CONTEXTO:
Las Autoridades indígenas, organizaciones comunitarias y población civil han reportado una grave situación humanitaria y de derechos humanos en las comunidades de Ortega, La Diana, La Isla y El Edén, en el municipio de Cajibío, así como en el resguardo indígena de Chimborazo, el sector de La Liberia y la vereda El Trapiche, en el municipio de Morales, Cauca. Desde hace aproximadamente ocho días se presentan enfrentamientos intensos entre grupos armados, situación que se habría agudizado desde el domingo 9 de agosto. Como consecuencia, desde el día 11 de agosto se registra desplazamiento masivo de población civil, principalmente mujeres, niños, niñas, adolescentes y personas adultas mayores.
De acuerdo con reportes preliminares, aproximadamente 550 personas se habrían desplazado desde el corregimiento de Ortega y comunidades cercanas. Aproximadamente 500 personas se encuentran actualmente en el sitio de recepción ubicado en La Liberia, en el Resguardo Indígena de Chimborazo. Actualmente la comunidad indígena de Chimborazo, se declara en Asamblea Permanente frente a la emergencia humanitaria. Se estiman 1700 personas en confinamiento. La mayor parte de la población afectada pertenece a comunidades campesinas.
AFECTACIONES REPORTADAS
De manera preliminar las Autoridades Indígenas y la comunidad, en compañía del equipo de derechos humanos del CRIC, reportan
1. Desplazamiento forzado colectivo de al menos 550 personas desde Ortega, La Diana, La Isla y El Edén hacia La Liberia y El Trapiche del municipio de Cajibio.
2. Confinamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que no han podido salir de sus territorios debido a los combates, la presencia de actores armados y el riesgo en los caminos.
3. Reportes preliminares sobre posibles personas fallecidas, desaparecidas y heridas, hechos que requieren verificación urgente, individualización y esclarecimiento.
4. Presencia de personas armadas en el territorio y restricciones a la movilidad de la población civil.
5. Afectaciones y daños en viviendas y otros bienes civiles.
6. Amenazas o advertencias relacionadas con posibles bombardeos por parte de la Fuerza Pública hacia grupos armados, pero en medio de la población civil, lo cual ha incrementado el temor y la incertidumbre de las comunidades.
7. Riesgo para las personas que intentan desplazarse por zonas boscosas y caminos rurales, debido a la continuidad de los combates y a la posible presencia de artefactos explosivos o municiones sin explotar.
8. Suspensión de clases en instituciones educativas.
9. Interrupción del servicio de energía eléctrica y ausencia en algunos sectores de señal de telefonía celular en el sector.
10. Limitaciones de acceso y restricciones para el ingreso y acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP/OEA.
POBLACIÓN EN ESPECIAL SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La emergencia afecta principalmente a:
1. Niños, niñas y adolescentes.
2. Mujeres, incluidas mujeres embarazadas y lactantes.
3. Personas adultas mayores.
4. Personas heridas o con enfermedades crónicas.
5. Comunidades indígenas del resguardo de Chimborazo.
6. Comunidades campesinas y afrodescendientes.
7. Familias que permanecen confinadas en las zonas de riesgo.
8. Personas que podrían encontrarse desaparecidas o incomunicadas.
La concentración de población desplazada en La Liberia genera necesidades urgentes de alimentación, agua potable, alojamiento digno, atención médica, saneamiento básico, seguridad, protección y apoyo psicosocial.
ALERTAS
– El 13 de agosto de 2026 realizó un Comité de Justicia Transicional en el municipio de Morales. Asimismo, la administración municipal estaría atendiendo la emergencia con los recursos disponibles. No obstante, la magnitud de la situación supera la capacidad local y requiere la activación inmediata de mecanismos departamentales y nacionales de respuesta humanitaria, protección y prevención.
EXIGENCIAS
Exigimos a todos los actores armados cesar de inmediato los enfrentamientos y evitar toda acción que ponga en riesgo a la población civil, de conformidad con los principios de distinción, humanidad y proporcionalidad y demás normas del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, no ocupar viviendas, escuelas, centros comunitarios y demás bienes civiles, así como abstenerse de instalar minas, artefactos explosivos o cualquier elemento que ponga en peligro a las comunidades.
A la Fuerza Pública: Adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y prevenir daños a bienes civiles, absteniéndose de realizar operaciones o acciones que puedan poner en riesgo a la población desplazada, confinada o refugiada. De igual manera, facilitar corredores humanitarios y condiciones seguras para la evacuación, atención y asistencia de la población.
Al Estado y a las autoridades territoriales, solicitamos en la brevedad activar de manera inmediata la respuesta humanitaria integral para las personas desplazadas y confinadas. Asimismo, verificar la situación de las personas reportadas como desaparecidas, heridas o fallecidas e implementar medidas especiales para niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
Se requiere de manera urgente, garantizar la presencia efectiva de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personerías, Fiscalía, Unidad para las Víctimas, organismos humanitarios y mecanismos internacionales de acompañamiento a fin de adoptar medidas de protección colectiva para las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
