CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, informó que, como una experta independiente, revisará las recomendaciones que en su momento hizo su antecesor, Rodolfo Stavenhagen, al gobierno mexicano “para saber si se han implementado o si se tienen que reiterar”.
A su llegada a Tlatzala, Guerrero, el pasado sábado 11, como parte de su visita oficial de trabajo a México, la funcionaria dijo a víctimas directas e indirectas de violación a derechos humanos: “Mi misión es poder estar con ustedes para conocer la situación de los pueblos, los retos a los que se enfrentan y sus buenas prácticas. Comunicaré lo que ustedes me digan a las autoridades de México. Haré extensiva sus propuestas y recomendaciones”.
Según un comunicado de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), alrededor de 300 personas de pueblos originarios, habitantes del lugar, víctimas de violaciones a los derechos humanos y defensores recibieron a la relatora, originaria de Filipinas, quien realiza en México una visita oficial para conocer la situación y problemáticas que viven los pueblos indígenas en nuestro país.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, víctimas de tortura sexual por parte de soldados del Ejército Mexicano recibieron a la relatora junto con Francisco Lauro, padre de Magdaleno Lauro, normalista desaparecido de Ayotzinapa, originario de Tlatzala.
También estuvieron el comisario municipal y de la banda de viento, José Rubio Villegas, hermano de Bonfilio Rubio Villegas, joven Naua, ejecutado extrajudicialmente por militares en 2009, originario del mismo municipio.
Victoria Tauli-Corpuz se reunió en privado, durante seis horas, con representantes de pueblos indígenas como el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota, quienes aún son objeto de hostigamientos y criminalizaciones.
También recibió a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, misma que informó sobre la derogación que se pretende hacer a la Ley 701, que reconoce el sistema de justicia comunitario, así como sobre la criminalización que hasta la fecha viven algunos de sus integrantes como Arturo Campos Herrera.
Al encuentro también acudieron representantes de la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo; integrantes de la comunidad de Buenavista, Municipio de Atlixtac y de El Coyul, Municipio de Cochoapa El Grande, quienes compartieron su lucha para que el derecho a la educación sea garantizado en sus comunidades.
Incluso, asistieron integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT), misma que, tras cinco años de organización, está conformado por 20 núcleos agrarios, uno de ellos Juba Wajiín comunidad Me´phaa que ha emprendido la lucha en defensa del territorio, frente a los proyectos mineros en la Región de la Montaña.
Los testimonios
“El lugar de donde vengo le llaman provincia de la montaña, por lo que sé perfectamente qué es vivir en lugares como estos y por lo que han pasado, es por eso que me siento muy agradecida de que me hayan abierto los brazos en el territorio de la Montaña de Guerrero”, les dijo la relatora de la ONU a los asistentes.
Según el comunicado de la Red TDT, la relatora escuchó testimonios de casos de feminicidio y de la falta de acceso a la justicia para las mujeres y sus familiares; de violencia obstétrica contra mujeres indígenas, quienes son discriminadas y afectadas por la falta de médicos en sus comunidades.
En tanto, el Centro Regional de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” habló sobre el incremento de la violencia en Chilapa, Guerrero, que ha dejado como consecuencia la desaparición de personas, asesinatos y desplazamientos forzados.
Además, madres y padres de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa compartieron los obstáculos para conocer la verdad y obtener justicia: “De los 43, 17 son jóvenes indígenas, que fueron violentados y que hasta hoy seguimos sin saber nada de ellos”, dijo Cristina Bautista, madre del estudiante Benjamín Ascencio.
Victoria Tauli-Corpuz les dijo que sentía el mismo dolor que los familiares de las víctimas: “Comparto el dolor de todos esos padres y madres que han perdido a sus hijos, este tipo de injusticia es inaceptable”.
La relatora comentó que estaba admirada “por su unión y determinación. Espero de verdad poder abonar con lo que esté a mi alcance para que accedan a la justicia”.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso la situación de torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzosos, desapariciones forzadas, despojos de sus territorios, ataques, hostigamientos y criminalizaciones, así como la falta de acceso a derechos básicos como a la alimentación, salud y educación en el país.
Son, dijo, “parte del calvario de sufrimientos que padecen y que a su vez suelen ser el puente a más violaciones a derechos humanos en su contra”.
Además de Guerrero, en la visita oficial de la relatora de la ONU está incluida su presencia en Chiapas y Chihuahua, “ante la preocupación del contexto y violaciones a los derechos humanos contra la población indígena en estas entidades”, informó la Red TDT.
Tomado de proceso