En exigencia del respeto por la Autonomía, Derecho Mayor y Ley de Origen en los territorios indígenas del Cauca, las 138 Autoridades Tradicionales que hacen parte del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC – NACIONAL pertenecientes a 11 Pueblos: Polindara, Nasa, Misak, Eperâara Siapidâara, Yanakuna, Totoroez, Embera Chamí, Kokonuko, Ambaló, Kisgó e Inga, de manera conjunta, exigimos a los grupos armados que constantemente desarmonizan nuestros territorios, que detengan su accionar violento y las múltiples manipulaciones que buscan deslegitimar a las autoridades y generar discordia entre las comunidades.
Es el tiempo de los pueblos, de los procesos sociales, populares rurales y urbanos del país; sin duda alguna, hay suficientes antecedentes en la historia sobre las distintas luchas que han buscado dignificar a las grandes mayorías que constituyen el pueblo colombiano excluido, perseguido y hasta exterminado por el poder de unos pocos ambiciosos, cuyo único interés es económico, sin importar el empobrecimiento, explotación, engaño y esclavización, al que someten a las comunidades desde los tiempos de la colonia, sin importar el gran daño sobre los espacios de vida que son esenciales para la pervivencia de todos los seres.
Anteriormente, las luchas armadas estaban impregnadas de sentido y coherencia pues sus ideales residían en las reivindicaciones justas de los pueblos; hoy esto se ha degradado, se ha perdido. En consecuencia, los procesos populares y en especial, nosotros como pueblos originarios, CONTINUAMOS EXIGIENDO el respeto a nuestros territorios, a nuestra gobernabilidad, autonomía y demás derechos de preexistencia, junto a los derechos adquiridos por los movimientos de trabajadores, comunidades campesinas, afrodescendientes, entre otras organizaciones que conforman el tejido social como los estudiantes, las juventudes, comunidad LGBTIQ+ y mujeres guerreras que trascienden abriéndose paso hacia la equidad de género… ¡Todos y todas haciendo parte de un gran sueño sobre la construcción de un mejor país!
En estos tiempos, nos enfrentamos a una realidad radicalmente distinta en términos de la legitimidad de estas luchas armadas, que se han puesto al servicio netamente de dinámicas de exterminio, destrucción y desintegración del tejido social… del pueblo que dicen defender. Estamos ante la perversión de toda ideología detrás de movimientos armados que actualmente no tienen ningún reparo en instrumentalizar y utilizar como carne de cañón a los más vulnerables; claramente, su acción busca nada más allá de romper, manipular y someter a la población en función de intereses mafiosos y asesinos. No hay duda hoy de que la inmensa mayoría de los pueblos y organizaciones populares en Colombia consideran que las grandes transformaciones socio-económicas y políticas se están dando y se pueden profundizar si combinamos la ampliación de los procesos de autonomía política territorial y el avance de cambios en la institucionalidad; más allá de las limitaciones del gobierno actual, eso es evidente. En ese cuadro las guerras no tienen ningún valor positivo. Y las violencias descompuestas solo atentan contra ese camino.
Hoy, la “lucha” armada como la que expresa el Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las FARC-EP es aberrante, sin ningún distingo y causa alguna que justifique su accionar militar en contra de la población civil. Con sus acciones dejan en evidencia la intención de suplantar, cooptar y destruir el movimiento indígena caucano organizado en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC: es inadmisible desde todo punto de vista, que, a través de la manipulación económica, la imposición y la coerción por la vía de las armas quieran pervertir y acabar con nuestros procesos legítimos y autónomos. Este propósito miserable, se reafirma en lo ocurrido con los masivos asesinatos de nuestros comuneros y comuneras, guardias indígenas, autoridades tradicionales, sabedores y sabedoras tradicionales, lideresas y líderes asesinados, constituyéndose en un plan de exterminio sistemático que han ido poniendo en práctica desde tiempos atrás. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados contra los sectores más vulnerables de nuestra población (mujeres, niños, niñas y jóvenes) por parte de estos grupos, han tenido un aumento significativo, con cifras que ya pasan las 2.000 afectaciones directas registradas por nuestros Observatorios de Derechos humanos en el periodo comprendido entre el año 2023 y el año 2024, aunque con la claridad de que existe un gran subregistro, considerando que la población es atemorizada por estos mismos actores, lo que reduce las denuncias.
A algunas personas que han idealizado a la «insurgencia», les queda muy difícil comprender y aceptar, que a pesar de que, en las FARC, en el ELN y demás grupos armados hay gentes que tiene cierto nivel de conciencia y de convicción revolucionaria, en la práctica terminaron convertidos en una suerte de «grupos de seguridad rural» de los Narcos. Y por ello, han cometido numerosos asesinatos y desapariciones de líderes sociales que se oponen al narcotráfico, a la minería ilegal y a un poder armado que los oprime y persigue.
Pareciese que existen tres (3) tipos de «grupos de seguridad rural» al servicio de los narcos y mafias de toda clase. Los que tienen origen en algunos grupos armados insurgentes, los que provienen de grupos paramilitares y los de tipo delincuencial. Además, con la colaboración de algunos sectores corruptos del ejército oficial que también colaboran y se lucran de una u otra manera de esas economías criminales.
Si esta verdad no se entiende, no es posible construir verdadera paz en Colombia, porque esos » grupos de seguridad rurales» no tienen autonomía para salirse del negocio, y si algunos grupos lo hacen, son fácilmente reemplazados por nuevos combatientes que en la práctica tienen mentalidad mercenaria. El problema sólo se resuelve con transformaciones estructurales protagonizadas por las comunidades y que fortalezcan nuestros gobiernos propios; si la aplicación de la fuerza coercitiva sobre estos grupos armados más descompuestos no entiende las dimensiones económicas y políticas del problema, no se podrá resolver.
Los señalamientos, persecuciones, amenazas y homicidios se han convertido en noticia y dolor de cada día, acumulando un prontuario de desarmonías que dejan ver una estrategia de generar división al interior de nuestras comunidades a través de la mentiras y manipulaciones, entrometiéndose y atribuyéndose facultades judiciales que no tienen sobre nuestros pueblos originarios, cómo lo ocurrido en el territorio de Toribio específicamente sobre el asesinato de excandidato a la alcaldía Jhon Manuel Pavi. Son inaceptables los señalamiento y montajes hechos sobre líderes y/o autoridades que han demostrado carácter en su posición, para justificar los crímenes que siguen cometiendo o sacar del camino a quien con la verdad se opone a esta barbarie que continúa dañando el equilibrio y armonía de nuestros territorios.
Invitamos a todos los procesos, organizaciones y sectores sociales del Cauca y del país, a unirnos en una sola apuesta de construcción de paz que aún desde las diferencias que nos caracterizan, nos permita proponer agendas conjuntas para tejer las bases de una paz integral con justicia social y ambiental, que, además, logre poner en evidencia la falsedad en los discursos de los grupos armados sobre una supuesta lucha en representación de los intereses de la gente, porque en la práctica se comportan como enemigos del pueblo.
¡Es el momento de avanzar con coraje y convicción desde la fuerza del poder popular por el país que soñamos y merecemos!
