Quien ha vivido de cerca este conflicto propone cómo resolverlo en serio: reconocer la legitimidad de las autoridades indígenas y trabajar con las comunidades en vez de hacerlo al margen de ellas.
Ganar la paz, no la guerraCarezco de los conocimientos militares necesarios para opinar sobre cómo ganar ninguna guerra, y en particular ésta que se viene librando desde hace muchas décadas en el departamento del Cauca, con intensidad y características variables. Sin embargo la mera observación de los hechos me permite entender que así no se gana. Peor aún, entender que esta guerra se está agudizando y degradando cada día, con graves perjuicios directos para las comunidades de la zona, e indirectos para el resto del Cauca y de Colombia.
Me atrevo, en cambio, a proponer algunas ideas sobre cómo se podría ganar la paz en el Cauca.
Lo hago sobre la base de experiencias vividas en este departamento que le suma a su enorme biodiversidad climática, ecológica, étnica y cultural, la diversidad de conflictos que han marcado su historia turbulenta y que hoy se siguen expresando. Conflictos que, dicho sea de paso, han surgido en gran medida de la incapacidad que ha existido en el Cauca para aprovechar al máximo esa biodiversidad compleja y múltiple, en lugar de considerarla como un inconveniente y un obstáculo.
Una guerra ajena
Uno de los peores problemas que ha debido afrontar el departamento ha sido que desde afuera — desde donde se toman las grandes decisiones nacionales — su realidad se suele interpretar a partir de generalizaciones anquilosadas y de estereotipos convencionales, que si bien satisfacen los discursos preconcebidos de la izquierda o de la derecha sobre lo que aquí ocurre y sobre quiénes son los culpables, no permiten impulsar las soluciones adecuadas.
En el Cauca han existido desde siglos atrás múltiples exclusiones e inequidades — que se proyectan hasta hoy bajo modalidades “actualizadas” — a partir de las cuales es posible elaborar un marco explicativo de muchos conflictos.
Tal vez una diferencia estructural entre la expresión actual de la guerra y otros conflictos anteriores radica en que en este caso los actores del conflicto armado no son caucanos:
Las FARC están muy lejos de representar los intereses de las clases populares, sobre lo cual las comunidades indígenas se están expresando claramente en el Cauca; Tampoco se puede afirmar que en este momento específico las fuerzas del Estado estén defendiendo intereses particulares y exclusivos de una clase local, como sí ha ocurrido, por ejemplo, cuando se acudió a las fuerzas del Estado para desalojar finca ocupadas. No: el conflicto en este caso es por el dominio de un territorioestratégicamente localizado en el mapa colombiano. Las comunidades de los municipios directamente afectados — al igual que la mayoría de las comunidades urbanas y rurales del Cauca — no son protagonistas en este momento de la guerra.
Todo lo contrario: son damnificados. La lucha de las comunidades indígenas es precisamente por no ser “actores del conflicto” y por no quedar atrapadas en medio de una guerra que las perjudica de manera tan grave.
La inversión de 500 mil millones de pesos que el gobierno nacional ha anunciado para el Cauca es bienvenida, importante y necesaria. Pero hoy la causa inmediata de la guerra no son las necesidades básicas insatisfechas de la población, sino la disputa por el control territorial que pretenden ejercer grupos armados ilegales y posiblemente otros intereses que se benefician indirectamente del traumatismo generado por los ataques guerrilleros.
Las autoridades indígenas son Estado
Para que aquella inversión millonaria cumpla los objetivos deseados debe enfocarse en el marco de una comprensión más amplia y precisa del problema en sí y del Cauca mismo. Seguramente en otras regiones de Colombia — con otras características étnicas y culturales y con procesos históricos diferentes — la mera inversión en infraestructura y en proyectos productivos podría ser suficiente, pero no ocurre así en los territorios indígenas del Cauca y en sus zonas aledañas.
El Estado nacional tiene que empezar por reconocer de veras la legitimidad de las autoridades indígenas tradicionales, tal y como lo consagran la Constitución y las leyes. Los cabildos indígenas están constitucionalmente reconocidos como Estado en los territorios respectivos.
Me niego a aceptar el argumento de que las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS) no tienen vigencia mientras no sean reglamentadas en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues equivaldría a aceptar que una norma constitucional sólo comienza a regir cuando sea reglamentada. ¿Está reglamentado el derecho a la vida? Y si no, ¿no está vigente? No es válido tampoco el argumento de que los territorios indígenas no pueden ser “repúblicas independientes” ni es esa la pretensión de las organizaciones étnicas, como de manera muy expresa lo han manifestado sus líderes.
Cuando la Constitución consagró la existencia de ETIS no fue para establecer repúblicas independientes, sino para ser coherente con el reconocimiento de que Colombia es una nación multicultural ypluriétnica. En los municipios indígenas del Cauca se ha demostrado que es posible que las autoridades “civiles” (alcaldes, concejos municipales) trabajen en sintonía con las autoridades tradicionales.
Que la guardia indígena ejerza el control del orden público en el interior de sus territorios ancestrales no quiere decir ni que el Estado renuncie a su soberanía (recordemos que las autoridades tradicionales son Estado) ni que las Fuerzas Militares y de Policía se queden sin funciones, pues su responsabilidad más importante sería vigilar la periferia de los territorios indígenas e impedir el acceso a los mismos de actores armados ilegales, el comercio de armas o el transporte de drogas de uso ilícito y de insumo para procesarlas.
Los territorios indígenas caucanos no son “santuarios” ni de la guerrilla ni del narcotráfico, lo cual no excluye la posibilidad de que algunos indígenas se hayan unido a grupos armados ilegales de cualquier tendencia o de que otros estén vinculados con redes de narcotraficantes.
Pero si el propio jefe de la protección presidencial durante la “Seguridad Democrática” aparentemente resultó ser una ficha clave del narcotráfico internacional, no hay que aterrarse de que algunos indígenas hayan caído en la – esa sí maldita – tentación del negocio de las drogas ilícitas.
Trabajar con las comunidades
La única manera de evitar que eso suceda es precisamente avalando y fortaleciendo la legitimidad y la capacidad efectiva de gobierno de las autoridades tradicionales y la eficacia de una justicia indígena muy cuidadosamente aplicada.
No olvidemos que líderes indígenas caucanos fueron los primeros en rechazar de manera contundente el abuso de la justicia indígena que intentó cometer el expersonero de Bogotá en meses pasados, acusado de faltas que no tenían nada que ver con su condición étnica.
Así como las organizaciones indígenas deben hacerse responsables de expulsar de sus territorios a los grupos armados ilegales y a las redes del narcotráfico, el gobierno debe garantizar que esos territorios no sean amenazados por megaproyectos mineros, ni energéticos, ni de ninguna otra índole. Es necesario disipar cualquier duda en el sentido de que se intenta desalojar a las comunidades nativas de algunas zonas del territorio caucano porque detrás existen títulos mineros en espera de ser explotados.
Las autoridades de todo nivel, incluyendo las tradicionales, deben asumir como un propósito prioritario impedir que se produzcan conflictos entre comunidades étnicas o entre estas y comunidades campesinas o urbanas. Por falta de delicadeza y de cuidado por parte de algunas instituciones estatales, se han registrado enfrentamientos muchas veces violentos entre indígenas y campesinos o entre estos y comunidades negras.
Más bien el Estado debería propiciar las condiciones para que otras comunidades del país y del Cauca, incluyendo comunidades mestizas y urbanas, lograran desarrollar tejido social capaz de llevar a cabo procesos de resistencia civil desarmada y organizada con la misma eficacia con que lo hace la comunidad Nasa del Cauca.
Los recursos que el Gobierno ha anunciado para el Cauca deben servir para apoyar procesos de organización y de desarrollo endógenodefinidos, liderados y protagonizados por las comunidades urbanas y rurales, que reciban un apoyo integral del Estado y no al contrario, a las cuales ojalá se vinculen también la cooperación internacional y el sector privado.
En últimas, el ideal de una república participativa, tal como define la Constitución a Colombia, no consiste en que las comunidades participen en los programas del Estado, sino en que el Estado esté dispuesto y en capacidad de participar en los programas -y en este caso en los “planes de vida”- de las comunidades. Ese ideal no es válido solamente para las comunidades indígenas sino para todo el territorio colombiano.
En el Cauca, al igual que en otras regiones de Colombia, no solamente hay en marcha procesos concretos de los cuales se pueden derivar las claves para ganar la paz, sino también para saber qué es y cómo se alcanza el desarrollo verdaderamente sostenible y endógeno.
Especialista en gestión del riesgo y gestión ambiental, «ex alumno del terremoto de Popayán (1983) y el de Tierradentro (1994), con un postgrado en el del Eje Cafetero (1999)». Fue director del SENA del Cauca, de la Corporación Ecofondo y de la Corporación NASA KIWE, autor de más de 20 libros y consultor nacional e internacional sobre la materia.
Gustavo Wilches-Chaux*
Domingo, 15 de Julio de 2012 21:32
