Feliciano Valencia y Jaime Urrego hablan acerca de los problemas a los que como comunidades indígenas se enfrentan cada día ante las decisiones del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19 y de las implicaciones que tendrá a futuro en temas económicos.
En primer lugar es importante aclarar que, debido a la insuficiencia de la capacidad hospitalaria en Colombia, no se debe tener confianza en los reportes que presenta el Instituto Nacional de Salud cada día, ya que son resultados con una semana de retraso: «estamos viendo una foto de hace ocho días«, explica Urrego. La medida más efectiva sigue siendo el aislamiento social y acatar las demás medidas orientadas por las autoridades de los resguardos.
Debe entenderse entonces, que lo resultados que da a conocer el Gobierno no son verídicos y están tratando de esconder la realidad que está atacando al país, en el momento no existen pruebas suficientes para creer que la curva realmente se aplanó.
Ante un inminente levantamiento de la cuarentena en el país, Jaime Urrego afirma que, esta situación debe ocurrir cuando:
- El personal de salud tenga las condiciones adecuadas: capacitación y garantías laborales.
- Las medidas de alimentación, créditos, pagos de servicio se haga efectivo a toda la población en aras de proteger el bienestar de todos los habitantes del país.
- Ampliación de capacidad hospitalaria administradas por el Estado y no por empresas privadas.
Entonces, el camino a seguir es que se deben exigir el cumplimiento de las propuestas del Gobierno para que esas ayudas anunciadas realmente se cumplan.
En segundo lugar, el senador indígena Feliciano Valencia habla sobre los decretos que ha expedido el Gobierno en lo que va de la cuarentena y cuáles serán las implicaciones directas y reales que tendrá en la economía y en los pueblos indígenas.
Desde que se anunció la cuarentena, el Gobierno de Iván Duque ha expedido un sinnúmero de decretos a los que es importante analizar minuciosamente porque dentro de ellos se encuentran temas delicados que implican infracciones a los derechos de los pueblos originarios como la consulta previa.
El senador explica que estos decretos van desde la contratación y nombramiento de personal para afrontar la crisis hasta medidas económicas que se adoptan ante la emergencia y que tratan de beneficiar a las grandes empresas del país. Los gremios empresariales, en aras de salvar su economía de muerte, están aprovechando la coyuntura para presionar al Gobierno para que flexibilice la consulta previa, derecho fundamental de los pueblos indígenas; una situación alarmante dentro de las comunidades para lo cual se debe estar preparados.
La guerra no para:
En este periodo de aislamiento social, los asesinatos a los líderes sociales y los hostigamientos a comunidades por parte de los grupos armados no ha cesado y por el contrario, también va en aumento. A la fecha han sido asesinadas 21 personas, de las cuales 5 pertenecían a comunidades indígenas. El Gobierno sigue demostrando que no tiene capacidad ni interés en proteger la vida de los defensores de Derechos Humanos; la situación se agrava ya que en las condiciones actuales es difícil de hacer seguimiento y persecución a los responsables de estos atroces hechos porque toda la atención está centrada en el virus y no existen garantías de vida para las personas.
Un Gobierno de muerte:
El presidente Duque, sin consultar al pueblo colombiano, aumenta la tensión ante una posible toma al vecino país de Venezuela apoyando al Gobierno de Trump en este plan y poniendo en riesgo a todo el pueblo colombiano, pues la capacidad bélica y las dimensiones de este conflicto son a gran escalada y puede ser devastador.
Explica que, junto al equipo jurídico del CRIC se encuentran revisando constantemente el paquete de decretos que surgen para estar preparados ante las medidas que afecten la autonomía y la armonía de los pueblos.
Por Programa de comunicaciones CRIC
El evento contó con la presencia del presidente de la Comisiòn el sacerdote Jesuita Francisco de Roux Rengifo y los comisionados Alejandra Miller, Patricia Tobón Yagarí y Saul Franco, consejeros mayores del CRIC, autoridades indígenas zonales, mayores y el grupo encargado de elaborar dicho informe.
Este documento está escrito con sangre, la sangre derramada por miles de comuneros a manos de terratenientes, pájaros (grupos armados al servicio de terratenientes), guerrilleros de diferentes agrupaciones, paramilitares así como del ejército y la policía nacional como lo detallan las estadísticas. Tiene también la sangre de miles de indígenas heridos en ataques por esos grupos armados ilegales en los hostigamientos en áreas de población a la fuerza pública y el sector rural que no solo afectan al ejército regular sino a la población civil que involucran en una guerra que no les pertenece.
Este informe de centenares de páginas está bañado de miles de litros de lágrimas derramadas por esposas, esposos, hijos e hijas huérfanos y de las comunidades que cuando pierden a uno de sus integrantes les afecta en colectivo porque causa desarmonización en su proceso organizativo. También aún están frescas las lágrimas de muchos de los entrevistados que no pudieron ocultar su tristeza en la entrega de testimonios cuando contaban sus propias historias, la de sus familiares o de sus hermanos de pueblo a quienes vieron caer en medio de esta absurda guerra que sabemos cuándo empezó pero de la cual no adivinamos cuando va a parar. Pero, también son las lágrimas de quienes tuvieron a cargo el proceso investigativo que escucharon más de 200 horas de relatos de hombres, mujeres, guardias indígenas, testigos de esta historia que conmovieron a los más duros corazones.
En este trabajo de muchos kilos de peso como dice José Domingo Caldón, coordinador de este informe contiene en siete capítulos los hechos que han afectado la tranquilidad de los pueblos originarios del Cauca en espacios delimitados por los hechos más destacados en estos 50 años. Se reseñan asesinatos de dirigentes como Gustavo Mejía, Benjamin Dindicué, Avelino Ul, Cristóbal Sécue, Dimas Onel Majin, Ricardo Abad Jimenez, Aldemar Pinzón, solo por mencionar algunos de los miles de crímenes. Se relatan los hechos relacionados con la Masacre de Munchique Los Tigres donde siete comuneros fueron asesinados por las FARC, cinco nativos muertos a manos de la policía nacional en López Adentro, la Masacre del Nilo que cobró la vida de 20 indígenas que luchaban por un pedazo de tierra para poder vivir, la masacre del Naya que no solo causó la muerte de varias decenas de indígenas sino que los obligó a salir de su territorio, masacres en las que resultaron responsables grupos paramilitares, terratenientes, policía y ejército nacional. Están también los registros de las personas muertas y heridas en desarrollo de las movilizaciones adelantadas por las comunidades indígenas en diferentes lugares del Cauca a manos del Escuadrón Móvil antidisturbios de la Policía Nacional, hechos éstos que se siguen repitiendo aún después en la llamada etapa del posconflicto.
No podría faltar en los extensos relatos el asesinato de comunicadores indígenas como el caso de Rodolfo Maya, Abelardo Liz y Beatriz Cano en el norte del Cauca, Arley Campo en el resguardo de Pioyá, municipio de Caldono así como Efigenia Vásquez quien recibió un impacto con arma de fuego cuando hacía registro de la liberación de la madre tierra en el predio Agua Tibia del resguardo de Kokonuko en la zona centro o las heridas que han recibido muchos de ellos como César Galarza o la pequeña hija de Beatriz. Fueron comunicadores que entregaron su vida a manos de grupos armados ilegales pero aún más grave es que varios de esos crímenes sucedieron a manos de las personas encargadas de defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos como lo son los integrantes de la policía nacional.