Hace 20 años una comunidad indígena, que llevaba cuatro en posesión de un predio en el norte del Cauca, fue masacrada durante una cita para dialogar sobre el problema de tierras.

Rafael Coicue miró con desprecio que la tierra estaba llena de sangre y que, por ella, los cuerpos de su hermano y 19 indígenas más estaban acostados como ruines troncos de árboles amontonados en hilera. Fue el 16 de diciembre de 1991 y como los indígenas llevaban cuatro años en posesión de más de 500 hectáreas de la hacienda El Nilo, en Caloto, norte del Cauca, los nuevos dueños los llamaron para dialogar sobre su presencia en el predio.

La cita fue ahí y la muerte también. Ni siquiera les permitieron explicar a los 80 indígenas que asistieron cuál era la razón de su movilización. Minutos más tarde, pasadas las 8 de la noche, la gente corría saltando alambrados, rodando abismos y gritando lo inesperado. Entonces Orlando Villa Zapata, alias Rubén, disparó junto a sus hombres y 20 nasas fueron fusilados.

Los asesinos a sueldo pensaron que ellos no iban a rezar a sus muertos, pero al otro día, cinco mil indígenas ocuparon la hacienda El Nilo y se quedaron para siempre. Veinte años después, la lista de masacres es larga, el incumplimiento de los compromisos del Estado, evidente, y la impunidad, más perversa que el fusilamiento de aquella noche.

Los actos de contrición no funcionaron. En 1991, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) firmaron un acuerdo en el que el Estado se comprometía a entregar a las víctimas de la masacre 15.663 hectáreas de tierras. Hoy, aún faltan 1.760. El 14 de mayo de 1992 en Jambaló, Cauca, la Presidencia y el CRIC hicieron un plan de desarrollo alternativo con 16 proyectos. Sólo hay dos financiados. Los indígenas se tomaron entonces la finca El Japio, de Caloto, para exigir el cumplimiento de los acuerdos, pero en medio de nuevos desalojos murió Belisario Camallo Guetoto, de 16 años. Otros 30 resultaron heridos y, para colmo, en 2001 los paramilitares de Éver Velosa, alias H.H., masacraron a varios indígenas en el alto y bajo Naya. Ese año fue la masacre de San Pedro, en Santander de Quilichao; y en 2002, la de Gualanday, en Corinto.

Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había concluido desde 1999 que el Estado colombiano es el responsable de la masacre.

Los nativos no bajaron la guardia y en 2008 se movilizaron en minga por la Vía Panamericana para exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Pero el 16 de diciembre de ese año la consejera mayor del CRIC, Aida Quilcue, se salvó de ser asesinada en un atentado en el que murió su esposo Edwin Legarda.

Este año volvieron a marchar y regresaron también las tragedias. Luis Évert Ramos, de 17 años, perdió la vida en medio de una balacera contra su comunidad en momentos en que iban a resolver un viejo litigio de tierras con los afrodescendientes en la finca San Rafael, de Buenos Aires, Cauca. Este predio fue entregado a los indígenas como parte de la reparación a las víctimas por la masacre de El Nilo, pero luego fue también entregado por el exgobernador del Cauca Juan José Chaux a los afrodescendientes.

“No se olvide de llevarme a la Villa”, le dijo Edwin Legarda a Aida Quilcue, y allá quedó sepultado. Tres años después de la muerte de su esposo, esta indígena de pura cepa pervive en el territorio de Tierradentro, con la zozobra que la violencia ha marcado en su vida desde que fue consejera mayor del CRIC.

Es uno de los rostros de las víctimas de la violencia en el Cauca. No sólo porque casi es asesinada por miembros del Ejército Nacional, que ya fueron condenados, sino porque sigue vigente en medio de la defensa de los derechos humanos y esto le ha ocasionado vivir con medidas de protección permanentes.

Como la de 1991, situaciones dramáticas siguen viviendo las comunidades indígenas del Cauca, para quienes la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) pidió medidas cautelares el 10 de noviembre de este año, con el fin de que el Estado proteja a cuatro resguardos del norte del Cauca: Tacueyó, Jambaló, Toribío y San Francisco. A pesar de ello, el pasado 5 de diciembre Luis Éver Casamachín Yule fue asesinado en la finca San Rafael. Esta semana volvieron las amenazas a la hacienda: “Ya cayó uno, faltan tres”.

Un ritual nasa y una misa recordarán mañana los 20 años exactos de esta barbarie. Hoy, en el norte del Cauca, comenzarán los homenajes póstumos y la recordación de las víctimas. Se presentará un informe de los avances y retrocesos de la reparación y se tomará un mandato de lo que harán las comunidades frente al incumplimiento del Gobierno. Todas estas actividades quieren dejar por sentado que la sangre allí regada fue como la semilla que fortaleció un movimiento indígena que sigue luchando por sus derechos.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-316616-huellas-de-masacre-del-nilo

Desde la invasión militar del Territorio Mapuche, la industria forestal ha sido la cara más nefasta de esta ocupación, que históricamente y hasta en estos días, ha recibido la resistencia de las comunidades que deben enfrentarse a la matonezca militarización del estado chileno que protege este saqueo.

Por Pais Mapuche

En noviembre se realiza en Concepción la Expocorma 2011, una feria internacional que pretende por un lado mostrar las bondades del negocio forestal y por otro, generar negocios por miles de millones de dólares al concentrar en esta ciudad la presencia de empresarios del área provenientes de todo el mundo, además de proveedores de insumos y maquinarias y de otros rubros ligados al negocio forestal.

Para los mapuche sin embargo, las empresas forestales son la cara más nefasta del sistema capitalista. Son la expresión más gráfica hoy día de la ocupación del país y territorio mapuche. Y es que estas empresas son las propietarias de las mayores extensiones de tierras en nuestro territorio. Sólo las dos más grandes, Bosques Arauco del grupo Angelini y CMPC del grupo Matte, poseen más del doble de hectáreas que todos los mapuche juntos. De esta forma, casi la totalidad de los recursos que se producen y transan en lo que se conoce como negocio forestal en Chile, son robados de nuestro territorio.

Por tanto, hablar de negocio forestal, es hablar de robo,  de reducción y receptación, es hablar del saqueo de wallmapu.

Fraude:

La propiedad forestal que hoy conocemos, tiene su origen en el traspaso que  la dictadura militar chilena hizo a Bosques Arauco y Forestal Crecex (hoy Forestal Mininco) de los predios reexpropiados a los asentamientos campesinos que se habían establecido principalmente durante el gobierno de Salvador Allende, así como de aquellos que habían sido devueltos a comunidades mapuche en esa misma época, en lo que se conoce como «reforma agraria».

La dictadura pone en marcha una contrareforma agraria y despoja a los campesinos chilenos y mapuche de los predios, los que a su vez son traspasados a estas empresas de manera casi gratuita, ya que las compraventas realizadas fueron meras formalidades, pues los precios pagados fueron irrisorios.

Muchos también fueron los ardides utilizados en buena parte de este robo de tierras, como el uso de palos blancos, es decir, terceros que adquirían la propiedad para luego y casi de inmediato, traspasarla a estas empresas.

Por otro lado, y luego de dividir la propiedad comunitaria en individual, el fraude también se realizaba a través de la compra directa de parcelas a los nuevos pequeños propietarios, tanto chilenos como mapuches, con la complicidad y apoyo directo de las distintas instituciones del Estado. Éstas llenaban de deudas y obligaciones impositivas a los pequeños propietarios, de manera de hacer imposible mantener la propiedad de sus predios y se veían en la obligación de venderlos.

Como si todo eso fuera poco, en 1974 se dicta el Decreto 701, una legislación que financia la producción forestal con recursos del Estado hasta el día de hoy. Fue mostrada como una ley para beneficiar a campesinos e incentivar la entrada al negocio forestal, pero en la práctica, fue destinado a apoyar a las grandes empresas para instalarse con mayor facilidad en el territorio mapuche.

Robo directo

Con el paso de los años y hasta hoy, se consolidó la vieja práctica de comprar tierras a una sola persona que poseía la propiedad individual – ya no comunitaria –  y con ello luego los interesados logran expulsar a toda la familia y quedarse con toda la propiedad.

No contentos con ello, a la hora de definir los deslindes y cercos, los mapuche siempre fueron perdiendo, aprovechando las maniobras que permite la legislación chilena y a punta de balas, cárcel y hasta muerte.

La «Receptación de Especies»

Así se nombra a quien compra algo que ha sido robado. Eso es lo que hacen las empresas forestales, pues no sólo la tierra sobre la que se inició la propiedad forestal es mal habida, sino también la que adquirieron después y hasta nuestros días.

La totalidad de la propiedad forestal en Wallmapu se estableció sobre tierra robada, pues la propiedad particular en Wallmapu no es legítima. Baste recordar que los estados chileno y argentino invadieron y ocuparon nuestro país sin tener más justificación que la avaricia por hacerse de las mejores tierras de nuestra patria mapuche.

No se declaró la guerra, ni se invocó ningún precepto legal, ni constitucional, de parte de ninguno de los dos estados invasores.

Ningún organismo internacional reguló la ocupación, ni nadie veló por los derechos de nuestro pueblo.

Fue por tanto. un robo a mano armada y por eso, quienes se apoderaron de nuestro territorio de esta manera, así como también quienes las adquirieron por cualquier medio, son personas e instituciones criminales.

El Robo continúa hoy día

El saqueo persiste, crece y se refuerza, pues el negocio forestal es un modelo económico extractivo a ultranzas, que no genera ninguna riqueza en las zonas donde opera, ni siquiera paga impuestos en las comunas donde explotan predios.

Sólo con ver las cifras de pobreza y calidad de vida de la población, tanto chilena como mapuche, en las provincias de Arauco y Malleco, lugares donde se alimentaron los gigantes forestales por décadas.

Las ventas del sector forestal alcanzaron casi los 5.000 millones de dólares, mil más que el 2009. Y para mediados de este 2011, ya se superaba esa cifra.

Negocio devastador y contaminante:

El impacto ambiental del negocio forestal es incalculable, pues no sólo desplaza el bosque nativo, además consume y seca las napas de agua subterránea, los esteros y toda fuente de agua. Las que logran mantenerse son contaminadas con las periódicas fumigaciones y las mismas plantaciones.

Para la vida mapuche, las plantaciones llevan a la muerte en un amplio sentido. Se mueren los remedios, no hay agua, los espacios sagrados y las fuerzas de la tierra no se respetan –  sin mencionar la pérdida del cuidado, la posesión, la soberanía del territorio – lo que genera serias consecuencias. En definitiva, se destruye el equilibrio de la vida mapuche y nos lleva a desaparecer como pueblo.

Negocio antisocial

El rubro forestal se encuentra altamente concentrado en unas pocas manos y las principales empresas que operan en Wallmapu son de propiedad de los grupos economicos más poderosos de Chile y el continente. Este sesgo se acentúa cada vez más, dada la dinámica misma del negocio altamente extractivo.

Además de los grupos Matte y Angelini, en Wallmapu también operan consorcios transnacionales, como la japonesa Mitsubishi, la norteamericana Simpson Paper y la neocelandesa Terranova, entre otras.

Madera teñida con sangre

En el conflicto que enfrenta a la nación mapuche con los ocupantes de nuestro territorio, los forestales y latifundistas chilenos han contado con todo el resguardo y apoyo del aparato estatal y varios han sido los hermanos que han sido asesinados por las fuerzas policiales que sirven de perros guardianes de estos ladrones.

Entre los casos más emblemáticos está el del peñi Alex Lemún, a quien el año 2002, un teniente de Carabineros le quitó la vida de un disparo cuando participaba de una manifestación dentro de un fundo de Bosques Arauco, donde los pinos estaban plantados a menos de cincuenta metros de la puerta de su casa.

En enero del 2008, Matías Catrileo murió de un disparo policial por la espalda, cuando junto a comunidades ingresaron al fundo de Jorge Luchsinger en la zona de Vilcún. A la familia Luchsinger el Estado chileno la trajo desde Suiza a instalarse en el corazón de Wallmapu, en una pequeña parcela, extendiendo su propiedad a través de los años con el robo de tierras a sus vecinos mapuche.

En agosto del 2010, Jaime Mendoza Collío cayó abatido por un carabinero en una manifestación de varias comunidades en el fundo San Sebastián, en la misma zona de conflicto donde antes fue asesinado Alex Lemún.

También se debe recordar a Zenen Diaz Necul, un niño de 16 años asesinado por un camionero que lo arrolló intencionalmente mientras protestaba en una barricada en el viaducto Malleco. Este crimen ni siquiera fue investigado, en tanto que en los anteriores, los asesinos han sido castigados de manera formal para luego ser premiados con ascensos o traslados.

Otros comuneros han muerto en circunstancias nunca aclaradas y otros tantos han salvado de ser asesinados, tanto por la policía, como por los paramilitares que operan al alero principalmente del negocio forestal en Wallmapu.

Es una paradoja que los mapuche seamos tildados de terroristas mientras nos matan. Resulta más llamativo aún, que nuestros asesinos nunca hayan tenido un muerto entre sus filas, es obvio entonces preguntarse de dónde viene el tan mentado terrorismo.

Por qué luchan los que están siendo asesinados

La nación mapuche es reconocida por su lucha milenaria en defensa de su territorio. Logró frenar el avance del imperio Inca, posteriormente y durante 300 años, lidió contra el imperialismo español y luego ha tenido que sufrir la invasión de Wallmapu por parte de los estados chileno y argentino. Ocupación bajo la que nunca ha dejado de luchar por recuperar sus derechos políticos conculcados y la soberanía de su territorio.

Es en este contexto en el que han muerto los mártires actuales. Es por esta misma lucha por la que han muerto, es por la misma defensa del territorio por la que han asesinado a Alex, a Jaime y a Zenen, es por luchar por territorio y soberanía mapuche, por lo que le dispararon a mansalva a Matías.

La ocupación de nuestro territorio ha sido tan rentable que no trepidan en convertirse en asesinos.

fuente:
http://www.avkinpivkemapu.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=3024&Itemid=3