wounaan Nonam del Bajo San Jun y la respuesta Institucional.
- A la Comunidad Internacional
Instar al Gobierno Nacional para que dé respuestas concertadas, efectivas, pertinentes e inmediatas al pueblo y comunidades Wounaan Nonam.
- Estar vigilante de la situación de nuestro pueblo en la garantía de los Derecho Humanos.
A Naciones Unidas
Solicitar el acompañamiento permanente por parte de ACNUR Y ONU DDHH
Al CICR
Intervenir en la zona del Bajo San Juan para bajar la presión por parte de los grupos armados ilegales, para el respeto del DIH y de los territorios Indígenas.