“Somos constructores de caminos hacia la Paz”.

Bruselas, 17 de junio de 2011. Eurodiputados y Eurodiputadas de diversos partidos han enviado una carta a Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Política de Seguridad,  y Vicepresidenta de la Comisión Europea, en la que le manifiestan su profunda preocupación “ante la grave falta de cumplimiento al derecho de consulta previa para los pueblos indígenas de Guatemala y Colombia y los impactos que esto tiene en su supervivencia como pueblos protegidos bajo el derecho internacional”.  

  Según los 39 miembros del Parlamento Europeo, firmantes de la misiva [ver anexo], “[…] empresas transnacionales [… ] han iniciado sus operaciones en territorios de los pueblos indígenas, lo que ha resultado en situaciones graves de violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas ante autoridades nacionales y en algunos casos al sistema interamericano. En algunos casos estas inversiones se benefician del marco de tratados de libre comercio, mecanismos de desarrollo limpio y financiamientos privados de procedencia europea”.

Oidhaco, conocedor de esta carta, no puede más que respaldar todas las preguntas dirigidas a la Comisaria Ashton. “En el caso particular de Colombia, esta carta nos parece muy pertinente y agradecemos a estos europarlamentarios su preocupación por el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Vincent Vallies, portavoz de la organización con sede en Bruselas. “Como los pueblos indígenas han reiterado una y otra vez, Colombia está violando el derecho a la consulta previa en proyectos de desarrollo, de infraestructura y de explotación de recursos naturales en los territorios indígenas, consulta exigida por la normativa colombiana e internacional, cuya violación se confirma por las últimas sentencias de la Corte Constitucional de ese país”.

“La ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) ha advertido sobre el riesgo de  extinción de la mitad de los pueblos indígenas del país, y la Corte Constitucional ha alertado sobre la desaparición de al menos 35 pueblos indígenas, citando el impacto de proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios como uno de los mayores factores”, manifiesta Vallies.

Uno de estos pueblos en vía de extinción es el pueblo Embera Katío. “El dos de junio pasado, se han cumplido los 10 años del asesinato y desaparición del cuerpo de Kimy Pernía Domicó, líder indígena de ese pueblo que se opuso a la creación de una represa en el territorio de su comunidad, en la provincia de Córdoba al norte de Colombia. Aunque el jefe paramilitar Mancuso ha confesado que el ordenó la desaparición y posterior asesinato de Kimy Pernía, al día de hoy no se ha llevado a ningún responsable ante la justicia por este crimen ni por otros más de 20 asesinatos de indígenas de la misma comunidad que, como Kimy, se opusieron a este megaproyecto”.

Este caso es uno más de los centenares que han sucedido en Colombia en diversos territorios indígenas. Demuestra que la construcción de proyectos como el de esa represa conocida como central hidroeléctrica de Urrá, y su futura ampliación en Urrá II, pueden contribuir a la desaparición de una etnia física y culturalmente, al inundar sus territorios, acabar con la soberanía alimentaria de las comunidades, e impulsar posibles desplazamientos forzosos. Indemnizaciones y reparaciones de ningún modo podrán recuperar el daño causado. Una cultura extinguida y todo lo que la enriquece como sus lenguas, conocimientos y protección de la biodiversidad entre otras cosas, no se puede recuperar; es una pérdida irrecuperable para toda la humanidad.

También,  la CBC –Coordinación Belga por Colombia-, que agrupa a las organizaciones que desde Bélgica trabajan por los derechos humanos en Colombia, deja constancia que la grave situación de los pueblos indígenas no fue tomada en cuenta por la UE a la hora de rubricar el TLC. Su portavoz, Stéphane Compère, advierte: “Es inaceptable y por esto pedimos al Parlamento Europeo no ratificar el TLC tal como está concebido hoy”.  Además, pregunta a la UE ¿cómo garantiza que el TLC o las empresas europeas no contribuyan – directa o indirectamente – a ese proceso de extinción? Proceso que hoy  la UE podría ayudar a detener  con políticas de cooperación, de comercio y de Derechos Humanos coherentes con sus principios y acorde con los derechos de los pueblos.

La UE debe tener como primera prioridad el respeto a los Derechos Humanos, en este caso en particular, los derechos plasmados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, declaración que fue apoyada por la Unión Europea durante su aprobación en la Asamblea General de la ONU en el año 2007. 

Oidhaco al igual que los eurodiputados firmantes de la carta dirigida a la Comisaria Ashton, le solicita que reciba a la delegación de los pueblos indígenas de Colombia que estarán en Bruselas entre el 20 y 24 de junio, para exponer en voz propia, la situación crítica de sus comunidades. También, con el fin de visibilizar su crítica situación, esta delegación presidirá conferencias acompañadas con documentales.

Oficina Internacional de Derechos Humanos Acciòn Colombia –OIDHACO-