CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC
PROGRAMA DE DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS
DENUNCIA PÚBLICA
El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, a través de su Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, RECHAZA y DENUNCIA ante la opinión pública la grave situación de invasión y desplazamiento forzado que afecta a familias indígenas Nasa del Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá y los hechos de violencia ejercidos contra la comunidad del Resguardo de Guadualito. Estas familias se encuentran en los predios La Luciana (Bugalagrande) de propiedad colectiva del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá, destinados a la reubicación humanitaria de hogares que, por una falla geológica, no pueden permanecer en su territorio ancestral y Marañón y La Linda (corregimiento La Liberia, Tuluá) de propiedad colectiva del Resguardo de Guadualito. La inacción estatal frente a estos hechos agrava el riesgo de confrontación intercultural y vulnera abiertamente los derechos territoriales, ambientales y a la vida de nuestras comunidades.
Lo ocurrido evidencia una vez más la profunda desprotección en que se encuentran los pueblos indígenas, víctimas del conflicto armado y del abandono institucional, quienes, en su esfuerzo por sobrevivir, siguen enfrentando nuevas formas de despojo y agresión.
El pasado 31 de octubre de 2025, hacia las siete de la mañana, alrededor de treinta personas que se identificaron como campesinas ingresaron de manera violenta al predio conocido como La Luciana, en el municipio de Bugalagrande. Allí expulsaron por la fuerza a varias familias indígenas Nasa provenientes del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá, quienes habitan el lugar por razones humanitarias, luego de ser reubicadas debido a una falla geológica que les impide permanecer en su territorio ancestral. Luego, en horas de la noche, otro grupo de personas que se presentó como integrante de la ANUC Valle irrumpió en las fincas Marañón y La Linda, ubicadas en el corregimiento de La Liberia, municipio de Tuluá. La incursión estuvo acompañada de destrucción de humedales, daños en los ecosistemas y afectaciones al ganado perteneciente a las familias indígenas allí asentadas.
Estos hechos no solo constituyen una invasión y un desplazamiento forzado, sino que representan una vulneración directa a los derechos territoriales, ambientales y colectivos de los pueblos indígenas, amparados por la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia nacional e internacional. La violencia ejercida contra las comunidades Nasa de Guadualito y San Ándres Pisimbalá refleja la ausencia de medidas efectivas por parte del Estado colombiano para garantizar la vida, la integridad y la permanencia en el territorio de quienes hoy resisten desde la palabra y la dignidad.
Desde el CRIC denunciamos que las familias indígenas que habitan estos predios han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y actos de intimidación reiterada, con un alto riesgo de desplazamiento forzado. En nombre de nuestras comunidades, exigimos una respuesta inmediata, coordinada y estructural del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, para evitar que esta situación derive en hechos de mayor gravedad. Responsabilizamos al Estado colombiano por los daños materiales, ambientales y por cualquier agresión física o moral que se derive de estos hechos.
Reclamamos la instalación urgente de una mesa de diálogo y concertación con participación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Alto Comisionado para la Paz, los Ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, la Gobernación del Valle del Cauca, las alcaldías de Tuluá y Bugalagrande, y las autoridades indígenas del CRIC, junto con las organizaciones campesinas involucradas. Solo un diálogo transparente, con presencia de las instituciones y garantías para todas las partes, podrá evitar que la violencia vuelva a imponerse sobre el derecho.
Invitamos además a los organismos garantes —la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la MAPP-OEA, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría delegada para Asuntos Étnicos, las personerías municipales y la Fiscalía General de la Nación, a asumir un papel activo en la verificación de los hechos y en la garantía efectiva de los derechos humanos, territoriales y ambientales de las comunidades afectadas.
El CRIC hace un llamado a las comunidades campesinas que han impulsado estas acciones para que replanteen su proceder desde el reconocimiento mutuo como pueblos hermanos, recordando que no somos enemigos y que el despojo o la confrontación entre los oprimidos nunca podrá ser el camino legítimo para reclamar derechos. Reconocemos que el acceso a la tierra es también una necesidad urgente de las comunidades campesinas, pero insistimos en que ninguna lucha puede sustentarse sobre la vulneración de los derechos de otros pueblos.
De igual manera, el CRIC reafirma su compromiso con la construcción de paz y la búsqueda de soluciones concertadas, pero advierte que la paz no puede edificarse sobre el silencio, la impunidad ni la inacción del Estado. La responsabilidad histórica y jurídica de garantizar la vida, el territorio y la dignidad de los pueblos indígenas recae en el Estado colombiano, al que exigimos una acción pronta, integral y efectiva que permita resolver este conflicto de manera estructural y en condiciones de justicia y respeto de las luchas alcanzadas por nuestras comunidades.
Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
Popayán, 1 de noviembre de 2025.
