Hace 20 años una comunidad indígena, que llevaba cuatro en posesión de un predio en el norte del Cauca, fue masacrada durante una cita para dialogar sobre el problema de tierras.

Rafael Coicue miró con desprecio que la tierra estaba llena de sangre y que, por ella, los cuerpos de su hermano y 19 indígenas más estaban acostados como ruines troncos de árboles amontonados en hilera. Fue el 16 de diciembre de 1991 y como los indígenas llevaban cuatro años en posesión de más de 500 hectáreas de la hacienda El Nilo, en Caloto, norte del Cauca, los nuevos dueños los llamaron para dialogar sobre su presencia en el predio.

La cita fue ahí y la muerte también. Ni siquiera les permitieron explicar a los 80 indígenas que asistieron cuál era la razón de su movilización. Minutos más tarde, pasadas las 8 de la noche, la gente corría saltando alambrados, rodando abismos y gritando lo inesperado. Entonces Orlando Villa Zapata, alias Rubén, disparó junto a sus hombres y 20 nasas fueron fusilados.

Los asesinos a sueldo pensaron que ellos no iban a rezar a sus muertos, pero al otro día, cinco mil indígenas ocuparon la hacienda El Nilo y se quedaron para siempre. Veinte años después, la lista de masacres es larga, el incumplimiento de los compromisos del Estado, evidente, y la impunidad, más perversa que el fusilamiento de aquella noche.

Los actos de contrición no funcionaron. En 1991, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) firmaron un acuerdo en el que el Estado se comprometía a entregar a las víctimas de la masacre 15.663 hectáreas de tierras. Hoy, aún faltan 1.760. El 14 de mayo de 1992 en Jambaló, Cauca, la Presidencia y el CRIC hicieron un plan de desarrollo alternativo con 16 proyectos. Sólo hay dos financiados. Los indígenas se tomaron entonces la finca El Japio, de Caloto, para exigir el cumplimiento de los acuerdos, pero en medio de nuevos desalojos murió Belisario Camallo Guetoto, de 16 años. Otros 30 resultaron heridos y, para colmo, en 2001 los paramilitares de Éver Velosa, alias H.H., masacraron a varios indígenas en el alto y bajo Naya. Ese año fue la masacre de San Pedro, en Santander de Quilichao; y en 2002, la de Gualanday, en Corinto.

Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había concluido desde 1999 que el Estado colombiano es el responsable de la masacre.

Los nativos no bajaron la guardia y en 2008 se movilizaron en minga por la Vía Panamericana para exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH. Pero el 16 de diciembre de ese año la consejera mayor del CRIC, Aida Quilcue, se salvó de ser asesinada en un atentado en el que murió su esposo Edwin Legarda.

Este año volvieron a marchar y regresaron también las tragedias. Luis Évert Ramos, de 17 años, perdió la vida en medio de una balacera contra su comunidad en momentos en que iban a resolver un viejo litigio de tierras con los afrodescendientes en la finca San Rafael, de Buenos Aires, Cauca. Este predio fue entregado a los indígenas como parte de la reparación a las víctimas por la masacre de El Nilo, pero luego fue también entregado por el exgobernador del Cauca Juan José Chaux a los afrodescendientes.

“No se olvide de llevarme a la Villa”, le dijo Edwin Legarda a Aida Quilcue, y allá quedó sepultado. Tres años después de la muerte de su esposo, esta indígena de pura cepa pervive en el territorio de Tierradentro, con la zozobra que la violencia ha marcado en su vida desde que fue consejera mayor del CRIC.

Es uno de los rostros de las víctimas de la violencia en el Cauca. No sólo porque casi es asesinada por miembros del Ejército Nacional, que ya fueron condenados, sino porque sigue vigente en medio de la defensa de los derechos humanos y esto le ha ocasionado vivir con medidas de protección permanentes.

Como la de 1991, situaciones dramáticas siguen viviendo las comunidades indígenas del Cauca, para quienes la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) pidió medidas cautelares el 10 de noviembre de este año, con el fin de que el Estado proteja a cuatro resguardos del norte del Cauca: Tacueyó, Jambaló, Toribío y San Francisco. A pesar de ello, el pasado 5 de diciembre Luis Éver Casamachín Yule fue asesinado en la finca San Rafael. Esta semana volvieron las amenazas a la hacienda: “Ya cayó uno, faltan tres”.

Un ritual nasa y una misa recordarán mañana los 20 años exactos de esta barbarie. Hoy, en el norte del Cauca, comenzarán los homenajes póstumos y la recordación de las víctimas. Se presentará un informe de los avances y retrocesos de la reparación y se tomará un mandato de lo que harán las comunidades frente al incumplimiento del Gobierno. Todas estas actividades quieren dejar por sentado que la sangre allí regada fue como la semilla que fortaleció un movimiento indígena que sigue luchando por sus derechos.

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-316616-huellas-de-masacre-del-nilo

Bogotá, 30 de mayo de 2011

Señor

Presidente Juan Manuel Santos

Ciudad

Señor Presidente:

Las organizaciones que componen la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio RECALCA[1], expresamos a usted públicamente que estamos convencidos y tenemos argumentos sobre que el TLC firmado con Estados Unidos no permite avanzar en la consolidación de la economía colombiana, dadas las asimetrías entre los dos países y porque los compromisos jurídicos adquiridos por el Estado limitan la posibilidad de aplicar políticas públicas de desarrollo y bienestar social que realicen, garanticen y protejan los derechos humanos de la población colombiana al priorizar los intereses económicos de las empresas estadounidenses.

El debate sobre este TLC no fue democrático pues no contó con garantías para los críticos ni para las comunidades afectadas. Los opositores fueron estigmatizados por el Presidente Álvaro Uribe Vélez de cuyo gobierno usted formó parte. La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, arroceros, estudiantes universitarios realizaron consultas internas en las que desaprobaron su negociación y firma. Actualmente, para facilitar su ratificación en el congreso de Estados Unidos usted se comprometió con el Presidente Barack Obama a desarrollar un Plan de Acción “para proteger los derechos laborales y sindicales reconocidos a nivel internacional, prevenir la violencia contra dirigentes sindicales, y enjuiciar a los autores de este tipo de violencia.”

A continuación presentamos las razones de nuestro desacuerdo con este Plan de Acción:

1. El plan de acción obedece a intereses empresariales foráneos. Es evidente que este TLC es útil al propósito gobierno de Estados Unidos que “está buscando una ambiciosa agenda comercial que ayude al crecimiento económico estadounidense”; y aumentar la protección de la economía estadounidense, asegurando “que nuestros socios comerciales cumplan con estándares laborales básicos y protejan los derechos laborales”. En decenas de declaraciones, exportadores y empresas estadounidenses han reafirmado que su resultado será aumentar las exportaciones hacia Colombia.

2. El plan de acción es totalmente insuficiente para desmontar la deslaboralización y flexibilización que se ha promovido durante las dos últimas décadas en Colombia. El movimiento sindical colombiano ha denunciado a lo largo de las últimas décadas el progresivo deterioro de los derechos laborales en el país, expresado en leyes como la 50 de 1990 y la 789 de 2002, que facilitaron la tercerización, redujeron los costos laborales, facilitaron el despido de trabajadores y por lo tanto, debilitaron al movimiento sindical. Esta legislación regresiva se articuló con la represión violenta y la violación de los derechos humanos de miles de dirigentes sindicales. Las medidas incluidas en el acuerdo suscrito por usted, no tienen la capacidad de revertir esta tendencia. Tampoco logrará devolver al sindicalismo ni su base social ni el acumulado político de sus dirigentes sacrificados.

3. Las medidas puntuales previstas en el Plan de Acción son indicadores de intenciones, mas no de resultados. Un compromiso serio del gobierno con la clase trabajadora implica cerrar el paso a la subcontratación y el retorno a la vinculación laboral directa de la mano de obra no sólo por parte de las empresas sino también de las entidades públicas, así como restituir los derechos de las trabajadoras y trabajadores que han sido víctimas de la subcontratación. El uso indebido de formas organizativas como las cooperativas de trabajo asociado, empresas de servicios temporales, contratos de prestación de servicios no se logra solamente con el incremento del número de inspectores del trabajo sino con el fortalecimiento de la capacidad productiva colombiana, el desmonte de la legislación que ha permitido esta práctica y la revalorización social, económica y política del aporte de la mano de obra en la construcción del presente y futuro del país y de la importancia de los derechos laborales y sindicales.

4. Los compromisos asumidos por usted, como Presidente de la República, no garantizan la superación de la impunidad de los crímenes cometidos contra los y las dirigentes sindicales ya que es imposible revertir en tan poco tiempo el efecto de la inoperancia del sistema judicial colombiano que durante las últimas décadas ha dado la espalda a la protección a los derechos humanos de quienes se atreven a oponerse a las políticas de Estado y a los intereses de empresas multinacionales.

5. Las medidas del plan de acción excluyen la necesidad de aclarar innumerables violaciones a los derechos humanos que han afectado a los pueblos indígenas y a los afrocolombianos. El desplazamiento forzado de millones de colombianas y colombianos fue declarado por la Corte Constitucional como un “estado de cosas inconstitucional” a través de los autos 005-2009, 004-2009 y 92-2008, en los que ordenó tomar medidas correctivas y preventivas al Gobierno, sin que hasta el momento se hayan cumplido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado “El prospecto de desaparición de cada uno de los 65 pueblos indígenas colombianos que se han declarado en riesgo como consecuencia de, o basado en parte fundamental en el conflicto armado, la discriminación y la falta de protección implica una serie de violaciones transversales, profundas e históricas de los derechos humanos individuales y colectivos amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

6. El Plan no replantea aspectos enormemente lesivos para derechos económicos y sociales de la población colombiana como la liberación de las importaciones agrícolas que hacen enormemente vulnerables a los campesinos en medio de una crisis mundial de alimentos y de un inclemente invierno. Tampoco replantea lo definido en materia de propiedad intelectual que beneficia a unas cuantas multinacionales que se han lucrado de la venta de medicamentos en la peor crisis del sistema de salud en Colombia y por ende restringen el acceso al derecho a la salud.

El Plan de Acción firmado por usted llama a engaño pues pareciera que con él se garantizarán los derechos laborales en el país y reemplaza por un acuerdo comercial, el marco constitucional de las obligaciones jurídicas del Estado colombiano tiene de garantía, protección, realización y promoción de los derechos humanos, en los términos establecidos por la Constitución Política. Por lo anterior, le solicitamos abstenerse de continuar el trámite para el perfeccionamiento del TLC firmado con Estados Unidos y en su lugar, cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos a través de políticas que reconozcan la legitimidad de los movimientos sociales y acojan sus propuestas y demandas.

Enrique Daza Gamba

Coordinador Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, Recalca

Firman:

Acción Campesina Colombiana. Acción Permanente por la Paz. Aprocolat – Tuluá. Asociación Censat Agua Viva. Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos, ACIA. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN. Asociación de Frijoleros del Sumapaz. Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, ADUC. Asociación Nacional de Mujeres Campesinas indígenas y negras, ANMUCIC. Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. Asociación Salud al Derecho. Asomujer y Trabajo. AVOCAR. CENOA. Central Unitaria de Trabajadores, CUT. Centro de Estudios del Trabajo, CEDETRABAJO. Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Comité de Solidaridad con Venezuela. Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán. Confederación de Pensionados de Colombia, CPC. Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Andinas, capítulo Colombia, Comuande. Coordinadora Nacional Agraria, CNA. Corambiente. Corporación Cactus. Escuela de Formación Sindical y Política Raúl Eduardo Mahecha. Fundación para la Investigación y la Cultura, FICA. Federación Colombiana de Colegios de Contadores Públicos. Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Federación de Mujeres Campesinas de Nariño, FEMUCAN. Federación Nacional de Profesores Universitarios. Fensuagro, INDEPAZ, Instituto Latinoamericano por una sociedad y un derecho alternativos, ILSA. Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios. Marcha Mundial de Mujeres –Colombia. Mesa de Unidad Agraria. Mesa de Incidencia Política de Mujeres Rurales. MENCOLDES. Organización Colombiana de Estudiantes, OCE. Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Periódico Desde Abajo. Planeta Paz. Red de Veedurías Ciudadanas. Red Internacional de Género y Comercio, punto Focal Colombia. Red Colombiana frente a la Gran Minería Trasnacional. Revista Lanzas y Letras, Sindicato de Trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SINTRABIENESTAR. Sindicato Nacional de Corteros, SINALCORTEROS. Tejido de Comunicación de la ACIN. Unidad Cafetera. Unión Nacional de Usuarios y Defensores de Servicios Públicos Domiciliarios. Coordinación de Movimientos y Organizaciones Sociales, Comosocol.