El día 15 de octubre, el Territorio volvió a estremecerse con hechos que revelan la violencia material contra cuerpos, el ataque simbólico contra nuestra memoria, nuestras autonomías y el principio más elemental de la política: la defensa de la vida, el retomar otra vez las niñas por parte de los narcoterroristas de la “Jaime Martínez”, luego de que Autoridades Tradicionales y Kiwe Thegnas (guardias) las hubieran rescatado, constituye el derecho a la niñez, una señal ominosa de que la guerra sigue socavando el tejido comunitario y la legitimidad comunitaria en Cauca.

El reclutamiento de niños como crimen de guerra es una revictimización Territorial

El reclutamiento formal o tácito de menores por estos narcoterroristas se configura, en el derecho internacional humanitario, como crimen de guerra cuando afectan a población menos a dieciocho años, en el contexto colombiano, esta práctica ha sido tipificada como delito en el ordenamiento interno y ha sido sujeto de investigaciones en la JEP bajo el “Caso 07” (reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes). Cuando un actor armado irrumpe en una acción humanitaria legítima (como el rescate por Autoridades Tradicionales y Kiwe Thegnas) y desmantela esa acción raptando por la fuerza a las niñas, su conducta no es únicamente un acto criminal, también es una forma de romper la confianza colectiva en que la vida puede ser protegida desde dentro, no sólo impuesta desde afuera, este acto a los niños y niñas de la desarmonía como el conflicto armado, revictimiza a las comunidades y las estructuras cómo los Kiwe Thegnas (guardias indígenas), autoridades tradicionales, tejidos de mujer y jóvenes, que quedan expuestas como objetivos de ataques, porque la violencia que recae no solo golpea cuerpos individuales, sino el carácter colectivo del territorio mismo.

Interrupción de la Autonomía, desgaste del tejido

Para nuestras comunidades indígenas, la vía de autonomía no es simplemente una aspiración simbólica es un modo de resistencia política, desde esa perspectiva, las estructuras narcoparamilitares que irrumpen la acción humanitaria disparando contra la Kiwe Thegnas (Guardia Indígena), robando vehículos de seguridad, asignadas por parte de la UNP, esto implican un acto de agresión política contra la autogobernanza del Pueblo.

La retoma de las niñas en presencia de Autoridades Propias y la agresión hacia ellas buscan socavar el derecho de las niñas y niños, la credibilidad y el ejercicio tradicional de las autoridades indígenas, es decir: se vulnera la legitimidad colectiva, se busca quebrar el espíritu del sistema normativo propio y, con ello, debilitar la gobernabilidad propia del pueblo. Cuando además actores armados roban vehículos del esquema de seguridad asignado (colectivamente), no solo cometen un delito de hurto: socavan el principio de que el Estado debe garantizar la protección en los territorios y revelan la debilidad del orden estatal frente a la violencia territorial.

Violencia simbólica, terror estructural y el desacople estatal

El uso de disparos indiscriminados contra los Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) intentando proteger la acción humanitaria no es una anécdota milimétrica es un gesto de terror estructural, esa violencia proyecta el mensaje de que ningún acto de protección, por legítimo que sea, está exento de ser bombardeado, en el lenguaje de la violencia política, es el intento de infundir miedo para inhibir la acción comunitaria. Pero tal violencia solo puede tener éxito donde el aparato estatal, los mecanismos del sistema de derechos humanos y las políticas de protección colectiva están al borde del colapso en el Cauca, como bien lo denuncian las autoridades tradicionales, la ausencia estatal efectiva, el vacío institucional y los fallos en la implementación del Acuerdo de Paz dejan un territorio permeable al dominio de actores armados.

Este episodio y los hechos acumulados de estas últimas semanas revelan NO una crisis puntual, sino una emergencia humanitaria consolidada que exige pasar del discurso de transición al compromiso real de presencia institucional: de inteligencia civil, de políticas diferenciales, de protección efectiva, de rutas de diálogo con pertinencia étnica.

Semilla, voz, resistencia

Cuando los fusiles toman niños en las montañas del Cauca, no solo secuestran cuerpos: secuestran vocaciones de libertad, debilitan la memoria Ancestral y desafían la dignidad política, las autoridades tradicionales han actuado no con la lógica de la explotación sino con la lógica de la defensa de la vida, con la palabra y el valor organizativo que reside en cada seno territorial. Hoy no se demanda solo la liberación de dos niñas: exigimos que se reconozca el tejido comunitario que importa su vida, exigimos que las niñas no vuelvan solo como víctimas, sino como símbolos de resistencia para un pueblo que no quiere acostumbrarse al silencio de las armas, que su regreso sea también retorno de la integridad del Cauca, de la promesa del Estado, y del horizonte de paz que aún cabe seguir luchando.

Porque cuando la violencia aún cree que puede desvanecer la infancia, nuestra voz, nuestra memoria, nuestra organización deben ser la fuerza que la desplaza.

Por Programa de comunicaciones CRIC