Hoy, 12 de abril de 2011, si bien la opinión pública mundial recuerda que hace una década, en el municipio de Buenos Aires, se perpetró la masacre del Naya; es poco lo que sabe sobre los acontecimientos, muchos de los cuales están precedidos de denuncias presentadas por los pobladores ante el Estado colombiano, los organismos de derechos humanos del orden internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando medidas de protección por la presencia permanente de grupos armados. Otro dato desconocido es que por esta situación la Defensoría del Pueblo expidió días antes una alerta temprana que anunciaba una posible incursión de grupos paramilitares en la zona.
En este contexto, la CIDH, el 27 de mazo del 2001, le requirió al Estado colombiano establecer medidas cautelares para proteger a la población. A pesar de ello, quince días después, 500 uniformados del bloque calima de las AUC, dirigidos por alias “H.H” cometieron una de las acciones más sangrientas del siglo XXI, la cual permanece en la más absoluta impunidad.
La masacre del Naya sucedió al final del gobierno de Andrés Pastrana, que según testimonios de las víctimas, fue presentada por los paramilitares como apoyo a la guerra anti-subversiva del Estado, siendo un acto cruel y premeditado que afectó por lo menos 15 poblados de la región, dejó más de 3 mil desplazados y un número superior de 100 asesinatos, de los cuales, al parecer, solo se han encontrado cerca de 45 cuerpos.
Los habitantes del Naya han exigido del Estado colombiano la titulación de sus tierras como mecanismo preventivo ante amenazas de nuevos desplazamientos forzados y para proteger el derecho a la existencia como pueblos indígena y afrodescendientes, lo cual han hecho a través de acciones jurídicas que buscan el reconocimiento legal de 190.000 hectáreas de tierras que alega la universidad del Cauca le pertenecen, siendo que han permanecido habitadas centenariamente por indígenas y afrosdescendientes, habiéndose comprometido el Incoder a ejercitar acciones de extinción de dominio frente a esa institución educativa, sin que se conozcan avances al respecto.
De igual forma, es sabido que el Consejo de Estado halló responsabilidad de la fuerza pública en la masacre, por omisión y falla en el servicio para evitar la incursión paramilitar, ordenando al Estado reparar a las víctimas por daños morales y alteración grave de las condiciones de existencia, así como a publicar la síntesis de ese fallo en un diario de circulación nacional.
Hoy, 12 de abril de 2011, se cumple la primera década de impunidad frente a la masacre del Naya, hoy cientos de familiares de las víctimas aún se encuentran en situación de desplazamiento forzado, hoy más de 50 personas de la región del Naya permanecen desaparecidas, hoy, con la extradición de los paramilitares, el país sigue perdiendo, en especial los familiares de las víctimas; hoy sigue perdiendo la verdad; hoy la justicia permanece postrada ante los autores intelectuales y políticos departamentales y nacionales, ante militares y empresarios, a quienes no se les ha abierto proceso jurídico alguno, a pesar de haber sido involucrados por “HH” en el juicio seguido contra el bloque calima.
Hoy 12 de abril de 2011, la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, une su voz a las comunidades indígenas y afrosdescendientes de la región del Naya, para expresar que en Colombia las estructuras del crimen permanecen intactas y que la garantía de NO REPETICIÒN de crímenes atroces está muy lejos de ser una realidad en Colombia.
Hoy el gobierno colombiano debe responder de manera efectiva y sin dilaciones por el compromiso que tiene el Estado Nacional con las comunidades indígenas y afrodescendientes víctimas de la masacre del Naya, brindándoles reparación integral, esclareciendo la verdad de los hechos y condenando de manera ejemplar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales y políticos de este repudiable crimen.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
Popayán, Abril 12 de 2011
