–          Las tendenciosas y calumniosas informaciones en contra de activistas ambientales de Piura y Cajamarca enrarece el clima de los derechos humanos en un país que se jacta de respetarlos.

Servindi, 2 de febrero, 2014.- No es un caso aislado. Se trata de una campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos de las comunidades”.

No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga. La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo Canterac.

Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el ambiente y los recursos naturales.

Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el marco de la ley.

La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10 años promueve el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui Norte.

Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad, integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades locales.

Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como “parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.

Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que “observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.

La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene diversos operadores para deslegitimar las actividades de defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.

Solidaridad internacional

La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y personalidades extranjeras que expresaron su indignación y solidaridad.

Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ambientales.

La campaña también tiene como meta específica desacreditar a quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.

Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su principal vector.

El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor de la empresa minera Yanacocha.

El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en conflicto.

Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la coordinadora que actualmente están conformado.

A continuación reproducimos el comunicado de la Red Muqui y luego el pronunciamiento internacional:

http://servindi.org/actualidad/100221

 

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