“Esto sí es meter en cintura a la Drummond”

José Alejandro Arias es la persona que ha hecho las denuncias que arrinconaron a la multinacional carbonífera.
“Esto sí es meter en cintura a la Drummond”. Este es José Alejandro Arias, el periodista y abogado que pone contra las cuerdas a Drummond.
Este es José Alejandro Arias, el periodista y abogado que pone contra las cuerdas a Drummond.

Hoy, después de que el gobierno decidió ponerle freno al cargue de carbón en barcazas por los constantes incumplimientos de la multinacional Drummond a las normas ambientales, políticos, analistas y periodistas no paran de hablar del caso.

Uno de los que ha opinado so
bre el asunto es el abogado y periodista José Alejandro Arias. En la mañana de este jueves 9 de enero dijo a Caracol Radio que “esto es meter en cintura y dar un mensaje de legalidad en la ciudad de Santa Marta, donde parecería que incumplir la ley y que el crimen sí pagan”.

Pero, ¿quién es este hombre que hoy opina sobre el caso y que para el resto del país podría ser un desconocido? Se trata, ni más ni menos, de la persona que puso dos de las denuncias que hoy tienen a esta multinacional contra la pared. Arias demostró con fotografías que la empresa estadounidense había tirado al mar cientos de toneladas de carbón a principios del 2013.

Casi 12 meses después y mientras los colombianos disfrutaban de las fiestas de Año Nuevo, él seguía en su labor de recolectar nuevas evidencias que demostraran que la Drummond continuaba cargando carbón en barcazas, lo que podría producir un nuevo daño ambiental en la bahía.

Esta es una de las fotografías con las que José Alejandro Arias demostró que Drummond continuaba cargando el carbón en barcazas (Foto: Cortesía del autor).

El pasado 2 de enero, tan sólo 24 horas después de la prohibición emitida por el gobierno sobre el cargue de carbón, Arias publicó unas fotografías con las que demuestra que a pesar de las leyes Drummond continuaba transportando carbón en barcazas. El procedimiento implica llevar el carbón que la minera extrae desde un puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta, hasta unos buques ubicados a ocho kilómetros de la playa.

Ello deja contaminación no sólo en el aire, por las partículas que se liberan, sino la pérdida del mineral que cae al mar, como lo sostuvo en su momento una investigación de la Contraloría.

Por esto es que el abogado y periodista de 45 años, especialista en temas ambientales, no descansa.

José Alejandro Arias estudió en Bogotá, pero retornó hace 11 años a su tierra natal: Santa Marta. Desde los 14 años es activista, inspirado por su padre, quien le enseñó a preocuparse por la contaminación del mar. También es abogado de la Confederación Indígena Tayrona y representante del consejo territorial de cabildos, que reúne a las cuatro etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su defensa de los derechos ambientales lo llevó a destacarse como periodista en Radio Magdalena, además, de ser leído en su blog especializado en temas ambientales, seguido por cerca de 18.000 personas.

Entre sus investigaciones está un estudio dedicado a la contaminación de ocho playas afectadas con la bacteria ‘enterococcus’, publicado en el 2009. En ese año, las indagaciones de Arias lograron estallar el escándalo del hotel Six Senses en el Tayrona, estudio que realizó junto con el periodista Daniel Samper Pizano y el cual concluyó con la suspensión temporal del proyecto ecoturístico.

Arias ha utilizado chaleco antibalas durante más de un año y es una persona protegida por el gobierno nacional. La Unidad Nacional de Protección le asignó dos escoltas luego de que denunció amenazas contra su vida por una entrevista que le hizo a José Gelvez Albarracín, alias el ‘Canoso’, aquel jefe político de las Autodefensas que destapó el maridaje entre políticos y jefes paramilitares.

Por razones de seguridad, en diciembre del 2012 salió del país. En enero del 2013, cuando regresó, encontró nuevas irregularidades en una de sus denuncias. Se trata del caso Drummond, la segunda exportadora y comercializadora de carbón en el país, sobre la que Arias le tenía puesta la mirada desde el 2006.

El abogado considera que la cumbre de sus estudios fue el resultado de una investigación de la Contraloría sobre la degradación ambiental de la bahía de Santa Marta. Sus denuncias llevaron a que la entidad estableciera que las estaciones de monitoreo de calidad del aire habían sido manipuladas por la Drummond.

Pero Arias fue más allá. Publicó varias fotografías y videos que revelaron que la Drummond no cumplía sus planes de contingencia y que, por el contrario, vertía carbón en las aguas de Santa Marta. Al mismo tiempo advirtió que nunca prosperaron las denuncias interpuestas por los trabajadores de la compañía, quienes alegaban el deterioro de su salud por la exposición a las partículas de carbón.

En conversación con Semana.com dijo que, de primera mano, tuvo acceso al caso de un incidente ocurrido con una barcaza de la Drummond repleta de carbón, la cual se inclinó por cuenta de una falla humana. El periodista aseguró que los empleados decidieron sacar el carbón de la embarcación y arrojarlo al mar.

La empresa argumentó en ese momento que en la zona había condiciones climatológicas adversas y que por ello ocurrió el incidente. Sin embargo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) certificó lo contrario. “Alcancé a tomar las fotos y el video y me sacaron de la zona. Los señores de la Drummond no permiten que buzos ni nadie entre en el área aun cuando ellos no tienen esa potestad de acuerdo a su licencia ambiental”, precisó.

Fue por su trabajo que el gobierno en enero del 2013 decidió frenar temporalmente, en Santa Marta, la carga del mineral por parte de la Drummond, empresa que terminó por aceptar la medida del gobierno y comprometerse a mejorar su plan de contingencia.

Ahora, un año después, Arias continúa siendo un personaje fundamental para la defensa del medio ambiente en la costa Caribe y una de las piezas claves en el freno a las irregularidades de una de las empresas más poderosas del país.

Fuente: http://www.semana.com/

¡No más actores armados legales e ilegales en nuestros territorios!

No solo han sido las FARC-EP las que han querido establecer un orden armado y externo sobre nuestras comunidades, también el Estado y los terratenientes, en alianza con grupos paramilitares, han intentado someter a las comunidades indígenas, y contra ellos seguiremos luchando, pero desde nuestras formas propias y autónomas de organización.

Cabildo indígena Nasa del Resguardo de Corinto
Comunicado a la opinión publica

Hoy 20 de abril, en la vereda Carrisales, con la participación de las 37 veredas del resguardo indígena de Corinto, con la presencian de delegaciones de los otros resguardos del norte del Cauca, con la participación de más de 3.500 personas, las comunidades indígenas hicieron ejercicio de su autonomía para autogobernarse y controlar sus territorios, y en una sola voz de unidad y resistencia dijeron NO a la presencia de organizaciones militares y grupos armados en los territorios indígenas, sean estos de origen legal o ilegal, sean estos de izquierda o derecha, ya que ningún grupo armado puede suplantar el poder de decisión de las comunidades y sus asambleas. Hoy reafirmamos que solo las comunidades indígenas pueden definir el destino de sus vidas y sus territorios.

Ya han sido 525 años en los cuales diferentes organizaciones armadas han intentado gobernar a las comunidades indígenas, imponiendo ideologías, formas de organización y objetivos que no son propios de las comunidades, dominando nuestros territorios por la fuerza y la violencia. Pero hoy decimos ¡No más!, hoy decimos que la autonomía de las comunidades para autogobernarse es el único camino viable de los pueblos indígenas del norte del Cauca. Ya han sido siglos de suplantación de las decisiones autónomas de las comunidades, larga ha sido la historia de los órdenes violentos que han querido gobernarnos, y larga ha sido también la historia de nuestra resistencia:

  1. Desde 1536 los mal llamados conquistadores eliminaron pueblos enteros de indígenas y provocaron su extermino. Sin embargo la memoria de la Cacica la Gaitana, y más de un siglo de resistencia de la nación Nasa por autogobernarse demuestran que nuestra lucha por la autonomía tiene raíces profundas en la historia y la memoria colectiva de nuestras comunidades.
  2. Luego, en el siglo XIX, con la fundación de la república se nos quiso imponer la parcelación y la propiedad privada sobre los territorios colectivos de los resguardos, se dictaron leyes para la disolución de la propiedad colectiva, imponiendo el despojo sobre nuestros territorios, eliminado nuestras formas tradicionales de producción, para encadenarnos al “terraje” y a las formas de producción del régimen capitalista. Pero allí también nuestra búsqueda de autonomía continuó su camino de resistencia, y la lucha de Manuel Quintin Lame por la reconstrucción de los resguardos y el gobierno propio de todos los pueblos indígenas continua hoy indicándonos el camino.
  3. Para la mitad del siglo XX se presentó la época de la “violencia”, entonces las bandas de “pajaros” al servicio del Partido Conservador iniciaron un nuevo periodo de despojo y dominación armada contra las comunidades, fue entonces cuando se posibilitó la expansión y consolidación de los grandes ingenios azucareros en los territorios indígenas del norte del Cauca, pero de nuevo alzamos nuestra voz con dignidad y a la violencia de los grupos armados conservadores opusimos la organización de base y comunitaria, dando origen al Consejo Regional Indígena del Cauca para febrero de 1971, fortaleciendo desde allí los cabildos y las formas de gobierno propio como estructuras organizativas desde las cuales se buscó fortalecer nuestra identidad cultural e iniciar un nuevo ciclo de lucha por la tierra que hoy seguimos andando, por ello desde el año 2014 reiniciamos los procesos de Liberación de la Madre Tierra, tal y como lo manda el primer punto de la Plataforma de Lucha del CRIC en 1971.
  4. Desde los años 60s las FARC-EP llegaron al Cauca y se declararon como fuerza revolucionaria al servicio del pueblo, sin embargo con su accionar nunca logramos recuperar una sola hectárea de tierra, por el contrario siempre quisieron someter a nuestras estructuras organizativas a través de la violencia, por ello asesinaron a muchos líderes indígenas y comuneros como Cristobal Secue, Marden Betancur, Aldemar Pinzon, Jose Manuel Gugu, Samuel Fernandez, Rosa Elena Toconas, Manuel Antonio Tumiña, Daniel Coicue, Lizandro Tenorio (ex gobernador) y un sin número de muertes causados a manos de estos actores. Nunca respetaron la autonomía de las comunidades, y en eso actuaron de la misma manera como opera el Estado, desconociendo la palabra y la historia de las comunidades indígenas, estableciendo representaciones que nunca pedimos, imponiendo ordenes violentos sobre los territorios. Pero también allí luchamos, y cuando fue necesario nos movilizamos para expulsarlos de nuestros territorios, cumpliendo el mandato de Vitoncó de 1985 en donde las comunidades indígenas dejamos en claro que no aceptábamos que ninguna fuerza militar y armada viniera a gobernar nuestros territorios, porque estas son nuestras tierras ancestrales y solo los indígenas, en articulación con las comunidades afro descendientes y campesinas, tenemos la legitimidad para gobernarnos.
  5. No solo han sido las FARC-EP las que han querido establecer un orden armado y externo sobre nuestras comunidades, también el Estado y los terratenientes, en alianza con grupos paramilitares, han intentado someter a las comunidades indígenas, y contra ellos seguiremos luchando, pero desde nuestras formas propias y autónomas de organización. Así para el 16 de diciembre de 1991 se presentó la masacre de 20 indígenas en la hacienda el Nilo, provocada por el narcotráfico en alianza con la Policía Nacional. Luego en el 2001se presentó la masacre de Gualanday en Corinto a manos del Bloque Calima de las AUC, comandado por Ever Veloza García, que dejó 13 indígenas asesinados, siguieron otras masacres como la de San Pedro en el municipio de Santander de Quilichao, la masacre del Flayó-arriba en el Resguardo Indígena de San Francisco, la masacre del Naya aun sin respuesta ni atención de reparación de parte del Estado Nacional en donde fueron asesinadas más de 60 personas. Pero pese la violencia que se ha ejercido sobre nuestras organizaciones no han podido destruirnos, por el contrario hemos seguido andando y fortaleciendo nuestra lucha por tierra, unidad, cultura y autonomía.

Hoy en la vereda la Carrizales las comunidades indígenas decimos ¡No más!, no más muerte en el territorio indígena ancestral, no queremos el surgimiento de nuevos grupos armados externos a las comunidades, ya que niegan nuestra autonomía. Le damos un mensaje claro a las organizaciones del ELN y del EPL para que, sí realmente están con el pueblo y las comunidades indígenas, atiendan y obedezcan la voluntad del pueblo y las comunidades cuando decimos de manera clara que no queremos más organizaciones armadas en nuestros territorios, que no queremos que ningún grupo suplante la decisión de las comunidades en asambleas, que no necesitamos que ninguna organización nos defienda y hable por nosotros, ya que las comunidades indígenas tenemos nuestra propia cultura, nuestra cosmovisión y nuestra historia de lucha, y es desde allí que sustentamos nuestras luchas y hacemos uso de la palabra, es desde allí que definimos nuestras propias formas de organización y gobierno propio, es desde allí que definimos nuestro camino para el bienestar económico y social de las comunidades.

Las comunidades indígenas estamos cansadas y rechazamos la estigmatización social, la persecución y la criminalización de nuestros comuneros y comuneras por acciones que no hemos realizado. En Corinto Cauca se realizó el secuestro del señor Harold Edder, que fue el primer secuestro registrado en Colombia, pero este acto no fue realizado por la comunidad indígena, y sin embargo hasta el día de hoy seguimos cargando con el peso y las consecuencias de ser una comunidad estigmatizada, excluida por otros sectores sociales del Cauca, dejando ver el racismo y la exclusión social contra nuestros hermanos indígenas. De esta propaganda sucia, en donde se nos quiere hacer pasar por violentos y terroristas, se ha aprovechado la agroindustria y las instituciones gubernamentales para realizar una campaña contra nuestras formas colectivas de asociación y propiedad de la tierra, aun hoy en nuestros territorios son visibles pancartas agresivas contra nuestros comuneros y comuneras que dicen “No al resguardo”, negando con ello el reconocimiento a la reconstrucción de nuestros territorios ancestrales, tal y como lo ordena el acuerdo 169 de la OIT.

Rechazamos la guerra sobre nuestro territorio, no queremos seguir siendo víctimas de un conflicto armado que no pedimos, no queremos que bajo el pretexto de la presencia de nuevos grupos armados el Gobierno Nacional quiera justificar la presencia de nuevas bases militares y policiales que buscan generar un clima de terror para perseguir y someter al movimiento indígena. Ya hemos pagado una cuota muy alta por cuenta del conflicto armado, hemos padecido más de 23 mil violaciones de derechos humanos en los últimos 20 años, razón por la cual la Corte Constitucional en sentencia T 025 del 2004, en auto 004 del 2009 y en sentencia T 030 del 2016 señaló que las comunidades indígenas nasa nos encontramos en riesgo real de exterminio. Por ello, para garantizar nuestra supervivencia cultural y material, hoy reclamamos el derecho a vivir en paz y armonía en nuestros territorios, lo cual solo es posible bajo la exigencia comunitaria a que salgan todo tipo de organizaciones militares y armadas de nuestros territorios ancestrales.

Pero en esta exigencia no nos encontramos solo las comunidades indígenas del norte del Cauca, junto a nosotros se encuentran también las comunidades afro descendientes y campesinas, En la asamblea del día de hoy no solo se levantaron con bastón en mano los comuneros y comuneras de la CXHAB WALA KIWE, sino que también las delegaciones de las Reservas Campesinas hicieron sentir con nosotros, en una sola voz, su mandato a “no aceptar más actores armados legales e ilegales en nuestros territorios”. Somos actores y pueblo milenario de Armonía y equilibrio, trabajadores, capaces de construir nuestras propias formas de organización y desarrollo comunitario.

El día de hoy la asamblea tomó varias decisiones importantes que buscan garantizar la autonomía de las comunidades indígenas y organizaciones sociales:

  • Vamos a aumentar los puntos de control indígena y campesinas sobre todas las veredas de nuestro territorio, ejerciendo nosotros mismos la labor de seguridad, control de cualquier forma de delincuencia y prevención de cualquier incursión de grupos armados.
  • Las comunidades indígenas han asumido el compromiso de movilizarse de manera masiva a cualquier punto del territorio que requiera la expulsión de todo grupo armado, se trate ya del Ejercito Nacional o de cualquier grupo que amenace la vida y la armonía de las comunidades indígenas.
    Se realizara un proceso de acercamiento y dialogo con las comunidades campesinas y afro descendientes que tiene como fin realizar un control conjunto del territorio.
  • Realizaremos asambleas veredales y por corregimientos para socializar y retroalimentar el mandato de esta asamblea de control territorial.

Se insta a la sociedad colombina a contribuir en la construcción autónoma de nuestras formas de gobierno, nuestra economía propia, nuestras propias formas de justicia, nuestro derecho ancestral a la tierra y la cultura.

Al Gobierno Nacional le exigimos que desmilitarice nuestros territorios, que cumpla con su obligación legal de garantizar la reconstrucción de los territorios colectivos y ancestrales de la CXHA CXHA WALA y CXHAB WALA KIWE, ocupado milenariamente por el pueblo nasa.

A la comunidad nacional e internacional a estar pendiente de los sucesos que ocurran en el territorio milenario de CXHA CXHA WALA de lo que pueda ocurrir, sobre el surgimiento de actores armados ilegales, auspiciados por el narcotráfico y excombatientes de la FARC-EP no acogidos al proceso de paz, con los cuales soplan voces de amenaza a los pueblos indígenas.

Corinto Cauca, 20 de Abril del 2017.