PERU, COLOMBIA, BOLIVIA, ECUADOR, CHILE Y ARGENTINA
Los Pueblos Indígenas Originarios del Tawantinsuyu, en uso de sus facultades legítimas, legales, y en el marco del derecho consuetudinario y ancestral preexistente que da origen a la autodeterminación y autonomía, rechazamos de manera contundente el uso de la fuerza del Gobierno de Daniel Novoa, en contra de la EMBAJADA DE MÉXICO, en una clara desobediencia de los tratados internacionales y la diplomacia de los pueblos que propenden por mantener las relaciones diplomáticas entre estados.
Los Pueblos Indígenas Originarios del Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y Argentina, que en unidad buscamos el vivir en armonía, proteger nuestros derechos colectivos y nuestras propias formas de vida amparados en el derecho de los pueblos internacional y en el derecho a la libre autodeterminación, emitimos este pronunciamiento en respuesta a la profunda crisis política internacional, de los pueblos que en Ecuador habitamos y que la guerra afecta nuestros derechos y afecta a nuestros pueblos en su libre autodeterminación.
Por lo anterior, los pueblos indígenas originarios del Tawantinsuyu PEDIMOS INTERVENCIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y A LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL PARA QUE SE RESPETE LA VIDA y las formas propias de organización de cada uno de nuestros pueblos y se mantenga el dialogo entre mandatarios de los países afectados por las acciones en uso de la fuerza pública por parte de las tropas del estado del Ecuador.
Ante esta situación crítica, hacemos un llamado urgente a los organismos internacionales de proteger los derechos colectivos y humanos, en especial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos de protección a las minorías étnicas, para que intervengan de manera inmediata y efectiva. Exigimos que se investiguen y sancionen las acciones que afectaron los derechos fundamentales del cuerpo diplomático de México y los asilados manifestando toda nuestra solidaridad como consejo de Gobierno del Tawantinsuyu.
!! Por la defensa de nuestros derechos colectivos, tierra y territorio, la vida y la libre autodeterminación!
En el marco de la Junta Directiva Ampliada del Consejo Regional Indígena del Cauca, autoridades tradicionales, consejeros, sabedores, los sistemas y delegaciones territoriales se reunieron para debatir y reflexionar sobre los impactos, vacíos y retos que plantea la denominada “Política Nacional de Drogas – Sembrando vida, desterrando el narcotráfico”. La Junta, liderada por la Consejería Mayor, permitió consolidar un espacio de análisis político y espiritual que reafirma la autonomía de los pueblos indígenas frente a políticas estatales impuestas sin consulta previa real y efectiva.
La Consejería Mayor del CRIC presentó una síntesis sobre el estado actual del proceso de diálogo con comunidades cultivadoras y no cultivadoras de plantas de uso ilícito; existen familias que cultivan cannabis y cultivan hoja de coca, ante esta realidad, la Consejería dijo que no puede desconocer ni estigmatizar a quienes cultivan; por el contrario debe escuchar, dialogar y construir alternativas conjuntas desde el derecho propio. Durante las últimas semanas se adelantaron reuniones con cultivadores en Morales, el norte del Cauca y otros territorios, con participación de más de 300 personas, abriendo escenarios de consulta directa, la Consejería puntualizó que la participación aún es baja y que se debe fortalecer la convocatoria y el acompañamiento político para garantizar la voz de las bases en la formulación de la propuesta indígena.
Exclusión en la formulación estatal: Las autoridades coincidieron en que la “Política Nacional de Drogas” fue construida desde el nivel central sin participación efectiva de los pueblos, la consulta previa fue reducida a una socialización simbólica vulnerando el derecho fundamental a la participación y la autonomía territorial.
Consulta simbólica y tiempos insuficientes: El proceso duró apenas 5 meses con metodologías impuestas y sin recursos logísticos que permitieran una participación representativa. “Nos dicen que nos consultan, pero la política ya viene hecha desde Bogotá”, dijo un mayor.
Falta de articulación institucional: La consejería advirtió que los sistemas del CRIC deben trabajar de forma articulada para atender los impactos derivados del narcotráfico y las políticas de erradicación. “No podemos seguir haciendo talleres sin transformar la realidad; los recursos deben invertirse en la comunidad”.
Dependencia internacional y doble discurso: Se destacó la necesidad de interlocutar con gobiernos y organismos internacionales particularmente Estados Unidos y la Unión Europea que condicionan la política antidrogas, el consejero insistió en que el diálogo debe surgir desde las comunidades, no desde oficinas gubernamentales que reproducen lógicas de control externo.
Durante la junta se ratificaron tres pilares de análisis que guían la propuesta del movimiento indígena:
“La coca no es el problema; el problema es el uso que se hace de ella”, dijeron los mayores; se propuso fortalecer la medicina tradicional, los rituales de armonización y el ejercicio espiritual como estrategias para sanar las desarmonías derivadas del narcotráfico.
Las comunidades pidieron dejar de ser estigmatizadas por tener cultivos ilícitos:
El CRIC reafirma que no existen soluciones impuestas desde afuera: la salida debe construirse desde el territorio, con diálogo, participación y respeto a la autonomía, la consejería mayor recordó que “oxígeno son las posibilidades, asfixia es la presión que sentimos y los tejedores son quienes mantienen viva la red de la resistencia”. El movimiento indígena avanza hacia la formulación de la Política Indígena Propia Frente a la presencia de economías ilícitas en los territorios originarios de acuerdo con la operatividad de la ATEA, como ejercicio de soberanía, armonía y defensa de la vida.