Para el gobierno de Santos este es un proyecto prioritario y una herramienta fundamental para poner en funcionamiento la “locomotora agrícola”.
Desde el gobierno de Uribe se viene profundizando transformaciones estructurales del campo colombiano, en cuanto a concentración de la propiedad de la tierra, y en el modelo de desarrollo rural para el campo, en donde se fomenta la llegada de grandes inversionistas que desarrollen la producción agroindustrial de monocultivos de agrocombustibles, plantaciones forestales y transgénicos, y se plantea que en el campo colombiano solo deben permanecer y producir los agricultores que sean “eficientes y competitivos”, el cual según el gobierno no es el caso de millones de pequeños agricultores, que todavía persisten en el campo, con tecnología atrasadas y obsoletas; aunque siguen siendo estos agricultores los que todavía sutentan el 70% de los alimentos que todavía se producen en el país.
La prioridad del gobierno es la “formalización de la propiedad de la tierra”, tanto en el marco de la “ley de víctimas”, mediante la devolución de tierras usurpadas en las últimas décadas y también mediante esta ley; porque los inversionistas exigen que haya seguridad jurídica en la posesión de tierras en el proceso de “modernización del campo”, es decir poder acceder a la tierra ya sea mediante estrategias como:
1. la adjudicación legal de grandes extensiones en concesión otorgadas por el Estado, a través de la eliminación de las restricciones existentes en la UAF (aprobada recientemente en el PND, 2010-2014);
2. Establecimiento de contratos que realicen entre los inversionistas con los campesinos, a través de la figura de “derecho real de superficie”; el cual de acuerdo al art. 88 del presente proyecto, consiste en “un derecho autónomo que otorga el uso, goce, disposición jurídica de la superficie del predio y hace propio lo plantado, construido o ubicado en predio ajeno”. “Se adquiere por contrato, oneroso o gratuito, mediante escritura pública…”
3. Establecimiento de alianzas asociativas entre empresarios y agricultores, para proyectos productivos como la palma aceitera, entre otros.
4. Creación “zonas de reconversión productiva”, orientadas hacia la tecnificación, intensificación, concentración de la agricultura de agroexportación y clústers para la innovación
5. Creación de incentivos fiscales, créditos, adecuación de infraestructura, en zonas de fomento a la producción agroindustrial
Es en este contexto que el gobierno presenta este nuevo proyecto, que recoge muchos de los temas que no fue posible poner en marcha en el fallido Estatuto de desarrollo rural y en la ley Forestal, tumbadas por la Corte Constitucional, también se incluye temas conexos que han quedado por fuera de las recientes normativas ambientales, de tierras y rurales, que hacen parte de la estrategia integral, para poner en marcha la “locomotora agrícola”.
Invitamos a las organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas y a los diferentes sectores sociales que trabajamos en la defensa del campo colombiano, de los territorios de comunidades locales y de la soberanía alimentaria de los pueblos, que estudiemos este proyecto de ley y realicemos acciones colectivas de incidencia, para evitar que esta norma y las demás políticas y leyes que está poniendo en marcha el actual gobierno, profundicen la crisis ambiental y socioeconómica del campo colombiano.
GRUPO SEMILLAS
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