Bogotá, 21 de abril de 2015
Estoy muy complacida de haber llevado a cabo esta visita a Colombia, un país que ya había visitado en desarrollo de mis diferentes funciones. Esta vez, como Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no sólo permanecí en Bogotá sino que también tuve la oportunidad de visitar los departamentos de Putumayo y Cauca. Me reuní con las autoridades civiles y militares – varios Ministros, el Alto Consejero para los Derechos Humanos, el Vicefiscal, el Defensor del Pueblo, y otras autoridades.
También me reuní con representantes de la sociedad civil y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre quienes estaban varias de las personas que trabajaron duro para tener la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. Además dialogué con integrantes de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, con organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, afrodescendientes y organizaciones campesinas.
A todos mis interlocutores les expreso mi gratitud.
Varios miembros del Gobierno me informaron sobre los avances en la proteccion y el respeto por los derechos humanos en el país. En este sentido, quiero reconocer los esfuerzos del Gobierno, en particular, por su búsqueda de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto armado.
El camino hacia la paz es complejo y rara vez lineal. El proceso de paz puede moverse muy rápido o puede detenerse e ir lentamente. Sobre todo, es importante entender que está lleno de obstáculos. Y a pesar de los contratiempos, es importante que Colombia, su población, mantenga su mente y energía en el objetivo final sin desviarse de él.
Soy consciente de que no todos están convencidos de que la paz es la mejor opción para Colombia, sin embargo, para nosotros está claro que la paz es la mejor y la única opción.
Este proceso ofrece una oportunidad única al país para transformarse en una sociedad donde todo el mundo disfrute de sus derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación, donde todas y todos disfruten del beneficio de un desarrollo económico. Por esta razón insto a todas las partes a continuar moviéndose sin descanso hacia el fin del conflicto y a crear las condiciones para lograr esta transformación.
Soy consciente de los enormes retos que existen. Sin embargo, estoy convencida de que con la participación de todos los sectores de la sociedad, es posible un mejor futuro para esta y las próximas generaciones.
Tanto en Bogotá como en Putumayo y Cauca, escuché el testimonio de numerosas y diversas personas que reclaman sus derechos, y en particular pude entender la situación que vive la «Otra Colombia», la que difícilmente se ve en las grandes ciudades, en la que están los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos, en la que están arraigadas la guerra, el despojo, y el desplazamiento forzado.
En Putumayo y Cauca escuché a las mujeres, a los indígenas, a los campesinos y a los afrodescendientes que exigen que se respeten y protejan sus derechos, que el Estado los escuche y cumpla con sus obligaciones para garantizar que los tendrán en cuenta en la discusión sobre el desarrollo que requiere el país y el uso de sus tierras.
He escuchado a las personas hablar sobre sus miedos porque sus tierras y el medio ambiente se enfrentan al avance desenfrenado del sector extractivo – tanto por parte de personas en la legalidad como en la ilegalidad-.
He escuchado a las víctimas del conflicto que nos hablan sobre sus necesidades, y también nos cuentan una historia impresionante de valor, de resiliencia y de supervivencia.
Debo decir que también he escuchado a los representantes del Estado y su voluntad de escuchar y encontrar soluciones conjuntas en una situación tan compleja y difícil, con pocos medios y recursos, por eso insto al Gobierno central a aumentarlos. Las mesas regionales, en las que somos garantes junto con el Defensor del Pueblo y la Iglesia, deberán ser los foros en los que la paz se construya en conjunto y las seguiremos apoyando.
Las mujeres son un pilar fundamental de la paz, y han sido las más afectadas por el conflicto armado. En consideración a esto, y además porque representan a la mitad de la población, es prioritario incluirlas en las decisiones que se tomen y escuchar y adoptar sus posiciones frente a la paz, al desarrollo del país y a las políticas públicas en materia de derechos humanos.
Tres grupos que han sido desproporcionadamente afectados por el conflicto son los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades de afro-colombianos. Sus historias relatan el sufrimiento y las vejaciones a las que han sido sometidos, no solo por el conflicto, sino por un sistema que los ha discriminado y atropellado históricamente.
Quiero hacer un llamado al Estado a que preste mayor atención a los derechos de estas comunidades – derechos que son básicos y que disfrutan quienes viven en los lugares más ricos de este país, como el agua, la educación y la salud-.
En la Colombia moderna no puede ni debe haber niños indígenas o afrodescendientes que mueran por enfermedades perfectamente prevenibles, porque el agua que toman está contaminada con desechos tóxicos vertidos en sus ríos por la minería sin control. Estas comunidades y pueblos son los guardianes de la tierra, la riqueza cultural de Colombia. Son ellos los que garantizaran que el medio ambiente sea preservado – y por eso deben ser consultados sobre la utilización del territorio-. El Estado y las empresas tienen la obligación de asegurar que se les consulte con vistas a obtener su consentimiento previo, libre e informado ante todo proyecto en sus territorios y susceptible de afectarlos.
Es justamente la utilización del territorio, la necesidad de consulta, lo que ha llevado a varios conflictos sociales en estos últimos años, muchos de los cuales han resultado en violencias. En este sentido, saludo las iniciativas de diálogo que están llevándose a cabo en el país. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos participa en 46 mesas de diálogo en las cuales presta sus buenos oficios como garante y facilitador de los procesos de negociación entre el Estado y la sociedad civil. Deseo resaltar la importancia de este mecanismo único para la concertación de una manera que está permitiendo a las partes comprender las necesidades y perspectivas de los demás. Pero también quiero destacar que esto ha creado serias expectativas por parte de la sociedad civil – y la aplicación de los acuerdos alcanzados es primordial para lograr la paz social.
En ambos lugares, también pude ver de primera mano, la alta vulnerabilidad en que se encuentran las defensoras y los defensores de derechos humanos, quienes continúan recibiendo amenazas de muerte, y ataques en distintas zonas de Colombia. Defender los derechos humanos es un derecho y también una obligación – y en este sentido, quiero recalcar la responsabilidad directa del Estado de crear un clima de protección y en el que estos terribles hechos se vuelvan inaceptables.
La mejor forma de asegurarlo es a través de la investigación, el juzgamiento y la condena de aquellos que amenazan y atacan a los defensores y defensoras de derechos humanos, con el fin de enviar un mensaje inequívoco de que estos hechos no son tolerados por ningún colombiano.
También tuve la oportunidad de discutir con diferentes autoridades los avances con respecto a la investigación de las ejecuciones ejecuciones extrajudiciales que fueron llevadas a cabo con el objetivo de aumentar las estadísticas de muertes en combate, lo que se llamó «falsos positivos».
Nuevamente, insto al Ministerio de Defensa para que la institucionalidad apoye la investigación, juzgamiento y sanción de estos crímenes que cobraron la vida de miles de personas en la década pasada. Tomando nota de los progresos realizados, insto a la Fiscalía General de la Nación a que redoble sus esfuerzos en la investigación de estos crímenes y a que asegure que los responsables, tanto directos como quiénes dieron las órdenes, respondan ante la justicia.
Romper la impunidad frente a los llamados “falsos positivos” llevará a que se reconozcan los derechos de las víctimas y a que estas actuaciones no vuelvan a repetirse en ningún lugar de Colombia.
Con respecto a las propuestas de reformas al fuero militar que se están discutiendo en el Congreso de la Republica en este momento, quiero insistir en la necesidad de que Colombia se ponga en línea con los estándares internacionales que buscan el respeto de los derechos humanos y la legitimidad del uso de la fuerza.
Durante el conflicto armado se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario que han producido 7 millones de víctimas. Por eso al saludar la decisión de ambas partes de incluir a las víctimas en el proceso de paz y de invitarlas a la mesa de negociaciones, debo recalcar que estas violaciones deben ser juzgadas y castigadas, indiferentemente de quien las hayan cometido.
Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta la magnitud del conflicto, existen mecanismos especiales de lo que se llama justicia transicional. Estos mecanismos pueden ayudar a asegurar integralmente no solo justicia, sino verdad, reparación y garantías de no repetición.
Hay una necesidad contundente de que Colombia desarrolle medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado. Todos deben conocer lo que ha ocurrido en Colombia, y asegurar que estas horribles violaciones no se repitan nunca más.
Saludo los esfuerzos del Gobierno con relación a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Al mismo tiempo, deseo insistir en que es necesario contar con más y mejores mecanismos de cooperación y coordinación entre todas las instituciones del Estado con el fin de hacer efectivos los derechos humanos, y sobre todo evitar la repetición de las violaciones. En particular la no-repetición implica también planes efectivos para la desmovilización, desarme y reintegración de combatientes.
Llamo también al Gobierno a dar una especial atención a la desvinculación y reintegración de los niños y niñas, preferiblemente a través de un plan de acción para hacer frente a las graves violaciones cometidas contra ellos.
Me voy de Colombia muy alentada por el hecho de que el Gobierno, y sus interlocutores, hicieron énfasis en los buenos oficios y la cooperación que presta la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto en el plano nacional como regional.
Quiero reiterar y recalcar el compromiso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para continuar apoyando a Colombia, en este importante camino de construcción de la paz y el desarrollo sostenible del país basado en el disfrute de los derechos humanos.
Ciertamente, la comunidad internacional en su conjunto tiene una gran responsabilidad para acompañar este proceso, y estoy muy contenta de haber escuchado del compromiso de muchas partes para hacerlo. Hoy invito a la comunidad internacional a seguir asistiendo al país en temas de promoción y protección de los derechos humanos, con el fin de lograr una paz sostenible y duradera.
Por último, deseo señalar que me voy con una fuerte sentido de optimismo porque el país está tomando esta oportunidad para emprender el camino hacia la paz y construir juntos un futuro mejor para las generaciones venideras. Gracias
Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
