En un espacio de socialización y balance, el equipo de representación judicial de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó los principales avances del trabajo que se viene desarrollando en los territorios, particularmente en el acompañamiento a victimas tanto colectivas como individuales afectadas por el conflicto armado.
El espacio contó con la participación de comuneros y comuneras indígenas, entre ellos profesionales del derecho, que vienen acompañando, asesorando y representando a víctimas y comunidades en los escenarios de justicia transicional. Para el movimiento indígena, esta participación tiene una importancia particular porque permite que los casos sean abordados desde el conocimiento de los territorios, de las comunidades y de las afectaciones generadas durante el conflicto armado.
Dentro del balance presentado se destacó la participación de autoridades indígenas de diferentes territorios del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, incluyendo procesos de ACIN, Caldono, Morales y otros territorios que hacen parte del ámbito de investigación del Caso 05 de la JEP.
El trabajo judicial ha permitido avanzar en la identificación de hechos y patrones de afectación contra las comunidades indígenas. Entre estos se encuentran las agresiones contra autoridades y guardias indígenas, la violencia sexual, las afectaciones territoriales y otros hechos relacionados con la presencia y actuación de diferentes actores armados.
Uno de los aspectos señalados durante la socialización tiene que ver con la necesidad de establecer no solamente quiénes ejecutaron materialmente los hechos, sino también las responsabilidades de quienes pudieron financiarlos, promoverlos o participar desde estructuras políticas, económicas y estatales. En este sentido, la investigación busca avanzar sobre las distintas responsabilidades relacionadas con la violencia ejercida contra las comunidades.
También se informó sobre avances relacionados con declaraciones de verdad por parte de comparecientes, exigencias de las autoridades indígenas frente al esclarecimiento de casos específicos y propuestas de reparación construidas alrededor de las afectaciones sufridas por las comunidades, autoridades y personas víctimas.
Estos procesos hacen parte de un camino que todavía no ha concluido. Para las autoridades indígenas, la búsqueda de verdad y justicia requiere que las investigaciones continúen y que las víctimas y comunidades puedan participar de manera efectiva en los escenarios judiciales.
Durante el espacio también se expresó preocupación frente a la situación de la JEP y las posibles consecuencias que tendría una reducción de los recursos destinados a su funcionamiento. Desde el análisis presentado, una disminución de su capacidad institucional podría afectar el desarrollo de investigaciones que todavía se encuentran en curso y limitar las posibilidades de avanzar en el esclarecimiento de responsabilidades.
Esta preocupación se relaciona directamente con los procesos de verdad, justicia y reparación que las comunidades vienen impulsando. Para el movimiento indígena, la continuidad de estas investigaciones resulta necesaria para avanzar en el esclarecimiento de hechos que han afectado la vida comunitaria, el ejercicio de la autoridad, la Guardia Indígena y el territorio.
El balance también permitió plantear que la participación de las autoridades indígenas no puede reducirse a la entrega de información sobre los hechos. Se requiere que las comunidades tengan garantías y capacidades para intervenir en los procesos, hacer seguimiento a las investigaciones y plantear sus propias exigencias frente a la verdad, la justicia y la reparación.
Desde la organización se mantiene la defensa de la paz como un camino que requiere participación, garantías y esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto armado. La consigna de “Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra” implica también conocer lo sucedido, establecer responsabilidades y garantizar que las víctimas puedan participar en las decisiones relacionadas con los procesos de justicia.
En este sentido, la representación judicial ante la JEP constituye uno de los escenarios en los que el movimiento indígena continúa exigiendo verdad sobre las afectaciones sufridas por las comunidades y buscando que las responsabilidades sean determinadas dentro de los procedimientos establecidos por la justicia transicional.
El reto planteado es continuar el trabajo territorial y organizativo, mantener la participación de las autoridades y comunidades y avanzar en los procesos que aún permanecen abiertos. Para el CRIC, la búsqueda de verdad y justicia hace parte de las acciones necesarias para enfrentar las consecuencias del conflicto armado y garantizar los derechos de las víctimas de los pueblos indígenas.
