Frente a la condición actual de violación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia y el peligro inminente de su extinción física y cultural, DENUNCIAMOS QUE:
Dentro del conflicto armado interno colombiano, los territorios indígenas siguen siendo el principal escenario de confrontación en las operaciones de guerra interna que vive el país; una guerra que no mengua pero que muta de acuerdo a los nuevos intereses de sus actores directos, es por esto que los Pueblos Indígenas son las víctimas reales y potenciales de las consecuencias de ella. Las violaciones a los Derechos Humanos – DDHH y al Derecho Internacional Humanitario – DIH cometidas contra los Pueblos Indígenas han sido principalmente: el desarraigo forzado, el desconocimiento de su autonomía, su sistema de gobierno e instituciones propias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, secuestro, abusos y violaciones sexuales a las mujeres, confinamiento, señalamientos y amenazas tanto colectivas como individuales, presión para que hagan parte de las filas de uno u otro actorarmado, legal o ilegal.
Los territorios indígenas vienen padeciendo mayor presión por los diferentes actores armados y se avecina nuevamente el despojo territorial. Después de la época de la colonia una nueva conquista invade los territorios de los pueblos indígenas, con intereses y decisiones ajenos a sus necesidades y sobre los cuales no pueden influir. Desde allí, y con fines económicos de búsqueda de rentabilidad, se arrasa el bosque, la cultura y la vida de los Pueblos Indígenas para dar paso a las concesiones mineras, exploraciones acompañadas por el Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional o simplemente quieren tener los territorios indígenas para sus proyectos militares1.
Tal y como describe el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en su informe de
2009, los Pueblos Indígenas en Colombia viven:
“…situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado, y advierte a las autoridades concernidas con deber de protección para que se coordine y brinde una atención oportuna e integral a las comunidades afectadas”
“…la persistencia de esta situación de impunidad configura un patrón inaceptable, que pone en grave riesgo la supervivencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”.
Por ello, SOLICITAMOS:
– Al Estado colombiano, la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la OIT y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
· La reglamentación adecuada conforme a los términos del Convenio 169 de un proceso de Consulta Previa que garantice una real y efectiva participación de los Pueblos Indígenas; así como al poder decisorio legitimo de estos frente a cualquier decisión que el Estado tome con miras a afectar los Pueblos Indígenas.
· La declaración de nulidad de todas las concesiones, contratos y convenios suscritos por el Estado colombiano con las multinacionales y grandes empresas explotadoras de recursos naturales, que no hayan sido sometidos a un debido proceso de Consulta Previa en los términos anteriormente descritos.
– La garantía y el respeto por parte del Estado a las normas del Derechos Internacional Humanitario – DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos – DDHH; en particular, aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, entre ellos comprendemos:
· Desminado de los territorios indígenas.
· La no realización de operaciones militares en territorios indígenas.
· No presencia de actores armados en territorio indígena.
· El no involucramiento de población indígena, los cuales son utilizados como
· guías, cargadores, informantes, entre otros.
· La no restricción de entrada de alimentos y medicamentos, fundamentales para
· las comunidades en sus territorios; así como el derecho a la movilidad sin
· restricciones de los indígenas dentro de sus territorios.
· El no reclutamiento de indígenas en las filas del Ejército Nacional.
– El cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
– El cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas.
– Al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta
Declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento para que garanticen la integridad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Donostia-San Sebastián, 11 de marzo de 2011
LA DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN, DDHH E IGUALDAD
