Las (139) Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC – NACIONAL pertenecientes a 11 Pueblos: Nasa, Misak, Epedara- Siapidara, Yanakuna, Totoroez, Embera, Kokonuko, Kisgo, Ampiuille, Polindara e Ingas, denunciamos ante el gobierno nacional las irregularidades del DANE y la Agencia Nacional de Tierras en el registro de censos demográficos de las comunidades: SA`T WE`SX del Territorio Indígena y Resguardo Páez de Corinto, Cauca, la comunidad indígena del resguardo Escopetera Pirza de Rio Sucio, Caldas y cerca de 526 comunidades indígenas de Colombia que se encuentran en la misma situación, y que constituye una grave vulneración de derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Desde el gobierno de Juan Manuel Santos en 2018, las comunidades han enfrentado el desconocimiento injusto por parte del DANE, que excluyó al 94% de la población indígena del territorio de Corinto del censo nacional, esta misma situación la padecen 526 comunidades indígenas del País.
Este acto tiene consecuencias graves, como el debilitamiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas, la disminución de recursos públicos para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades indígenas afectadas, la exclusión en programas sociales y dificultades para la situación militar y el acceso a la educación universitaria de los jóvenes y el acceso a la tierra para la conformación y constitución de Resguardos Indígenas por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Se está configurando una vulneración del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas consagrado en Convenio 169 de la OIT firmado y ratificado por Colombia. Los pueblos indígenas tenemos derecho a determinar nuestras propias prioridades en lo que respecta al proceso de desarrollo, así como a participar en la toma de decisiones que nos afecten. El Estado de Colombia debe respetar nuestras instituciones y prácticas tradicionales y culturales. En este sentido nuestro censo comunitario, registrado ante el Ministerio del Interior es el que debe ser tenido en cuenta por el Estado de Colombia para la implementación de las políticas públicas en garantía de nuestros derechos fundamentales.
A lo largo de cinco años, las autoridades tradicionales indígenas han buscado soluciones a través de mesas técnicas y políticas, pero la situación persiste y el error del DANE no ha sido subsanado. Se ha acudido a la administración de justicia sin que a la fecha se hayan restablecido los derechos fundamentales de las comunidades.
La solución inmediata es considerar los censos de población que registra los pueblos indígenas en el marco de su autonomía política ante el Ministerio del interior, apelando a la figura de excepción de inconstitucionalidad, en tanto se hacen las revisiones correspondientes, las correcciones y las modificaciones jurídicas que haya lugar que constituyan una política de estadística especial que respete los derechos de autodeterminación de los pueblos indígenas reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en la constitución política.
Actualmente, nueve personas, entre autoridades y guardias indígenas, están en huelga de hambre frente a las oficinas del DANE en Bogotá para persuadir a la entidad de corregir sus estadísticas y llamar la atención del gobierno nacional.
Exigimos al gobierno nacional la corrección inmediata de los censos poblacionales indígenas de conformidad con los derechos fundamentales indígenas y solicitamos a los pueblos indígenas de Colombia y a todas las organizaciones defensoras de Derechos Humanos vigilar la situación de la delegación en Bogotá. Exigimos una pronta solución a esta problemática.
NO MAS ETNOCIDIOS ESTADÍSTICOS
