Para las comunidades indígenas es claro que nos están matando, al igual que lo es así para las comunidades campesinas y afrocolombianas. Son muertes que conducen al genocidio de nuestros pueblos pues están colocando como objetivo militar a nuestras autoridades, nuestra guardia indígena, nuestros símbolos, nuestra autonomía y nuestra territorialidad.
Hemos constatado en las Autoridades Neehwesx y la guardia indígena del resguardo de Tacueyo, la tristeza, el dolor en el alma, la dignidad de seguir en el lugar organizativo que la comunidad les ha dado como mandato, al relatar ante la asamblea de la comunidad la forma en que vilmente fueron masacradas las siguientes personas: la Neehwesx Cristina Bautista y los Guardias indígena kms Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto y James Wilfredo Soto; quedando heridos: la autoridad Neehwe’sx Crescencio Peteche y los Guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.
Estos hechos hacen parte de un contexto de atentados y amenazas permanentes contra autoridades y guardia indígena, no solo en el municipio de Toribio y en el Norte del Cauca sino también en las zona de Tierradentro (municipio de Páez), en Occidente (municipio de Morales), en el territorio Sat Tama Kiwe (municipio de Caldono) y, en general, contra las comunidades del CRIC y sus estructuras organizativas. A ello se agrega el ataque policivo y militar permanente a la guardia indígena y a la comunidad recuperadora de tierra en los municipios de Corinto y Caloto, por parte de la fuerza pública en pro de los intereses de los ingenios cañeros, al igual que con las recuperaciones de tierras en otras partes del departamento.
No vemos una acción seria y decidida del Estado colombiano en el sentido de cumplir con su deber constitucional de garantizar la vida de todos los colombianos y colombianas, y cada día se hace más aguda la violación de derechos fundamentales contra nuestras comunidades en su conjunto y las personas que las integramos, así como el poco avance y/o el retroceso en los Derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
El Estado colombiano incumple su deber constitucional de protección y garantía en derechos humanos para nuestros pueblos y comunidades, tanto por acción como por omisión. Por acción: por las violaciones de derechos humanos que realiza permanentemente contra la guardia indígena tanto en las mingas como contra los liberadores de la madre tierra, así como con el señalamiento, estigmatización y criminalización de nuestros procesos, por parte de sus representantes y voceros, como el Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores; igualmente hay serias razones para pensar en acciones de coordinación entre sectores de la Fuerza pública y los grupos criminales y delincuenciales. Por omisión: por el no cumplimiento del acuerdo de paz tanto en términos de reincorporación, como en términos de lucha contra los factores de violencia, o el punto de la reforma rural integral, o el de sustitución de cultivos ilícitos y el capítulo étnico; igualmente por el incumplimiento de los acuerdos con indígenas y movimientos sociales.
El Presidente de Colombia, Dr. Iván Duque, ha respondido con realización de Consejos de Seguridad, con lo cual se busca mostrar ante la opinión pública que se están dando soluciones a la problemática de violencia contra nuestras poblaciones, pero lo cierto es los resultados no se ven. Para preparar el Consejo de seguridad del 30 de octubre en Santander de Quilichao, y durante el mismo, la ministra del interior realizó una serie de aseveraciones que nos permitimos contestar críticamente ante la opinión pública (pues por decisión de nuestras autoridades no asistimos al mismo):
MINISTRA: Se debe permitir el ingreso de la Fuerza Pública a los territorios para brindar la seguridad que necesitan los indígenas. POSICION NUESTRA: Los militares tienen bases en los territorios indígenas, particularmente en las inmediaciones de donde se presentó la masacre hay una base militar; igualmente controlan las entradas y salidas al territorio; sin embargo no han garantizado la seguridad de los indígenas. No sabemos cómo entran las armas al territorio, cómo entran los insumos para los cultivos de uso ilícito, cómo salen los cargamentos con marihuana y demás productos de uso ilícito, pero es completamente visible que eso se realiza por vías municipales e intermunicipales que ante el país aparecen como controladas.
MINISTRA: “Llevamos cerca de seis meses insistiéndoles- a las autoridades indígenas- en la necesidad de trabajar de la mano entre la guardia indígena y la Fuerza Pública”. POSICION NUESTRA: La guardia indígena es un mecanismo autónomo de control territorial, se basa en la fuerza de la comunidad y en el no uso de armas, y está bajo la coordinación de las autoridades propias. En el momento en que la guardia indígena llegare a coordinar con fuerza pública pierde su carácter autónomo y su legitimidad basada en que su poder proviene de la fuerza comunitaria (nunca de las armas ni de los armados). El Estado no puede pretender convertir mecanismos de protección civiles, autónomos, no violentos, en una rueda de un engranaje militar. En Colombia el Estado por mandato constitucional tiene el monopolio de las armas y debe organizar sus estrategias y actuaciones de manera consecuente con esto.
MINISTRA. “El defensor del pueblo presentó la iniciativa de una carpa blanca, que es un mecanismo de concertación entre las autoridades indígenas y las Fuerzas Militares y de Policía; lamentablemente no se ha dado esa decisión para poder actuar conjuntamente”.
POSICION NUESTRA: Hasta donde entendemos la propuesta de carpa blanca se refiere a un espacio neutral entre entes humanitarios (Cruz Roja, Naciones Unidas, misiones humanitarias, defensoría del pueblo, autoridades indígenas y guardia) para buscar y exigir el respeto a la población que no esté armada y/o que se encuentre protegida de acuerdo con las normas del DIH. La carpa blanca no puede ser una instancia de coordinación entre la Fuerza pública y la guardia indígena, por las razones expuestas en el comentario anterior; no puede ser ese el carácter de una propuesta humanitaria, sería un contrasentido.
Nos preocupan las declaraciones del Sr. Procurador de la Nación, Fernando Carrillo, quien en inmediaciones de la realización del Consejo de Seguridad informó a RCN “Es una masacre y estamos convocando a una primera instancia de diálogos entre la Fuerza Pública y toda la guardia indígena en el Cauca”. Le decimos públicamente: Sr. Procurador una mesa en ese sentido no se puede dar, por las razones arriba expuestas. Más preocupante aún, la manera en que RCN presenta la noticia “El procurador Fernando Carrillo anunció que la próxima semana se realizará la primera instancia de diálogo entre los indígenas y la Fuerza Pública…” pues hace ver que esto es algo acordado con las comunidades indígenas, cuando ello no es cierto y además no es lo que dijo el Procurador.
Las propuestas del Gobierno nacional tienen que ver más con la búsqueda de la inmersión de las comunidades en una estrategia de guerra y no con las garantías para la vida, la justicia y la paz. Esta estrategia de guerra está correlacionada con la imposición de un modelo económico de extractivismo y despojo territorial, para el cual nuestros planes de vida, nuestra territorialidad y nuestra gobernabilidad, constituyen estorbos en su expansión.
La Consejería mayor del CRIC se permite agradecer a las organizaciones e instancias de nivel nacional e internacional que se han manifestado en solidaridad con las comunidades indígenas y las familias de las víctimas, a la vez que han reclamado al Estado colombiano para que actué de una manera cierta y eficaz para garantizar el derecho a la vida, la paz y la seguridad de las comunidades indígenas del Cauca y de Colombia; en el mismo sentido saludamos la expresión poblacional desde distintas ciudades y lugares de Colombia en “velatones”, “mingas de duelo” y acciones públicas en solidaridad y hermanamiento. Estamos dispuestos a participar y generar los niveles de coordinación social para impedir que la guerra y el despojo territorial se impongan en Colombia, y para lograr que el Estado cumpla con su deber constitucional de garantizar la paz con justicia social y equidad, acordes con la cultura de cada uno de nuestros pueblos y sistemas propios.
Recordaremos siempre las palabras de nuestra inolvidable hermana, compañera y autoridad Neehwesx de Tacueyo Cristina Bautista “a todos los defensores de derechos humanos invitarlos a que se unan a esta causa… no es una problemática solo de los pueblos indígenas, está pasando con las comunidades afro, está pasando con los campesinos; y hemos dicho, si nos quedamos callados nos matan y si hablamos también, entonces hablamos…hay un panfleto que dice que nadie ande con los símbolos de nuestras organizaciones y como movimiento indígena… ahora vamos a hacerlo y con mayor fuerza”.
CONSEJERIA MAYOR DEL CRIC. Resguardo de Tacueyo, Municipio de Toribio, Cauca, Colombia.
NOVIEMBRE1 DE 2019 (Día de la siembra espiritual de nuestros compañeros asesinados).
